Hace 35 años, entre agosto y septiembre de 1989 el Ejército de Guatemala secuestró a diez integrantes de la dirigencia estudiantil universitaria. Posteriormente fueron localizados cinco cuerpos; el resto no volvería a aparecer. Aunque en su momento se atribuyó la responsabilidad a supuestos escuadrones de la muerte ultraderechistas, los asesinos pertenecían en realidad a estructuras de inteligencia del ejército y la policía. Recordamos aquí aquel caso.
Por Rolando Orantes
El 21 de agosto de 1989 a las dos y media de la tarde hombres armados secuestraron al estudiante de psicología Iván Ernesto González Fuentes en la zona 1 de la Ciudad de Guatemala. Era el primero de una serie de crímenes contra la dirigencia estudiantil.
Ocurrieron durante el gobierno democrático del licenciado Marco Vinicio Cerezo Arévalo (1986-1991), dirigente de la Democracia Cristiana Guatemalteca y primer presidente civil desde Julio César Montenegro (1966-1970) –quien firmó un pacto con el ejército para que lo dejaran asumir–. Pero para 1989 las esperanzas generadas por el fin de la dictadura hacía tiempo que se habían esfumado.
Las noticias hablaban de malestar económico y un clima de amenazas. El diario costarricense La Nación informó el 23 de agosto de 1989 que por instrucciones del presidente Cerezo el ministro de Economía Óscar Pineda lanzaría “una ‘cruzada nacional’ para evitar el alza de los productos de la canasta familiar, tras la devaluación del quetzal”. La Junta Monetaria había depreciado la moneda un tres por ciento, quedando en Q. 2,78 por dólar, informó La Nación. Hasta 1986 el valor de la divisa estadounidense se había mantenido uno a uno con el quetzal.
El 30 de agosto La Nación reportó que el embajador estadounidense en Guatemala, James Mitchel, había afirmado que la violencia que sufría Guatemala podía “constituir un freno para el desarrollo económico del país”. Por su parte Héctor Luna, presidente de la Comisión de Economía del Congreso, denunció que el Banco Mundial ejercía “fuertes presiones para aumentar un 15 por ciento las tarifas de consumo de energía”.
El 22 de agosto también La Nación informó que varios periodistas renunciaron a su trabajo en la revista de tendencia socialdemócrata ¿Por Qué?. Cuatro días antes “el equipo de redactores y reporteros del semanario fue conminado, por medio de una llamada telefónica anónima, a que se fueran de Guatemala, ya que en caso contrario serían asesinados”.
Danilo Barillas, dirigente de la Democracia Cristiana y quien escribía en la revista, fue asesinado el 1 de agosto, y días después salió al exilio Rolando Pineda Lam, dirigente de la Alianza Popular y presidente de ¿Por Qué?,.
La Asociación de Periodistas de Guatemala exigió a los “sectores radicales que respeten la integridad física y la vida” de la gente de prensa, y advirtió “sobre el peligro de retornar a la violencia que en la última década enlutó a miles de hogares, muchos de ellos de periodistas”, reportó La Nación.
El diario costarricense publicó el 26 de agosto de 1989 una pequeña nota con el título Malestar en Guatemala, señalando que “el secuestro de cinco universitarios y el asesinato de un prominente empresario”, ocurridos en días anteriores, “conmovieron al país” y desataron “una oleada de críticas contra el Gobierno de Vinicio Cerezo por ‘su incapacidad para dar seguridad a la ciudadanía’”.
La nota reproduce algunos titulares de diarios guatemaltecos del 25 de agosto de 1989: “Crimen de empresario causa indignación general”, “Cinco universitarios secuestrados”; “Hay que frenar baño de sangre”, “Piden la renuncia del Ministro de Gobernación”, y finaliza informando que esa semana desaparecieron Víctor Hugo Rodríguez, Silvia Azurdia, Iván Ernesto González, Carlos Contreras y Hugo Gramajo.
El 30 de agosto se reportó que “estudiantes de la estatal Universidad de San Carlos salieron a la calle e incendiaron neumáticos en protesta por el alegado secuestro, la semana pasada, de siete de sus compañeros en la capital guatemalteca”. La AEU pidió además la intervención del Congreso y la Procuraduría de los Derechos Humanos.
El 31 de agosto de 1989 el semanario Inforpress dijo que “una ola de asesinatos, secuestros y amenazas desencadenada desde finales de la huelga magisterial, está produciendo un clima de temor e inconformidad”, puntualizando que “la violencia política, como una constante de la vida nacional, dejó en el mes de agosto una cauda de 33 muertos y 14 secuestrados”, y que “uno de los sectores más golpeados” fue el universitario.
“En menos de una semana fueron secuestrados Iván Ernesto González, Carlos Conde, Aarón Ochoa, Mario de León y Hugo Gramajo, todos estudiantes y algunos dirigentes de la Asociación de Estudiantes Universitarios (AEU). Igual acción se perpetró contra los esposos Hugo Rodríguez Jaramillo, egresado de la Escuela de Ciencia Política y Silvia María Azurdia, estudiante de sociología de esa escuela”.

Además, fueron amenazados ocho catedráticos, y dieciocho personas “se cobijaron en la Cruz Roja Guatemalteca, pidiendo su protección para salir del país, ante el secuestro sucesivo de varios de sus familiares y las intimidaciones de que son víctimas”.
El lunes 11 de septiembre de 1989, el diario colombiano El Tiempo informó que “los cadáveres de cuatro de nueve estudiantes universitarios guatemaltecos secuestrados en las últimas dos semanas por los escuadrones de la muerte fueron encontrados ayer en las inmediaciones de la ciudad universitaria”.
El estadounidense La Opinión dijo que “la Policía Nacional confirmó el hallazgo, el cual se registró en horas de la mañana a la entrada del conjunto residencial Villa del Sol. Los cadáveres del matrimonio formado por Víctor Hugo Rodríguez y Silvia María Azurdia, ambos de la escuela de Ciencias Políticas de la Universidad de San Carlos; del dirigente magisterial Carlos Humberto Cabrera Rivera y del estudiante de la facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, Leonel Chutá Camey, fueron encontrados en una barranca al sur de la ciudad universitaria en la capital guatemalteca”. La información sobre el hallazgo la dio una mujer que sin identificarse llamó a los bomberos y la policía, reportó La Opinión.
