El MP se retractó de continuar el caso contra el exfiscal de derechos humanos y pidió cerrar la investigación en su contra, por el delito de abuso de autoridad en forma continuada. Este es el segundo caso en el que se ratifica la inocencia del exoperador de justicia.
Por Alexander Valdéz
El Ministerio Público (MP) pidió cerrar el proceso penal que se abrió contra el exjefe de la Fiscalía de Derechos Humanos, Orlando López, quien en marzo de 2023, fue detenido por un caso de supuesto abuso de autoridad en forma continuada.
La fiscalía lo detuvo y criminalizó bajo el argumento que había laborado como abogado mientras aún tenía una relación laboral con el ente investigador. Sin embargo, la Fiscalía de Asuntos Internos se retractó del caso y solicitó al Juzgado Quinto Penal decretar el cierre de la pesquisa.
El MP indicó a la jueza Aurora Beatriz Gutiérrez que durante la etapa de investigación no se estableció que el exfiscal cobró un salario externo al que tenía en la institución, como abogado particular. En ese momento López estaba suspendido del cargo por otro proceso en el que se le acusó y fue absuelto recientemente.
Este hecho genera un buen precedente en casos en los que se ha criminalizado a exoperadores de justicia. Es el primero de distintos expedientes en los que la fiscalía ha desistido de continuar con el proceso.
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Criminalización
López fue suspendido del MP, el 22 de septiembre de 2016, sin goce de salario, al haber sido ligado a proceso por homicidio culposo, obstaculización de la acción penal y peculado por uso. En este proceso fue declarado inocente, en marzo pasado, por un juez de Zacapa.
En el proceso que ahora se cierra, el expediente menciona que el exfiscal antes de dejar de trabajar en la institución comenzó a laborar como abogado y notario en ejercicio libre de su profesión. Por eso, se inició una investigación en su contra por el delito de abuso de autoridad, por considerar que no podía trabajar como abogado y notario particular de manera paralela al desempeño de su función como fiscal.
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Cuando se desempeñó como jefe de la Fiscalía de Derechos Humanos investigó casos sobre el conflicto armado, entre ellos, la desaparición forzada del niño Marco Antonio Molina Theissen y uno de los casos más grandes de desaparición forzada en Guatemala, “CREOMPAZ” donde se ubicaron cientos de osamentas en la zona militar no. 21, de Alta Verapaz, donde actualmente se encuentra el Centro Regional de Entrenamiento de Operadores de Mantenimiento de la Paz (CREOMPAZ).
También procesó y llevó a juicio al general retirado Efraín Ríos Montt por genocidio, en 2013.
