La Corte de Constitucionalidad revocó la resolución del juez Orellana, que había resuelto a favor de militares acusados de sustraer Q23 millones de la Industria Militar.
Por Alexander Valdéz
Un nuevo fallo judicial, esta vez emitido por la Corte de Constitucionalidad (CC), evidenció una resolución del juez séptimo Fredy Orellana, para beneficiar a militares acusados de corrupción en la investigación conocida como “Industria Militar”.
Orellana, sancionado por corrupción en Estados Unidos, Canadá y países de Europa, resolvió a favor de José Alfredo Cotzojay Chajón, Jorge Arturo Vega Chávez, Byron Manuel Santos Galindo y Rolando Enrique Hernández González, otorgándoles la falta de mérito por el delito de lavado de dinero, pese a la evidencia fiscal.
El exfiscal de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI), Rudy Herrera, en ese entonces a cargo de la investigación, se opuso a la decisión de Orellana y la Sala Tercera de Apelaciones, hasta que el caso llegó a la CC. En ese momento expuso que el Ministerio Público (MP) demostró mediante un informe financiero el origen ilícito de los fondos y la trazabilidad del dinero, mostrando que lo resuelto por el juez carecía de congruencia.
Casi siete años después, la CC da la razón al exfiscal, actualmente en el exilio, ordenando dejar sin efecto la decisión inicial del juez Orellana y que los acusados sean procesados también por lavado. A su criterio, el juez no tomó en cuenta los elementos de investigación presentados durante la audiencia de primera declaración.
“Queda denotado en las transcripciones que el ente fiscal adujo que se realizaron “transacciones financieras” y “transferencias”, elementos también constitutivos del tipo penal relacionado, por lo que los hechos cuestionados debieron no solo ponderar el origen ilícito del dinero, sino si la transferencia o transacciones financieras realizadas eran producto o procedieran de la comisión de actos ilícitos, que en el presente caso, presumiblemente sean la suscripción anómala de contratos administrativos con empresas mercantiles proveedoras y/o el factible incremento de los precios de los productos provistos a la industria militar”, resuelve la CC.
Los acusados:
- General Jorge Arturo Vega Chávez, militar retirado
- Coronel José Alfredo Cotzojay Chajón, militar retirado
- Byron Manuel Santos Galindo, militar retirado
- Rolando Enrique Hernández González, asesor de procesos de Seguridad en la Gerencia de Seguridad Integral de Puerto Quetzal
Corrupción en la Industria Militar
En este caso, develado por FECI y Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), se estableció que un grupo de militares participaron en la presunta sustracción de fondos de la Industria Militar, y recibieron mediante cheques y otros pagos al menos Q1,827,765.67 por comisiones en la adjudicación de contratos a favor de los empresarios, quienes sentenciados por la vía de procedimiento abreviado, en 2018.
A Vega Chávez, Cotzojay Chajón, Santos Galindo, Mejía Girón y Hernández González, se les sindicó de sustraer Q23,402,238.00 de la Industria Militar entre el 2008 al 2011.
Se evidenció que la cantidad de dinero fue pagada a través de varios cheques de la Industria Militar por ventas realizadas, en su gran mayoría, en instituciones públicas del Estado guatemalteco, entre ellas la Policía Nacional Civil, Consejo Nacional de Áreas Protegidas y Secretaría de Asuntos Administrativos de Seguridad.
En septiembre de 2010, la Auditoría Militar de Cuentas emitió un informe con hallazgos sobre el contrato de comisiones por ventas, suscrito entre la Industria Militar y el Mayor Rolando Enrique Hernández González, que fueron reportados al entonces ministro Abraham Valenzuela.
En 2011, la jefatura de la Industria Militar intentó desvanecer los hallazgos del informe de la Auditoría Militar de Cuentas, pero “se perdió”.
Como en otras investigaciones sobre corrupción, con la destitución y persecución de los fiscales que tuvieron el expediente, este proceso no tuvo avances. Es hasta ahora que se conoce nuevamente de novedades en ese caso.
Fiscal fue criminalizado y salió al exilio
El caso Industria Militar estuvo a cargo de Rudy Herrera, un fiscal de carrera y reconocido por haber estado al frente de las investigaciones por manipulación de Cortes en 2014 y 2020. Expedientes que provocaron que fuera criminalizado y actualmente esté en el exilio.
Herrera, ya no labora en el MP, y tiene una orden de captura vigente. Consuelo Porras lo persigue por una denuncia del abogado Denis Herrera, acusado de corrupción pero beneficiado por el sistema de justicia junto a Mynor Moto.
…llegó a su cargo con la misión de “garantizar impunidad a las redes criminales que, en teoría, debería investigar”.
En el comunicado indicó que tuvo que salir del país junto a su familia “para evitar ser víctima de una injusta persecución…”
Lea el comunicado completo. pic.twitter.com/xVNTfEJeXp
— Prensa Comunitaria Km169 (@PrensaComunitar) February 17, 2022
Otro antecedente de Orellana
Esta no es la primera vez que al juez Orellana se le revoca una resolución a favor de militares. En abril de 2023, una Sala aceptó una apelación presentada por la Fiscalía contra la Narcoactividad y detuvo la resolución del juez séptimo penal, quien había beneficiado al militar Walter Vinicio Contreras Munguía, acusado de ser parte de una organización criminal dedicada al narcotráfico.
El recurso legal de la fiscalía fue analizado por los magistrados de la Sala, que determinaron que persistía el peligro de que la investigación fuera obstaculizada, algo que no fue tomado en cuenta por el juez al momento de conceder las medidas sustitutivas al militar.
Orellana es el juez que tiene a cargo del caso del Movimiento Semilla y mantiene en prisión a Ligia Hernández. Además, ha conocido casos de criminalización contra jueces, fiscales y periodistas.
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