La Procuraduría General de la Nación (PGN) accionó para que se anule lo actuado en audiencias en las que el exfiscal auxiliar de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI), Allan Tánchez, tuvo participación sin tener el grado académico de abogado.
Por Prensa Comunitaria
La Procuraduría General de la Nación (PGN) presentó un amparo para anular lo actuado en las últimas audiencias del caso “Asalto Al Ministerio de Salud”, en las que el exfiscal auxiliar de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI), Allan Tánchez, participó sin tener el grado académico de abogado.
En la etapa intermedia, que finalizó el pasado 27 de agosto, Tánchez, en ese entonces aún auxiliar fiscal de la FECI, describió los hechos mencionados en la acusación contra 11 personas, entre ellas, Luis Fernando Pérez, Edna Carolina Prera, Roberto Guarán Jiménez, Leonel Batres Gálvez, José Alberto Rodríguez, Jorge Luis Pérez, Juan Manuel Peláez, Jaime Emilio Pérez, el exdiputado Roberto Kestler y Cándida Saraí Villavicencio, hija del fallecido exministro de Salud Jorge Villavicencio.
El exjefe de la FECI, Juan Francisco Sandoval, denunció que el exauxiliar fiscal no podía haber intervenido en esa etapa del proceso penal que se seguía contra los exfuncionarios y personas señaladas de participar en una red de corrupción que supuestamente sustrajo fondos de ese ministerio.
Detalles de la resolución:
a) Q250 mil, el precio de cada sobreseimiento; b) Reuniones entre el fiscal y la jueza en Antigua; c) Impedimento legal de Allan Tánchez para actuar en etapa intermedia por no tener título de abogado, cometiendo delitos con aquiescencia judicial. https://t.co/nAZlRnrCrw
— Juan Francisco Sandoval (@JSandoval1982) August 27, 2024
En esa audiencia, la jueza de mayor riesgo “D”, Abelina Cruz, benefició y libró de juicio a los supuestos líderes de la estructura criminal, es decir, los políticos y exfuncionarios que estaban procesados por presunto tráfico de influencias.
La jueza, que permitió la participación del exfiscal auxiliar sin ser abogado, consideró que en relación a un grupo de acusados no existen elementos que evidencien su probable participación en los hechos.
Destituido de la FECI
Días después de haberse denunciado los hechos por Sandoval y las publicaciones de medios de comunicación, el MP confirmó que había destituido al exfiscal auxiliar Tánchez. El ente investigador se limitó a indicar que era un cambio basado en que ese puesto es de “libre nombramiento”.
“Fue destituido del cargo en virtud de ocupar puesto de libre nombramiento y remoción, conforme a lo dispuesto en la Ley Orgánica del MP, el Reglamento Interior de Trabajo y el Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo y con el fin de dar continuidad al fortalecimiento institucional, en respuesta a las necesidades del servicio”, informó en esa oportunidad el Departamento de Prensa del MP.
Caso en impunidad
En 2019, la FECI y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) expusieron que con el nombramiento del fallecido Jorge Villavicencio Álvarez, como ministro de Salud para el período 2012 a 2014, se inició el funcionamiento de la estructura criminal, quien junto a su hija, Cándida Saraí Villavicencio Delgado, y el excandidato presidencial Luis Fernando Pérez Martínez y otros, lideraron el nacimiento y puesta en marcha de una organización criminal integrada por más de 50 personas entre funcionarios públicos y particulares.
La pesquisa identificó irregularidades en compras de bienes y servicios, contrataciones de personal y la adquisición de medicamentos. Pero, la estructura supuestamente se concentró en el cobro de comisiones ilícitas por la construcción y remozamiento de hospitales y centros de salud, comisiones ilícitas por la adquisición de bienes y servicios y la contratación de 450 plazas (a través de modalidades de favores políticos, pagos mensuales y plazas fantasmas).
Durante la etapa de apertura a juicio, el MP contó con el análisis de informes policiales de investigación; de análisis criminal y financieros, de la Contraloría General de Cuentas; ocho horas de grabación de conversaciones; 37,211 correos electrónicos analizados; un colaborador eficaz; declaración de dos colaboradores dentro de otros casos y testimonios de personas, quienes por ser funcionarios del Ministerio de Salud conocieron lo ocurrido, contabilizando una investigación con más de 100.000 folios.
En la investigación, el exasesor del ministro de salud, Jorge Estuardo Estévez Cabrera fue colaborador eficaz y aportó documentación, correos y comunicaciones que se tuvieron en su momento para la concertación de los negocios.
Los fiscales que inicialmente tuvieron el caso ya no integran la FECI, algunos de ellos salieron al exilio a raíz de la criminalización de operadores de justicia que conocieron casos de corrupción en Guatemala.
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