La Nación informó también del hallazgo de los cadáveres que “aparecieron ayer al sur de la capital, con señales de tortura”. Los cuerpos fueron localizados a unos 200 metros de la Ciudad Universitaria, y habían sido acuchillados
“Las fuentes policiales dijeron que junto a los cadáveres se encontró un papel en el que se acusa a los jóvenes de estar involucrados en ‘grupos de represión’ y de hacer mal uso de los fondos de la Asociación de Estudiantes Universitarios (AEU). A Chutá, según la nota, la cual no está firmada por ninguna organización, sus asesinos lo acusaron de haber ‘robado’ 35.000 quetzales (más de $12.500)”.
Según La Nación, Humberto Cabrera trabajaba con el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF). Se desconocía “la suerte de los otros siete dirigentes de la AEU secuestrados en los últimos 20 días”.
Ese día se anunció “la formación de un frente común para encarar la escalada de violencia” por parte de “organizaciones sindicales, cooperativas y populares”.
El 13 de septiembre La Opinión informó que la AEU responsabilizaba al gobierno, y que la iglesia católica se ofrecía como mediadora para localizar a los otros cinco secuestrados. La asociación estudiantil distribuyó un boletín de prensa denunciando que a las personas asesinadas “‘se les aplicó el suero de la verdad’ y se les sometió a crueles torturas. Ello queda en evidencia, dadas las marcas que presentan los cadáveres”. La Opinión agregó que esa misma noche se realizaría una manifestación desde la Ciudad Universitaria hacia la parroquia San Juan Bosco, donde se oficiaría una misa de difuntos y pidiendo por la aparición con vida de los secuestrados.

El 19 de septiembre El Tiempo informó que varios dirigentes sindicales habían sido amenazados de muerte “en medio de la creciente ola de violencia que sacude al país y que en solo dos semanas cobró la vida de unas 30 personas especialmente estudiantes”, denunció la UASP.
Apenas cinco años antes, en mayo de 1984, unidades de inteligencia del Estado Mayor Presidencial, el Estado Mayor de la Defensa y la Policía secuestraron y desaparecieron a por lo menos siete integrantes de la dirigencia de la AEU, militantes de la agrupación FRENTE. Y en septiembre de 1985 el ejército ocupó violentamente la Ciudad Universitaria. El dictador Mejía Víctores declaró en mensaje radial que la universidad era un centro de órdenes para la actividad terrorista y subversiva.
Los informes de la memoria
El 25 de febrero de 1999 se presentó en la Gran Sala del Centro Cultural Miguel Ángel Asturias el informe en 12 tomos Guatemala, memoria del Silencio, de la Comisión para el Esclarecimiento Histórico (CEH), que en el Tomo VI, Anexo I recogió el de las desapariciones de la dirigencia estudiantil de 1989 como uno de sus casos ilustrativos, titulándolo Ejecuciones arbitrarias y desapariciones de estudiantes en 1989.
Reproducido como epígrafe del capítulo, el editorial del diario El Gráfico del 12 de septiembre de 1989, titulado Violencia… maldita violencia!, señaló que “todos los sectores coinciden en señalar que Guatemala se está encaminando, a pasos agigantados, hacia la era de la violencia que se vivió en los gobiernos militares, en que los derechos humanos eran violados impunemente y en los que la violencia imperaba en calles, caminos y veredas, ciudades y pueblos de todo el país”.
Guatemala, memoria del silencio señala qu,e tras los golpes recibidos durante 1984, “la recuperación del movimiento estudiantil fue muy lenta: en 1985 y 1986 no hubo AEU. En 1987 se eligió una nueva directiva”. Volverían a actuar públicamente hasta 1989. Entonces sus principales objetivos fueron reorganizar el movimiento, apoyar a las asociaciones de educación media y a los sectores populares y, principalmente, impulsar la reforma universitaria, lo que acordaron durante un seminario que por razones de seguridad se realizó en México en diciembre de 1987, explica el informe de la CEH.
La AEU acompañó la huelga magisterial que tuvo lugar entre junio y agosto de 1989. La primera en muchos años. “Se estima que el apoyo estudiantil a los docentes fue uno de los factores que desató la represión en su contra”, señala Memoria del silencio.
La asociación estudiantil trabajaba junto a la Unidad de Acción Sindical y Popular (UASP), y apoyaba las demandas campesinas, sindicales y populares. Recibía también amenazas del “Jaguar Justiciero” y el “Ejército Secreto Anticomunista”. Una bomba estalló frente a la casa de Aarón Ochoa, lanzando panfletos que lo acusaban de ser un traidor y de estar vinculado a la guerrilla.
En agosto de 1989 fueron asesinados el dirigente de la Democracia Cristiana Danilo Barillas y el de su juventud René Estanislao López, y estallaron bombas frente a la Rectoría de la Universidad de San Carlos y las sedes de las organizaciones Brigadas Internacionales de Paz y Grupo de Apoyo Mutuo. En esta última se refugiaba la familia de María Rumualda Camey, desaparecida desde el 15 de ese mes.
El lunes 21 de agosto, a eso de las 11 de la mañana, Iván Ernesto González Fuentes, estudiante de psicología de 29 años, salió de la universidad para asistir a una reunión de la UASP, pero en el trayecto desapareció. Iván era representante estudiantil ante la Junta Directiva de la Escuela de Psicología y miembro de la Coordinadora Estudiantil Ejecutiva de la AEU.
El martes 22 de agosto Carlos Ernesto Contreras Conde, de 22 años y también estudiante de psicología y representante ante la Junta Directiva, fue secuestrado luego de desayunar con sus familiares en la colonia Landívar, zona 7. Más tarde debía reunirse con su esposa para inscribir a su bebé en el registro civil, pero no llegó. Al día siguiente dos personas entraron a su casa y se llevaron documentos.

