La FECI se opone a que la representación del Estado tenga acceso al expediente y señala que la admisión de un querellante adhesivo es una decisión anticipada debido a que la “PGN está intentando ejercer derechos sobre víctimas que de momento no han sido individualizadas”.
Por Prensa Comunitaria
La Corte de Constitucionalidad (CC) rechazó una apelación de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI), de Rafael Curruchiche, que buscaba reactivar un amparo contra la resolución del Juzgado Especializado en Delitos de Trata de Personas que aceptó la participación de la Procuraduría General de la Nación (PGN) como querellante provisional para que vele por el interés superior del niño, niña o adolescente, que figura en ese expediente abierto contra la organización estadounidense Save The Children.
La oenegé, con presencia en Guatemala desde 1976, trabaja junto al gobierno para dar asistencia humanitaria a los niñas, niñas y familias más vulnerables en el país.
Sin embargo, la FECI se opone y señala que la admisión de un querellante adhesivo de forma provisional se considera una decisión anticipada, debido a que la PGN está intentando ejercer derechos sobre “víctimas que de momento no han sido individualizadas por lo prematuro del caso”. Es decir, la fiscalía considera que no se le puede aceptar en ese expediente porque aún no han identificado a las supuestas víctimas.
Para la CC no era posible analizar la petición de la FECI, porque no planteó la acción legal que correspondía. Es decir, no era un amparo sino una “excepción de falta de acción”. Fue por esa razón que rechazó la apelación presentada y confirmó el fallo de la Sala.
“Debe respaldarse la decisión del tribunal de primer grado en cuanto a suspender en definitiva el trámite de la acción constitucional de marras, pues el acto reclamado es producto de una impugnación no idónea, dado que, tal y como quedó establecido en párrafos precedentes, la vía idónea para cuestionar la admisión del querellante adhesivo es por medio de la falta de acción, cuya decisión puede ser cuestionada posteriormente por medio del recurso de apelación, lo cual denota la improcedencia de promover reposición en el caso que se analiza”, concluye.
Un caso bajo “reserva judicial”
Hasta ahora los detalles de esa investigación, a cargo de la FECI, se desconocen por la reserva del expediente judicial. Lo único que ha informado el Ministerio Público (MP) han sido diligencias de allanamiento que se han ejecutado en la oenegé Save The Children.
El 7 de octubre, la FECI allanó cinco sedes regionales de Save the Children, por una investigación sobre supuestos abusos a menores. Esa diligencia se realizó seis meses después de que se registrara su oficina en la ciudad capital.
Los allanamientos fueron dirigidos por el fiscal Rafael Curruchiche, quien señaló que la investigación se inició por una denuncia y se solicitó “apoyo” a la fiscalía de Texas, EE. UU.
“Se llevaron a cabo cinco diligencias de allanamiento en distintos puntos del país en seguimiento a la investigación de carácter transnacional de gran trascendencia relacionada a posibles vulneraciones y abusos en contra de la niñez guatemalteca”, dijo el fiscal.
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Licenciado Rafael Curruchiche, Fiscal de Sección de la Fiscalía Especial contra la Impunidad, brinda detalles de las diligencias de allanamiento que se desarrollan en seguimiento a la investigación de carácter transnacional relacionada a… pic.twitter.com/sS7cOunnGj— MP de Guatemala (@MPguatemala) October 7, 2024
En abril, la organización Save the Children emitió un comunicado para manifestar su postura luego de los allanamientos en su sede en la capital. En el pronunciamiento indicó que “es la organización líder en la defensa de los derechos de los niños, niñas y adolescentes en el mundo”.
“Nos ha impactado y desconcertado el registro sin precedentes de nuestras oficinas por parte del Ministerio Público de Guatemala. No se nos dio a conocer ninguna acusación específica, y no hay evidencias que respalden ninguna acusación de conducta indebida”, informó.
