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La corrupción en las cárceles de El Salvador que el gobierno de Bukele se niega a investigar

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Créditos: Nelton Rivera
Tiempo de lectura: 6 minutos

 

La fiscalía de Nayib Bukele no pudo probar que un exfuncionario de seguridad al que metió preso esté relacionado con un desvío de fondos mientras se niega a investigar al actual jefe de prisiones, uno de los hombres más cercanos al presidente.

Por Héctor Silva Ávalos

Hay cosas que Nayib Bukele, el presidente de El Salvador, no delega, las hace él personalmente. Como cuando, recién asumido su primer mandato, acusó a Mauricio Ramírez Landaverde, el anterior ministro de seguridad pública, de haber desviado dinero de tiendas carcelarias. Era una fabricación de Bukele que ha quedado clara cinco años después: la fiscalía, dirigida por un abogado impuesto por el mandatario, no ha podido probar algo de lo que alguna vez dijo su jefe. El fiscal general, más bien, se ha negado a investigar a un hombre sobre cuya posible participación en corrupción carcelaria y otros crímenes sí han aparecido decenas de indicios y pruebas. Ese hombre que no ha sido investigado se llama Osiris Luna y es uno de los funcionarios más protegidos por Nayib Bukele.

 No había pasado ni un mes desde que juró como presidente la primera vez, el 1 de junio de 2019, cuando Nayib Bukele ya había acusado a Ramírez Landaverde de desviar USD 14 millones de fondos recogidos a través de las tiendas de productos básicos instaladas en las prisiones del país, que son administradas a través de una asociación llamada Asocambio. Bukele no mostró pruebas cuando hizo su acusación.

La conducta de Osiris Luna, en cambio, sí ha levantado sospechas en dos fiscalías, la salvadoreña y la estadounidense con sede en el distrito sur de Nueva York, y era conocida en la casa presidencial de Bukele desde el primer año de gobierno. Alejandro Muyshondt, el exasesor de seguridad nacional que murió en circunstancias no esclarecidas cuando estaba preso bajo custodia del Estado salvadoreño, ya había advertido en 2020 a Ernesto Castro, el secretario privado del presidente, de la corrupción de Luna.

Mauricio Ramírez Landaverde, preso político del régimen de Nayib Bukele.

“En Asocambio hay un gran desvergue (desorden), tigre. Hueveyo de a galán (robo descontrolado) … Y en la Fiscalía están armando un expediente de esa mierda… (Los fiscales) tienen conversaciones, tienen un montón de cosas que la Fiscalía pudiera tomar en cuenta. Se empezaron a hacer de la nada un vergo de pisto (dinero)…”, le dijo Muyshondt a Castro en una conversación que quedó grabada y que Prensa Comunitaria dio a conocer en una entrega especial.

Más aún. Dos fuentes judiciales salvadoreñas, familiarizadas con el caso abierto a Ramírez Landaverde y otros exfuncionarios por supuesta corrupción en las tiendas carcelarias, confirmaron que cuando la fiscalía salvadoreña no encontró pruebas en contra de ellos empezó a investigar a Luna y a su entorno por sospechas de que eran los nuevos funcionarios quienes en realidad estaban desviando fondos.

Ya en 2020, cuando Muyshondt advirtió en el seno del gobierno Bukele de la corrupción de Luna en Asocambio, la fiscalía salvadoreña, que entonces el presidente no controlaba, tenía un grueso expediente que recogía pruebas de la participación del director carcelario del nuevo gobierno en desvío millonario de fondos y en creación de plazas fantasmas. Esos indicios fueron confirmados, además, por la Fuerza de Tarea Vulcano, un equipo de policías y fiscales estadounidenses enviados a El Salvador a apoyar a la fiscalía local en casos de gran corrupción. Tanta credibilidad dieron los norteamericanos a lo investigado sobre Osiris Luna que, a finales de 2021, tanto el Departamento de Estado como el del Tesoro en Washington lo sancionaron a él y a su madre por presunta corrupción.

Lo que las fuentes judiciales salvadoreñas consultadas ahora aseguran es que, a pesar de que Rodolfo Delgado, el fiscal bukelista, enterró las investigaciones a Luna e insistió en culpar a Ramírez Landaverde por el dinero de las tiendas carcelarias, todos los indicios siguen apuntando hacia el funcionario de Bukele.

Fotos publicadas por el periódico digital salvadoreño El Faro muestran a Osiris Luna (izquierda), quien supuestamente gestó y ejecutó desde las prisiones del país un pacto entre el gobierno de Nayib Bukele y las pandillas MS13 y Barrio 18.