El mismo martes 22, cuatro hombres armados que iban en un pick up rojo con vidrios polarizados y otro vehículo, secuestraron a Hugo Leonel Gramajo López, estudiante de la Escuela de Ciencia Política y catedrático auxiliar en la Escuela de Ciencias de la Comunicación, cuando salía de su trabajo en el Instituto Nacional de Administración Pública. Según declaraciones a la CEH, su familia estuvo bajo vigilancia durante los dos años siguientes.
El miércoles 23, Silvia María Azurdia Utrera fue secuestrada junto a su esposo Víctor Hugo Rodríguez Jaramillo, cuando salían de su casa ubicada en la zona 11. Silvia, de 29 años, era psicóloga y politóloga, y Víctor Hugo, de 35, también politólogo y licenciado en relaciones internacionales. Eran fundadores del Movimiento Estudiantil Universitario (MEU).
A las 5 de la mañana hombres armados llegaron en un pick up negro con líneas grises, placas P-144624, y un automóvil Nissan gris o celeste metálico, placas P-161097. Un par de horas después, cuando Silvia salió en su carro y se detuvo para esperar a Víctor Hugo, los secuestradores le cerraron el paso con los vehículos. Desmayaron a Víctor de un golpe en la cabeza y lo lanzaron al pick up, Silvia corrió a pedir auxilio, pero la arrastraron violentamente hacia uno de los autos. Esa tarde, dos hombres entraron a la oficina de la pareja y se llevaron documentos, y posteriormente personas desconocidas allanaron su casa.
A las 3 de la tarde del mismo 23 de agosto, fue secuestrado Aarón Ubaldo Ochoa, estudiante de sociología de 27 años. Salió de su casa y desapareció. Era miembro de la Coordinadora Estudiantil y vocal ante el Consejo Directivo de la Escuela de Ciencia Política.

La noche de ese 23 de agosto, fue secuestrado Mario Arturo de León Méndez, de 27 años, egresado de la Facultad de Agronomía y donde se desempeñaba como catedrático auxiliar. Era miembro de la Coordinadora Estudiantil y director de la Comisión de Reforma Universitaria. Su secuestro ocurrió al salir de una conferencia de prensa para denunciar las desapariciones de Iván, Carlos, Hugo Leonel, Silvia y Víctor Hugo.
En septiembre de 1989, los hombres armados secuestraron a tres estudiantes más, que habían sido miembros de la Coordinadora de la AEU durante el periodo 1987-1988 y pertenecían a la agrupación Avanzada.
El 8 de septiembre de 1989 a las 8 de la mañana Leonel Chutá Camey se encontraba junto a su esposa y su hija de diez meses en una parada de autobuses en Lomas de Pinares, en la zona 17, cuando hombres armados lo introdujeron violentamente en una panel Toyota con los vidrios polarizados. Tenía 31 años.
Al día siguiente fue secuestrado Carlos Humberto Cabrera Rivera, de 46 años, representante rural ante la Asamblea Nacional Magisterial y estudiante de Humanidades. Lavaba su automóvil frente a su casa en la colonia Venezuela, zona 21, cuando ocho hombres armados y con equipo de comunicaciones se lo llevaron en un pick up rojo placas P-157425 y una camioneta gris.
Y el 10 de septiembre el estudiante de la Facultad de Ciencias Químicas y Farmacia y miembro de la agrupación Avanzada Eduardo Antonio López Palencia, de 26 años, caminaba con su novia por la 18 calle entre 4a y 5a avenida, cuando desapareció.
El informe de la CEH señala que un declarante, antiguo miembro de la Dirección de Inteligencia (abreviada como D-2 o DI), “observó que los estudiantes desaparecidos estuvieron en el interior de la cárcel clandestina ubicada en la zona seis, ciudad de Guatemala, denominada ‘La Isla’, que estaba bajo la administración del Estado Mayor de la Defensa”.
Según el ex agente, cuando él entró a trabajar en la Dirección de Inteligencia “todavía habían dos”, y que a “esos no los enterraban, aparecían muertos así en la U, otros por ahí en la calle, en los barrancos. Y me contaron que a la gente que no apareció la fueron a tirar al mar”, declaró a la CEH.
Guatemala: memoria del silencio cita un informe que la embajada de los Estados Unidos en Guatemala dirigió al Departamento de Estado, donde señala que el 10 de septiembre por la madrugada “varias personas bajaron de un vehículo azul para abandonar los cadáveres de Silvia María Azurdia Utrera, Víctor Hugo Rodríguez Jaramillo, Carlos Humberto Cabrera Rivera y Carlos Leonel Chutá Camey”.
Presentaban señales de tortura y pinchazos de aguja hipodérmica, suponiéndose que les administraron algún suero o veneno. Víctor Hugo tenía siete cuchilladas, Silvia María y Carlos Leonel cinco, y Carlos Humert0, treinta y una. Sus cuerpos fueron hallados en la entrada de la colonia Villa Sol, muy cerca de uno de los accesos a la universidad.
Cinco días más tarde, el 19 de septiembre apareció el cuerpo de Eduardo Antonio López Palencia. Sus asesinos lo tiraron en una carretera de tierra cerca de Guastatoya, El Progreso. Había sido torturado y acuchillado tres veces, y presentaba tres heridas de bala.

El informe de la CEH señala además que al menos en cuatro casos hubo persecución y vigilancia contra familiares de las víctimas, y nueve sobrevivientes de la Coordinadora tuvieron que salir al exilio.
En sus conclusiones, la CEH “presume fundadamente que los estudiantes fueron víctimas de un operativo de inteligencia militar, en el que participaron agentes del Estado o personas que actuaron bajo su protección, tolerancia o aquiescencia”.
El año previo a la presentación de Guatemala, memoria del silencio se publicó Guatemala: Nunca Más, el informe del Proyecto Interdiocesano de Recuperación de la Memoria Histórica (REMHI), dirigido por la Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado (ODHAG) y cuyo trabajo comenzó en abril de 1995. Dividido en cuatro tomos, fue presentado el 24 de abril de 1998.
