Las Salas de Apelaciones más relevantes de los departamentos estarán controladas por magistrados que tienen vínculos con personas acusadas de corrupción. De hecho, varios tienen señalamientos de amañar su propia designación como togados.
Por Prensa Comunitaria
Funcionarios judiciales con graves cuestionamientos integrarán la Sala Quinta Penal de Quetzaltenango, la Sala Sexta Penal de Alta Verapaz, la Sala Mixta de Izabal y la Sala Mixta de Petén.
Estos órganos jurisdiccionales son relevantes en el sistema de justicia, debido a la magnitud poblacional y territorial de los distritos en los que operan, pero también por los intereses extractivos que se manejan en algunos de estos.
La asignación de los magistrados en cada una de las Salas fue hecha por la Corte Suprema de Justicia (CSJ), el domingo pasado, en un pleno convulso en el que los integrantes de la máxima corte del Organismo Judicial fueron incapaces de elegir a su presidente.
Fue así como los magistrados designaron a Miguel Colop Hernández como presidente de la Sala Quinta Penal de Quetzaltenango. Él fue señalado de negociar ilícitamente su permanencia en el Organismo Judicial, según el caso Comisiones Paralelas 2020.
En ese mismo expediente se menciona a Irma Judith Arrazate Centeno, quien fue nombrada como la presidenta de la Sala Sexta Penal de Alta Verapaz. Hace cuatro años, habría negociado ilegalmente su magistratura con la CSJ.
En tanto que Efraín Berganza Sandoval asumirá la dirigencia de la Sala Mixta de Petén. Según la FECI, de Juan Francisco Sandoval, estuvo involucrado en el amaño de selección de cortes de 2020.
En este último órgano jurisdiccional también estará Karol Desireé Vásquez, quien ha sido jueza en el suroccidente del país y también aparece señalada en las “comisiones paralelas” develadas por la citada fiscalía.
Por último, en la Sala Mixta de Izabal trabajará Claudia Mariné de León Teo. Ella es de las operadoras de la agrupación gremial ASPA, misma que es dirigida por Néster Vásquez, el magistrado señalado de actor corrupto y democrático por Estados Unidos.
En esa misma dependencia estará Hugo Enrique Cabrera Navas, un antiguo operador de Estuardo Gálvez, quien, al igual que Néster Vásquez, está en la Lista Engel por influir ilícitamente en la elección de magistrados judiciales.
Pese a los señalamientos, los togados lograron pasar todos los filtros y negociaciones realizadas en las postuladoras y el Congreso de la República. Ahora, tendrán la posibilidad de conocer algunos de los temas que a continuación se detallan por cada departamento.
Quetzaltenango
La Sala Quinta Penal de Quetzaltenango está integrada por Miguel Colop, Walther Alexander Alvarado y Milton Alberto Estrada. Esta instancia conoce las incidencias del caso penal contra los concejales de Sacándole Brillo a Xela (SBX).
En el expediente se les señala de violencia contra la mujer, ya que el comité cívico por el que fueron electos realizó una transmisión de una sesión municipal, en la que aparentemente hubo comentarios negativos en contra de la funcionaria Margarita Campollo.
Esta denuncia mantuvo alejados a los concejales de SBX de las sesiones de la municipalidad de Quetzaltenango, lo cual favoreció por varios meses a Juan Fernando López Fuentes, quien ha intentado acabar con la oposición en la municipalidad.
Alta Verapaz
Este es el departamento donde operan las hidroeléctricas de Oxec. De hecho, una empresa subcontratada de la compañía energética denunció a Bernardo Caal, uno de los defensores del río Cahabón en donde operan los proyectos de Oxec.
De esa manera, Caal fue acusado de robo agravado y detenciones ilegales, por supuestamente interceptar a trabajadores de la empresa Netzone junto a otras cien personas.
La defensa y las comunidades mayas Q’eqchi’ señalaron que el proceso penal estuvo viciado desde el inicio. No obstante, Caal pasó cuatro años privado de su libertad. En el futuro, podría haber más casos que criminalicen la protección del medio ambiente.
Este tipo de expedientes ya son de conocimiento de la magistrada Irma Judith Arrazate Centeno, quien revisó el caso de Caal y apoyó su criminalización. Ella compartirá la Sala Sexta Penal de Alta Verapaz con Elvin Gutiérrez Romero y Jessie Portillo.
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Izabal
El proyecto minera Fénix tiene su centro de operación en El Estor, Izabal. Es un proyecto extractivo de la Compañía Guatemalteca de Níquel, que impulsó la criminalización de los pescadores Tomás Che, Cristóbal Pop y Vicente Rax y del periodista comunitario Carlos Choc.
El proceso penal se extendió durante varios años, hasta que el 31 de enero pasado el Juzgado de Primera Instancia Penal, de Puerto Barrios, decidió cerrar el caso, por falta de pruebas.
Este tipo de casos podrían llegar a ser conocidos por la Sala Mixta de Izabal, misma que ya preside Jessie Figueroa y la acompañan Hugo Enrique Cabrera Navas (relacionado a Estuardo Gálvez) y Claudia Mariné de León Teo (vinculada con Néster Vásquez).
Petén
Es el departamento más grande del país. Posee una extensa área boscosa protegida. No obstante, esta región ha sido afectada por la tala ilegal. Incluso, la empresa Perenco ha estado extrayendo petróleo en las zonas protegidas de Petén.
Los delitos ambientales son una constante en esta localidad y, eventualmente, serían conocidos por los magistrados Efraín Berganza Sandoval, Marco Antonio Ramos y Karol Desireé Vásquez.
Perenco, una petrolera que opera en área protegida y sin estudios de impacto ambiental