Desde finales del mes pasado, septiembre de 2024, se realiza en San Salvador el juicio a Ramírez Landaverde, que se espera culmine esta semana tras los alegatos de su defensa. Las cosas no le han salido bien a la fiscalía en ese juicio. Las pruebas presentadas por los acusadores de Bukele no muestran desvío hacia cuentas personales de Ramírez Landaverde, según lo confirmó un perito contable al que la misma fiscalía presentó como testigo de cargo.

“De la revisión efectuada a los cheques y transferencias de las cuentas bancarias a nombre de las tiendas institucionales (de las cárceles) no se encontraron depósitos a favor de los señores Mauricio Ernesto Ramírez Landaverde, Orlando Elías Molina Ríos, Marco Tulio Lima Molina y Ramón Fernando Roque Mártir (los otros acusados”, dice el informe presentado en el juicio por la fiscalía de Bukele.

Ese documento, más bien, establece que el responsable actual de los dineros que producen las tiendas es Osiris Luna Meza, el funcionario al que Nayib Bukele protege desde que, en 2020, enfrentó el primer escándalo de corrupción cuando se hicieron públicas fotos de un viaje en un jet de lujo a México.

La ofensiva sin pruebas contra el policía que descubrió el pacto con las pandillas

Fue cuando ya Bukele había instalado a su fiscal general en 2021, cuando la fiscalía hizo una acusación formal contra Ramírez Landaverde, pero por un supuesto delito que implicaba mucho menos dinero que lo anunciado por el presidente a pocas semanas de haber asumido el poder. Los USD 14 millones de los que habló Bukele se convirtieron, en los legajos que presentaron los fiscales del presidente, en USD 400,000 que, se suponía, funcionarios encabezados por el exministro Ramírez Landaverde habían desviado a cuentas particulares.

Desde que el caso llegó al primer tribunal que lo conoció quedó claro que los fiscales no tenían demasiada prueba. La primera jueza que vio el expediente, el del segundo de instrucción de San Salvador, la capital, dejó libre bajo fianza a Ramírez y advirtió, según dijo entonces un defensor del exfuncionario, que el caso de la fiscalía tenía “serias deficiencias de investigación”. Eso fue en septiembre de 2021.

A pesar de la debilidad del caso, y de que la jueza Edelmira Violeta Flores Orellana, del segundo de instrucción, había ordenado libertad condicional, la fiscalía apeló y emitió una nueva orden de captura. Ramírez fue arrestado en diciembre de 2021 y pasó los siguientes 32 meses en la cárcel, los últimos ocho a pesar de que al menos dos tribunales habían decretado órdenes de libertad condicional que el gobierno de Bukele, simplemente, no obedeció. Osiris Luna, el funcionario que se ha liberado de ser investigado por la corrupción carcelaria, y quien sigue siendo el director de prisiones a pesar de todos los señalamientos en su contra, fue quien negó la libertad a Ramírez a aunque los tribunales la habían ordenado.

Alejandro Muyshondt, exasesor de seguridad nacional de Nayib Bukele, había advertido en 2020 de la corrupción de Osiris Luna en las cárceles salvadoreñas. Musyhondt murió bajo custodia del Estado de El Salvador tras presuntamente haber sido torturado.

Antes de entrar en prisión, en 2021, Ramírez Landaverde había dejado escrito las que, según él, fueron las verdaderas razones de su captura. En un documento que presentó a la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) aseguró que las acusaciones eran parte de una persecución política debido a que él había conocido, cuando fue ministro de justicia y Nayib Bukele era alcalde de San Salvador, que el político que se convertiría en presidente del país había gestado, desde el ayuntamiento, un pacto de gobernabilidad con las pandillas MS13 y Barrio 18.

Como la corrupción de Osiris Luna en las cárceles de Bukele, el caso del pacto pandillero también fue confirmado por las fiscalías salvadoreñas y estadounidense. En ambas investigaciones Luna aparece como uno de los principales ejecutores de ese pacto.

Hoy, a pesar de que dos grupos distintos de fiscales lo han señalado como presunto responsable de desviar el dinero que los presos utilizan para comprar bienes básicos, como agua, bocadillos o papel higiénico en las tiendas carcelarias, y a pesar de que el ex asesor de seguridad nacional, Alejandro Muyshondt, confirmó su corrupción, Osiris Meza sigue blindado a la investigación y persecución penal. Mientras, Ramírez Landaverde, quien finalmente logró obtener arresto domiciliario, espera el resultado de un juicio en el que la fiscalía de Bukele no pudo probarle nada.

Durante el tiempo que Ramírez Landaverde estuvo preso, hasta bien entrado 2024, la corrupción en las cárceles salvadoreña se multiplicó durante el régimen de excepción impuesto por Bukele en 2022, cuando el pacto con las pandillas se rompió en marzo de ese año. Familiares de los reos han denunciado cobros ilegales para ver a sus familiares y para pasarles comida. Todo bajo la dirección de Osiris Luna, el intocable.

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