En su Tomo II, Los mecanismos del horror, dentro del capítulo La infiltración, el informe Guatemala: Nunca Más incluye el apartado El engaño de la muerte. El caso de los Estudiantes del 89. Ahí señala que “después de mucho tiempo se oía hablar en los círculos populares y estudiantiles de las actividades de la Asociación de Estudiantes Universitarios (AEU), y se realizaban actividades públicas en la Universidad”.
Guatemala: Nunca Más explica que en diciembre de 1987 se realizó en la ciudad de Puebla, México, un encuentro de estudiantes al que asistió una delegación guatemalteca. Para coordinar la visita los organizadores se contactaron con Silvia Azurdia y un sujeto de nombre Willy Ligorría, ex militante del Partido Socialista Democrático (PSD) y presidente de la Asociación de Estudiantes El Derecho (AED).
Junto a tres acompañantes de la Facultad de Agronomía, este último viajó a Puebla para asistir al encuentro, explica el documento Insurgencia y Contrainsurgencia, su choque en la Universidad de San Carlos y el Movimiento Estudiantil, elaborado en 1997 por el proyecto REMHI y citado textualmente en el informe del Arzobizpado.
Un estudiante investigó a Willy Ligorría, y averiguó que el presidente de la Asociación de Estudiantes el Derecho era muy cercano a una mara de la zona 18, cuyos miembros estaban armados. Ya entonces se sospechaba que las maras eran una creación del ejército, señala el informe del proyecto REMHI.
Al resto de la AEU también le llamaba la atención que Ligorría estuviera siempre rodeado de tres o cuatro supuestos estudiantes de Derecho que no aparecían inscritos, o que se ganaba la confianza de algunos dirigentes invitándolos a comer a restaurantes caros, vestía “bien” y no le importaba derrochar el dinero. “Es decir, su conducta y la de sus acompañantes no era la de los estudiantes universitarios promedio, así como su ritmo de vida no era compatible con el lugar donde vivía (San Rafael, zona 18)”.
Al mismo tiempo Willy Ligorría manejaba un discurso revolucionario, y era miembro de la Organización del Pueblo en Armas (ORPA), desde la que mantenía contacto con Danilo Rodríguez Gálvez, el encargado del trabajo de masas de las Fuerzas Armadas Rebeldes (FAR), puede leerse en Guatemala: Nunca Más.
Danilo Rodríguez Gálvez se acogió en marzo de 1992 a la amnistía ofrecida por el gobierno de Jorge Serrano Elías, y desde enero de 2012 se desempeñó como abogado del general retirado José Efraín Ríos Montt, quien fue acusado y condenado el 10 de mayo de 2013 a 80 años de prisión por el delito de genocidio.
Junto a las sospechas en su contra se descubrió que Willy Ligorría malversó fondos del Comité de Huelga de Dolores, participó en un desfalco a la Asociación de Estudiantes Universitarios y usurpó el cargo de Secretario General en actividades internacionales y firmando documentos, por lo que la Coordinadora Ejecutiva de la AEU decidió expulsarlo.
Ya entonces creían que Ligorría era un agente de inteligencia, pero no continuaron las investigaciones. Tras su expulsión recibieron amenazas, y una bomba estalló frente a la casa de un estudiante, continúa el informe del REMHI.
A principios de 1989 la dirigencia estudiantil decidió “quitarse la capucha”. Hacía una década que las identidades de la AEU no eran públicas y sus integrantes trabajaban en una especie de semiclandestinidad. Pero a partir de febrero comenzaron a recibir amenazas firmadas por escuadrones de la muerte que utilizaban nombres como Dolorosa, Jaguar Justiciero o Ejército Secreto Anticomunista. En ese contexto ocurrieron las desapariciones.
“El 21 de agosto fue detenido y desaparecido lván Ernesto González, miembro de la AEU. Al día siguiente, Carlos Contreras Conde, máximo dirigente del Movimiento Estudiantil Universitario (MEU), fue secuestrado en las cercanías de la Universidad. Ese mismo día Hugo Leonel Gramajo fue secuestrado frente a la sede del INAP, siendo introducido en un pick-up rojo con placas extranjeras. El día 23 de agosto, Víctor Hugo Rodríguez Jaramillo y Silvia Azurdia Utrera, fundadores del MEU, fueron secuestrados y conducidos en medio de una fuerte violencia a dos carros que les cerraron el paso”.

El mismo 23 de agosto la AEU realizó una conferencia de prensa denunciando las desapariciones. Al salir, Mario de León “fue detenido en un puesto de registro de la Policía Nacional en la Avenida Petapa, llevándoselo con todo y su pick up dentro de un furgón de carga (de acuerdo a testigos oculares que no quisieron dar sus nombres) y nunca más se supo de su paradero”. Al día siguiente desapareció Aarón Ubaldo Ochoa. Y durante septiembre fueron secuestrados y asesinados Carlos Chutá Camey, Carlos Humberto Cabrera y Carlos Palencia, indica el Guatemala: Nunca Más.
El informe del proyecto REMHI señala que durante una reunión en la que se discutía la respuesta que la AEU daría a las desapariciones, “Willy Ligorría llamó aparte a otro dirigente estudiantil para decirle que sabía en dónde estaban escondidos Hugo Gramajo y Aaron Ochoa y que si quería podía llevarle hasta ellos”. El informe añade en una nota al pie que según el testimonio de un testigo, “uno de los estudiantes secuestrado fue mantenido con vida por un tiempo (hasta 1991) en la Isla”, ubicada en la zona 6.
Ligorría le pidió también al mismo estudiante que le arreglara un contacto con la Comisión de Masas Unitaria de la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca.
Aunque para entonces ya no formaba parte de la Coordinadora Ejecutiva de la AEU, Ligorría siguió teniendo relaciones de amistad con otros miembros del movimiento estudiantil, y “mantenía un perfil muy alto, combativo, incluso temerario. Marco Tulio Montenegro, apodado El Monstruo, que era muy amigo de él, sí seguía siendo parte de la AEU”.
