Uno de los ejemplos que la relatora de la ONU, Margaret Satterthwaite, mencionó en su informe “La justicia no se vende” es el de las Comisiones de Postulación en Guatemala, donde se ha documentado que los actores económicos buscan influir politizando los procesos de selección de miembros y mediante las Comisiones Paralelas. El informe fue presentado a la Asamblea General de la ONU por Satterthwaite.
Por Regina Pérez
La Relatora de la ONU, Margaret Satterthwaite, presentó a la Asamblea General el informe “La justicia no se vende” donde examina los esfuerzos que despliegan los actores económicos poderosos para ejercer influencia indebida con el fin de transformar instituciones y procesos que oficialmente están al servicio del público en herramientas al servicio de intereses privados.
“Presenté mi reporte a la Asamblea General. De intentar intervenir nombramientos judiciales a interponer demandas estratégicas contra la participación pública, este informe mira diferentes ejemplos de influencia económica impropia en sistemas judiciales y ofrece recomendaciones concretas a los Estados miembros para salvaguardar la integridad de sus sistemas de justicia” escribió Satterthwaite en su cuenta de X, este 28 de octubre.
Según el reporte, no se ha prestado suficiente atención a la influencia económica indebida sobre los sistemas de justicia.
Influencias en las Comisiones de Postulación
Uno de los primeros ejemplos citados en el informe, sobre los intentos sistemáticos de comprar influencias sobre los magistrados, alude al caso de Guatemala, cuando la selección se realiza por órganos de postulación. “Los actores económicos pueden hacerse miembros de esos órganos de forma encubierta o participar de algún modo en tramas para orientar sus actividades. Se ha informado de que este fenómeno existe en Guatemala” menciona.
La competencia para ser parte de una Comisión de Postulación presenta las características de un certamen electoral que incluye el uso de cabildeos, fiestas, publicidad, mítines y artículos promocionales.
“Al parecer, ese proceso politizado ha generado oportunidades para que los actores económicos compren influencias financiado costosas actividades de campaña para los candidatos” menciona la relatora.
Satterthwaite señaló que la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI) llevó a cabo en 2014, 2017 y 2019 investigaciones específicas sobre esas influencias, las cuales revelaron el alcance de la influencia de los actores económicos en las comisiones de postulación. Sin embargo, esas investigaciones se interrumpieron cuando concluyó el mandato de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) y la FECI se debilitó aún más con la destitución de su jefe, Juan Francisco Sandoval y a los ataques contra los fiscales encargados de la corrupción de alto nivel.
Pese a ello, en 2020, la FECI presentó pruebas de que la selección de magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y Salas de Apelaciones realizada en 2029 se había realizado bajo una influencia económica continua.
Las universidades de “cartón”
Los procesos para nombrar a miembros de las Comisiones también llegaron a politizarse. “Cuando los colegios de Abogados participan en la postulación, los grupos de interés económico pueden proponer candidaturas a la dirección de esos colegios o a la pertenencia en la que participan en las comisiones de postulación”.
Esta influencia puede incluso extenderse a la creación de entidades de “cartón” que, sobre el papel, cumplen los criterios para participar en la selección, pero que en la práctica actúan como vector de los intereses privados.
“Por ejemplo, se han informado de que algunos actores económicos han creado universidades y contratado a profesorado de derecho con el objetivo aparente de figurar entre los miembros de académicos de las Comisiones de selección de magistrados. En algunas circunstancias, dichas universidades pueden no haberse creado como instituciones tradicionales destinadas a otorgar titulaciones en derecho”.
Las Comisiones Paralelas
Otro ejemplo citado es cuando los actores económicos intentan influir en las decisiones cabildeando a los miembros de las Comisiones de Postulación. Para Satterthwaite, el cabildeo que implique regalos, comida o espectáculos de lujo puede constituir corrupción si existe la expectativa de que, en contrapartida, el donante pueda seleccionar a magistrados de acuerdo a sus preferencias.
Las reuniones “extraoficiales” plantean otro problema: la selección puede verse influida por procesos privados secretos que quedan fuera del escrutinio público y la rendición de cuentas, indica.
En Guatemala, diversas investigaciones documentan la existencia de “comisiones paralelas” no oficiales que están dominadas por intereses políticos y económicos y diseñadas para dirigir los trabajos del proceso de postulación oficial mediante sofisticadas negociaciones y tráfico de influencias.
Se ha notificado que algunos actores económicos han gastado importantes sumas en organizar reuniones de comisionados, en bufetes de abogados y espacios para eventos de hoteles fuera del horario y de las instalaciones, donde debía llevarse a cabo públicamente el proceso de postulación, así como en costear comida, alojamientos, fiestas, favores y pagos. Esta aseveración se basó en un informe de la CICIG sobre Comisiones de Postulación.
En el reporte se hace referencia a otro tipo de selección de magistrados y se mencionan casos como el de Estados Unidos. También se aborda cómo después de electos los magistrados, los actores económicos siguen teniendo influencia en los sistemas de justicia.
Satterthwaite finaliza su informe con conclusiones y recomendaciones, entre ellas alentó a los Estados a examinar y analizar las oportunidades de ejercer influencia económica indebida que hasta ahora se ha pasado por alto y los exhorta a combatir esos puntos débiles.
