El Ministerio Público (MP) busca que el exregistrador de ciudadanos del TSE y magistrado de Sala electo enfrente proceso penal por haber avalado la inscripción del partido Prosperidad Ciudadana (PC) durante las elecciones generales de 2023.
Por Alexander Valdéz
En la audiencia en la que Jimi Bremer impidió el trabajo de la prensa, el Ministerio Público (MP) hizo una descripción de hechos por los que detuvo al exregistrador de ciudadanos del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Ramiro Muñoz, a quien busca procesar penalmente por los delitos de abuso de autoridad con propósito electoral e incumplimiento de deberes.
Muñoz, había sido electo magistrado de Sala de Apelaciones, pero fue detenido horas antes de tomar posesión y eso le impidió asumir el cargo. De hecho, fue nombrado magistrado presidente en una Sala departamental.
Por ahora el caso contra el exregistrador de ciudadanos seguirá su curso y está a cargo de Bremer. El expediente se encuentra asignado a la Fiscalía de Delitos Electorales que en su oportunidad presentó un antejuicio contra Muñoz, pero no podía ser investigado por su cargo.
La fiscalía lo señala de haber accedido a la inscripción del partido político Prosperidad Ciudadana, supuestamente ignorando que existían irregularidades en una serie de asambleas. Hallazgos identificados cuando Carlos Pineda se perfilaba a ser el favorito de la lucha presidencial en los comicios del 2023.
Acá otra nota que puede leer:
#ElecciónDeCortes ⚖️ Magistrado electo Ramiro Muñoz fue detenido previo a tomar posesión del nuevo cargo
El MP confirmó la captura del exregistrador de ciudadanos del TSE quien el año pasado se negó a la suspensión del partido Movimiento Semilla.https://t.co/psnZwAEsBt
— Prensa Comunitaria Km169 (@PrensaComunitar) October 13, 2024
Opiniones a favor y en contra
Durante las elecciones del 2023, decisiones del registrador de ciudadanos impidieron la participación en la contienda a la presidencia, como Thelma Cabrera, Jordán Rodas, Roberto Arzú, David Pineda, entre otros aspirantes a cargos públicos, provocando distintas posiciones.
Hasta agosto de 2024, Muñoz dirigió el Registro de Ciudadano, del Tribunal Supremo Electoral (TSE), también emitió resoluciones que evitaron la suspensión o cancelación del partido Movimiento Semilla durante el proceso electoral.
Estas resoluciones, con las que la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) buscaban que el partido Semilla fuera cancelado previo a la segunda vuelta electoral, provocaron que el MP solicitara el retiro de su inmunidad.
El Registro de Ciudadanos, dirigido por Muñoz, autorizó la inscripción de Sandra Torres como candidata a la presidencia por la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), a pesar del proceso penal vigente en su contra por el caso de financiamiento ilícito de este partido.
Otro de los puntos álgidos durante el proceso electoral fue la negativa de inscribir a Manuel Baldizón, pero el pleno del TSE revocó esa decisión, consiguiendo que el exdiputado fuera inscrito; días después, los magistrados dieron marcha atrás y anularon la inscripción del excandidato condenado en Estados Unidos.
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Sala ampara a los Baldizón y suspende candidatura presidencial de Carlos Pineda
Magistrados procesados
Muñoz se suma a los cuatro magistrados titulares del TSE, Mynor Franco, Ranulfo Rafael Rojas Cetina, Irma Elizabeth Palencia Orellana, y Gabriel Vladimir Aguilera Bolaños, cinco actores relevantes en las últimas elecciones generales que están procesados. A los togados se les señala del supuesto fraude por la compra del sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP) en las elecciones generales de 2023.
El MP señaló a las autoridades electorales de la posible comisión de abuso de autoridad, incumplimiento de deberes y fraude. Según la investigación, abusaron de su autoridad e incumplieron su deber porque la supervisión del funcionamiento del TREP fue delegada al mismo proveedor del sistema: la empresa Datasys Guatemala.
Además, fueron señalados de fraude por autorizar la suscripción del contrato y la adjudicación de la compra del programa. Datasys habría presentado su oferta por Q148 millones, mientras que otra entidad lo hizo por Q113 millones, lo cual a consideración del MP evidencia una inconsistencia en la adquisición.