En una ocasión, luego de que el ejército acusara públicamente a algunos de sus integrantes de pertenecer a la guerrilla, la dirigencia estudiantil tuvo una reunión confidencial con Vinicio Cerezo, en la que participaron cinco representantes estudiantiles y un miembro de Brigadas Internacionales de Paz. Entonces Willy Ligorría y Marco Tulio Montenegro, alias el Monstruo, aparecieron sorpresivamente y exigieron participar. Llamaba la atención “la familiaridad con que eran tratados por los miembros de seguridad al momento de identificarnos en el lobby de la Casa Presidencial. También nos causó sorpresa cómo ellos conocían con exactitud la hora y el lugar donde seríamos recibidos”.
Después de los secuestros Ligorría fue orador en varios mítines, y alguna gente lo aclamaba. El 15 de septiembre viajó a Panamá junto al Monstruo, Marco Tulio Montenegro, y otra persona de nombre Byron Milián Vicente.
“Marco Tulio volvió al país el 11 de noviembre de 1989 a integrarse en la AEU, pero ya todos sospechaban de él; poco después lo mataron acuchillado con un arma tipo bayoneta”. Ligorría dijo haber estado con él en el Hotel Ritz la noche de su muerte, refiere el informe del proyecto REMHI.
Tiempo después un amigo visitó a Willy Ligorría en su casa y se encontró con que lo custodiaban agentes de seguridad. El ex dirigente de Derecho temía “venganzas en su contra”.
En 1991 trabajaba en una oficina de la 19 calle de la zona 1 junto al abogado defensor de Noel de Jesús Beteta, un especialista del Estado Mayor Presidencial (EMP) que el 11 de septiembre de 1990 asesinó a la antropóloga Myrna Mack. El propio abogado con el que trabajaba Ligorría era pagado por el Estado Mayor Presidencial.
“Una mañana, Willy llegó a la sede del EMP, y fue muy bien recibido en la puerta. Poco después apareció como Jefe de Investigaciones del Ministerio Público”, termina el apartado sobre las desapariciones de 1989 del Guatemala: Nunca Más.
Edgar William Ligorría Hernández, el dirigente estudiantil de derecho, era según distintas versiones un especialista del ejército.
Uno de los materiales utilizados en la elaboración del Tomo II del Guatemala: Nunca Más es el estudio La inteligencia y la seguridad en Guatemala, fechado en junio de 1997, y al que no le aparece autoría. En su apartado que, como el del informe, se titula La infiltración, señala que “en los años 80, la universidad fue literalmente invadida por agentes de la inteligencia. Estos tenían distintos niveles y tareas asignadas, desde aquellos que su tarea era más de vigilancia para la detección de objetivos a ser asesinados o secuestrados o los que tenían a su cargo una tarea más a largo plazo”.
Según el estudio, “en el segundo caso es notable la de un supuesto estudiante de la Escuela de Ciencias Políticas de la Universidad de San Carlos. Este personaje había adoptado los estereotipos comunes a los estudiantes de izquierda: discurso plagado de expresiones de la teoría marxista, aficionado a la llamada música comprometida, en su casa la existencia de libros marxistas era ostensible, afiches con motivos a tono con las aparentes concepciones sustentadas por el individuo. Esta pantalla era además apoyada con ingresos económicos relativamente altos lo que le permitía una vida social activa, desarrollada especialmente con sus compañeros y compañeras de la universidad”.
El estudio señala que “el descubrimiento de este agente fue por medio de una mujer ajena a la universidad y socialmente perteneciente a la oligarquía, quien fue invitada por el individuo a su apartamento en donde se vanaglorió de su trabajo de infiltrado”.
En el Tomo II del Guatemala: Nunca Más puede leerse: “Así, los infiltrados podían ser personajes sospechosos que deambulaban por el campus de la Universidad, provocadores abiertos de los movimientos espontáneos, pero también dirigentes estudiantiles legítimos y profesores de apariencia austera”.
La explicación gubernamental
El Estado de Guatemala nunca realizó ninguna investigación para esclarecer el caso, y las autoridades más bien dedicaron sus esfuerzos a una campaña de desinformación y difamación destinada a ensuciar la memoria de quienes habían sido víctimas de secuestro, desaparición forzada, tortura y ejecución extrajudicial.

El 10 de septiembre de 1989 la Sección de Homicidios y Anti Secuestros del Departamento de Investigaciones Criminológicas de la Policía Nacional rindió un informe de investigación sobre “el deceso de los señores Carlos Humberto Cabrera Rivera, Víctor Hugo Rodríguez Jaramillo, Carlos Leonel Chutá Camey y Silvia María Guadalupe Azurdia Utrera, de 45, 41, 30 y 33 años de edad respectivamente, encontrados en la 17 Av. entre 35 y 36 calle lado poniente de comerciales Avenida Petapa zona 12”.
La Sección de Homicidios del DIC indicó que “siendo las 07:15 horas, por medio de la Planta Central de Transmisiones, se tuvo conocimiento de que en la dirección antes descrita, se habían localizado 4 cadáveres”, por lo que se comisionó a los investigadores Luis Armando Castro Jiménez y Julio César Morán para que se dirigieran al lugar. Estos informaron, entre otros detalles, que el cuerpo de Víctor Hugo Rodríguez Jaramillo, “abajo de la axila izquierda bajo la camisa, tenía un volante por la dignificación de la AEU”.
Prensa Libre publicó el 12 de septiembre de 1989 que el papel dejado por los asesinos decía que “ante el grado de descomposición existente en la dirigencia de la AEU” se veían “obligados a tomar medidas radicales contra todos aquellos dirigentes que han lucrado con nuestros fondos y entregado nuestra asociación a sectores externos ligados a la represión”. La nota acusaba a Carlos Cabrera de “oponerse al proceso reformista”, a Carlos Chutá de robarse treinta y cinco mil quetzales y a Víctor Jaramillo “por oreja”.

El 13 de septiembre el diario costarricense La Nación publicó una nota informando que “Guatemala fue estremecida en los últimos tres días por el descubrimiento de las torturas y asesinato de siete de 11 estudiantes de la Universidad de San Carlos, quienes habían sido secuestrados por grupos paramilitares que actuaron en pleno día en esta capital”.
La nota señala que “mientras tanto, el presidente Vinicio Cerezo mantenía silencio en relación con el clima de violencia, y la Policía seguía sin dar con el paradero de los asesinos”. La AEU responsabilizaba al gobierno, pero Roberto Valle, ministro de Gobernación, rechazó las acusaciones e indicó que los autores eran “grupos extremistas interesados en desestabilizar” al presidente.
El 21 de septiembre Inforpress reportó que durante las semanas anteriores “las protestas a nivel nacional e internacional crecieron y subieron de tono, exigiendo al gobierno una efectiva voluntad política para investigar, castigar y terminar con la ola de crímenes”.
El rector panameño Abdiel Adamez, presidente del Consejo Superior Universitario Centroamericano, envió a Cerezo un documento señalando que los crímenes “fueron ejecutados por escuadrones de la muerte pertenecientes al ejército guatemalteco”.
El ministro de la Defensa Héctor Alejandro Gramajo afirmó que los terroristas eran militares disidentes de extrema derecha, prófugos luego de una intentona golpista. Al mismo tiempo dejó entrever que no desechaba la versión del volante “por la dignificación de la AEU”.
Cerezo por su parte dijo que no podía “negarse la posibilidad de que fuerzas de seguridad del Estado” estuvieran “involucradas en el terrorismo”, ya que aún existían personas que continuaban “pensando que todos los miembros de las organizaciones populares son comunistas y subversivos, y que por tanto deben morir”.
El presidente añadió que tenían la “certeza que muchas de esas gentes” estaban “siendo utilizadas por políticos que en el pasado estuvieron comprometidos con la represión”, y que el objetivo de su gobierno era “colocar a estas personas ante los tribunales”.
Pero a los ojos de la comunidad estudiantil, el autor era el gobierno, que buscaba “intimidar a la población universitaria para replegarla”. Por su parte la guerrilla creía que las acciones provenían “de la sección del ejército G-2”, y que las órdenes las giraba el alto mando, señaló Inforpress.
El informe de la CEH señala que el 18 de septiembre de 1989 Alejandro Gramajo indicó en una reunión con las organizaciones Americas Watch, Amnistía Internacional y Washington Office on Latin America (WOLA) “que los propios estudiantes eran los responsables de las desapariciones y ejecuciones”, y el 28 de septiembre siguiente le dijo a la agencia Reuters “que los responsables, en tres de los casos, eran traficantes de drogas y, en el resto, de la URNG”.

El mismo informe recoge que el 10 de septiembre de 1989 se solicitó a la Sección de Homicidios del Departamento de Investigaciones Criminológicas que investigara los asesinatos. El DIC envió los resultados el 27 de enero de 1992. Estos “no arrojaron conclusiones serias ni fundamentadas que ayudaran de modo efectivo al proceso, llegándose a señalar, incluso, al entonces rector de la universidad de San Carlos, entre otras personas, como responsable del asesinato”.
El 18 de septiembre La Opinión informó que representantes del Servicio Universitario Mundial, SUM –el que convocara a aquel congreso estudiantil a finales de 1987– viajaron a Guatemala, “consternados por los hechos violatorios de los derechos humanos”.
Pero el presidente Cerezo no recibió a la comisión del SUM, así que le escribieron una carta abierta que, ante el asombro de Cerezo y quienes lo acompañaban, le entregaron interceptándolo cuando salía del Congreso.
La carta decía que los secuestros y asesinatos provocaron estupor y repudio internacional, pero el gobierno optó “por la pasividad institucional y por las declaraciones equívocas que intentan crear confusión en torno a los orígenes y los autores de una violencia que sólo puede ser considerada como paramilitar”.
El SUM demandaba a Cerezo, como presidente, comandante en jefe del ejército y “dirigente de un partido que afirma sostener ideales humanitarios, a que cese la represión y se garantice el ejercicio de una real democracia”, exigiendo “la aparición con vida de los estudiantes detenidos, el castigo a los culpables y la indemnización a los familiares de las víctimas, así como el respeto a la integridad física de los mismos”.
El 30 de agosto de 2005 el vicepresidente Eduardo Stein reconoció la responsabilidad gubernamental, y pidió “públicamente perdón porque el Estado no garantizó la vida y la integridad de estos estudiantes”.
Ángel Cabrera, hijo de Carlos Humberto, dijo que luego de 16 años era un primer paso, pero que esperaba “llegar al objetivo principal que es llevar a la justicia a los asesinos, con nombres y apellidos, con rangos militares de coronel o general, lo que queremos es que asuman su responsabilidad”.
Recuerdos
En el año 2010, Redes 89 y la Universidad de San Carlos produjeron el documental Pintando alas de mariposa al final del arcoíris, que conmemora las desapariciones en la dirigencia estudiantil de 1989.
Ahí puede verse a doña Silvia Utrera, madre de Silvia Azurdia, quien recuerda: “Ya cuando estaban en la morgue, era una escena muy dolorosa, verlos todos acuchillados como los habían dejado. Pero había algo que me impresionó más: en el semblante de ambos había una paz, su cabecita ladeada como que estuvieran durmiendo, y sonriendo en los labios. Entonces eso me calmó porque dije: están satisfechos de la vida que llevaron, que cumplieron la misión que se habían propuesto”.
Arminda Gramajo, hermana de Hugo Leonel, recuerda que el mismo día de su desaparición, cuando salió de su casa le dijo que tuviera cuidado, pues la persecución contra los universitarios era entonces muy violenta. “Es que mire –me dijo–, si yo no lo hago, la patria me lo va a reclamar”.
La mamá de Carlos Chutá Camey recordó: “Ya una funeraria estaba en la puerta de mi casa. Me dijeron: ‘Fíjese que en las noticias esto y esto que apareció su hijo, que está muerto en tal parte’. Pero cuando llegamos ya no había nada, ya los habían levantado. Entonces me fui para la morgue. Me dieron permiso para entrar a verlo, pero mis hijos no me dejaron. No sé cómo estaría él. O sea que los tiraron, no sólo a él, a los demás, como unos perros”.

El 23 de agosto de 2024 se difundió en aplicaciones de mensajería un texto de Miguel González Moraga, quien recuerda que “la primera semana de agosto de ese año, en la cafetería del Instituto Guatemalteco Americano (IGA), fue la última vez que vi a Víctor y Silvia. Por ellos descubrí y valoré a Luis Cardoza y Aragón, a Benedetti y Neruda, a Silvio Rodríguez y Pablo Milanés. Todos virtualmente proscritos en esa época. Por supuesto, también comencé a leer a Lenin y a Marx, junto con la Perestroika, de Gorbachev”.
Miguel González recuerda a Aarón como un buen bromista, que además les hablaba de Bakunin, Marx, Poulantzas, Gramsci, Althusser o Trotski. Sobre Mario Arturo señala que, luego de la conferencia de prensa en la que participó junto a la mamá de Silvia y otro estudiante de agronomía “desapareció, después de pasar un retén del Servicio de Protección Civil (SIPROCI), de la Policía Nacional”.
En septiembre de 1999 Luis Santiago publicó en el periódico La Cuerda el texto Un minuto de aplausos para Silvia. Ahí recuerda que a ella “no le gustaba comentar sobre su vida. Sin embargo, nos enteramos que se interesó por los problemas nacionales y buscó participar en la solución de estos desde su época colegial. Luego fue activista en el Frente Estudiantil Robin García en la USAC y –a principios de los años 80– se integró, como cuadro político, a las Fuerzas Armadas Rebeldes (FAR)”. Santiago señala que “los responsables políticos de Silvia eran Nicolás Sis y Roberto Velásquez”. Este último era Danilo Rodríguez Gálvez, que en septiembre de 1999 se desempeñaba como fiscal del Ministerio Público en Izabal.
Luis Santiago dijo que “se identificó a Edgar William Ligorría Hernández, infiltrado por el ejército en la Organización del Pueblo en Armas (ORPA) en 1987”. Dijo también que “los nombres de los ejecutores quizá nunca se conocerán”.
El 29 de octubre de 2020 Rafael Gutiérrez escribió en Informe Fracto que “uno de los líderes estudiantiles más activos y carismáticos jugó el papel de infiltrado y fue, en buena medida, el responsable del desmantelamiento de AEU: Edgar Ligorría Hernández”. Gutiérrez recuerda también que a raíz de los secuestros “la Coordinadora Estudiantil Ejecutiva de AEU convocó a marchas casi diarias, marchas donde la indignación, el asco y la solidaridad detonaron una unidad estudiantil pocas veces vista”.
El 24 de agosto de 2020 Fredy Gómez Mendoza publicó Guatemala: Cómo dueles 23 de agosto 1989, fecha del secuestro del compa Control, en Noticias Comunicarte. Ahí recuerda que cuando el 23 de agosto de 1989 llegó a la sede de la AEU se enteró de los secuestros de Silvia, Víctor y Aarón. Esa mañana la Facultad de Ciencias Económicas había publicado campos pagados responsabilizando al gobierno por la desaparición de Iván Ernesto, Carlos Ernesto y Hugo Leonel.

En la AEU decidieron programar una conferencia de prensa para esa misma noche. Mario Arturo de León, miembro de la Coordinadora Estudiantil Ejecutiva, acompañaría a doña Silvia Utrera, madre de Silvia Azurdia.
Al salir le sugirieron a Mario Arturo que tomara todas las medidas de seguridad, y se separaron por rumbos diferentes. A Mario lo acompañaron algunos estudiantes de Agronomía. El resto se hospedó en casas de distintos simpatizantes de confianza.
Al día siguiente Fredy se enteró del secuestro de Mario Arturo. El miedo que sintió al enterarse de los secuestros del día anterior se incrementó. Aún así, los pocos que quedaban en la AEU tomaron un megáfono y organizaron manifestaciones.
La última a la que Fredy asistió, una tarde gris en que la llovizna “pronosticaba poca participación”, la madre de Silvia y un grupo de estudiantes “agitaron” en distintos edificios. Finalmente, unas tres mil personas se congregaron en la Plaza Oliverio Castañeda para salir esa misma noche por la calzada Aguilar Batres, llevando playeras con los nombres de las personas desaparecidas e iluminándose con antorchas.
“Sabía que era mi última marcha, atendiendo la recomendación de proteger mi vida, entre tristeza e incertidumbre antes de llegar a la Bolívar me mezclé entre participantes y salí para otros rumbos”.

Fredy recuerda que en 1986 conformaron la Coordinadora Estudiantil Universitaria (CEU), donde Mario Arturo fue apodado Control por su cualidad de escuchar callado y sólo opinar en el momento oportuno. Fueron perseguidos por tipos armados del grupo de derecha FUERZA luego de colocar una manta, participaron en obras de teatro, manifestaciones y otras actividades, como la organización de la Unidad de Acción y Solidaridad Estudiantil, y fueron amenazados por el Jaguar Justiciero y el Ejército Secreto Anticomunista durante la Huelga de Dolores de 1989, mientras implementaban controles para transparentar el uso de los recursos y evidenciaban “la apropiación indebida de un aporte al movimiento de Huelga por parte del oreja Willy Ligorría”. Varios miembros del Honorable Comité de Huelga de Todos los Dolores tuvieron que salir al exilio.

Fredy González nos dice que no debemos “olvidar nuestros sueños por una Guatemala donde reinará la equidad, justicia y democracia”, y dirigiéndose a Mario Arturo, que “no se puede dejar en el tintero nuestra militancia revolucionaria, de la cual fuiste fiel guardián, compartimentando nuestros nombres a costa de tu libertad y quizá de tu vida. Mario de León, mientras no nos digan tu paradero, seguirás viviendo en cada lucha y nos darás aliento para no claudicar”.
¿Quiénes fueron?
El semanario Inforpress señaló el 31 de agosto de 1989 que la “ola de represión en contra de los sectores populares” se daba “inmediatamente después de concluirse la huelga de los empleados del sector público”.
Desde la universidad encontraba su explicación “en la ofensiva desestabilizadora de la extrema derecha”, donde podía incluirse a sectores del ejército, pero que actuaban “con mecanismos divorciados de la política general del gobierno”.
Inforpress presentó otra versión, que explicaba la represión en el fracaso del proyecto de la Democracia Cristiana por cooptar el movimiento popular, y en “la necesidad de eliminar en los últimos meses de gobierno lo que significaría ‘un peligro para el próximo’”. Esta opción se veía reforzada por las “muestras de revitalización de comandos urbanos” guerrilleros que recientemente habían realizado acciones como el ataque al Cuartel General Justo Rufino Barrios en la capital.
El semanario señaló también que “en medio de amenazas y asesinatos contra los actores del diálogo, el ministro de la Defensa, Héctor Alejandro Gramajo, aplaudiendo el pluralismo político que está propiciando el actual régimen, indicó ‘que los marxistas están representados en el diálogo nacional, bajo la sombrilla de alguna organización popular’”.
Por su parte, la embajada de los Estados Unidos en Guatemala reprodujo en un informe que en octubre de 1989 dirigió al Departamento de Estado, citado por la CEH, las palabras de una fuente sin identificar que indicaba que “el descaro y la seguridad con que actuaron y la pericia técnica demostrada por los secuestradores parecería implicar a personas integrantes de las fuerzas de seguridad”.
La Opinión publicó el 8 de octubre de 1989 un reportaje especial de Vladimir Huber sobre “un tribunal organizado por el Centro de Información de Guatemala” que se realizó “en una sala de la alcaldía de la ciudad de Los Ángeles” y en el que la vicealcaldesa Grace Davis dio la bienvenida al acto.
Un dirigente de la AEU, “quien pidió no ser identificado por temor a represalias una vez que regrese a Guatemala”, testificó ante el tribunal, y dijo a La Opinión que “del 21 de agosto al 1 de septiembre de 1989 fueron secuestrados diez estudiantes miembros de la AEU. Cinco de ellos fueron tirados muertos y mutilados, cerca de la universidad por miembros que se suponen de las fuerzas de seguridad, debido a los vehículos que usaban, según dijeron testigos de cuando los cadáveres fueron tirados”. Las heridas de bala eran “de un alto calibre normalmente usado por el Ejército y los escuadrones de la muerte”.
El dirigente declaró que “de los otros cinco estudiantes no hemos vuelto a saber de ellos. Seguramente están muertos. La AEU ha agotado todos los mecanismos legales con el Gobierno, sin obtener ningún resultado. También se han hecho marchas de protesta y denuncias a organismos internacionales, pero nadie ha sido detenido, ni esperamos que sea detenido”.

Mártires del 89 en Guatemala, de Maugdo Vásquez
El reportaje de Vladimir Huber agregaba que con la llegada de Cerezo “hubo confianza en que la situación de los derechos humanos cambiaría, y en un comienzo fue así”, pero todo había “vuelto a empeorar”. Se pensaba “que Cerezo hizo un pacto con los militares antes de tomar el mando, para que le permitieran hacerlo”.
El Tomo II del informe de la ODHAG señala en su introducción que “la violencia en Guatemala ha estado marcada directamente por el papel predominante de los aparatos de inteligencia militar, que llevaron a cabo innumerables acciones violentas para eliminar la disidencia política”.
Estos implementaron “un sistema de vigilancia continua, llevada a cabo especialmente por informantes civiles (orejas), comisionados militares, o las propias estructuras de contrainteligencia, conocidas habitualmente como G2”.
Generalmente “las acciones represivas se llevaron a cabo de una manera clandestina, para evitar la identificación de sus autores. De esta manera, la violación sistemática de los derechos humanos y la impunidad constituyeron una parte central de sus actuaciones” explica el REMHI.
El informe señala en su apartado sobre la D-2 que “los documentos desclasificados definen a la inteligencia militar como el aparato del Ejército dedicado a encontrar y eliminar gente de la izquierda a través de tres operaciones: desaparecerlos, eliminarlos en público o invitarlos a dejar el país”.
Al no haberse realizado nunca ninguna investigación penal, y al ser las unidades de inteligencia estructuras sumamente secretas, es difícil determinar la identidad de los actores directos. Pero, ya sea por omisión –aunque no sería insólito que alguna de las personas mencionadas a continuación haya participado activamente–, las autoridades de entonces tienen una importante cuota de responsabilidad. No es un hecho menor que de las 13 personas mencionadas, 8 sean graduadas de la Escuela de las Américas –el célebre centro estadounidense de adiestramiento para torturadores–, y que 11 fueron agentes de inteligencia.
Estas eran el licenciado Marco Vinicio Cerezo Arévalo, presidente constitucional de la República y comandante general del Ejército; el general de división Héctor Alejandro Gramajo Morales, ministro de la Defensa y su viceministro el general de brigada Raúl Molina Bedoya; el jefe del Estado Mayor de la Defensa Nacional general de brigada Manuel Antonio Callejas y Callejas y el subjefe coronel Juan Leonel Bolaños Chávez; el director de Inteligencia del EMDN, coronel de infantería Luis Francisco Ortega Menaldo y su subdirector el teniente coronel Felipe Alonso Ochoa Montero; el jefe del Estado Mayor Presidencial coronel Edgar Augusto Godoy Gaitán y el subjefe coronel Sergio Arnoldo Camargo Muralles; el jefe del Departamento de Seguridad Presidencial –la sección de inteligencia del EMP, anteriormente conocida como el Archivo y la Regional– mayor Juan Valencia Osorio y su subjefe el mayor Juan Guillermo Oliva Carrera; el ministro de Gobernación licenciado Roberto Valle Valdizán; el director general de la Policía Nacional –y ex subdirector de Inteligencia– coronel de infantería Giovanni Valerio Cárdenas y los jefes del Departamento de Investigaciones Criminológicas (DIC), el Quinto Cuerpo y el Sistema de Protección Civil (SIPROCI), entre otros.