Las dos instancias de prensa, que durante su estancia en El Salvador se entrevistaron con periodistas, directores de medios de comunicación, organizaciones periodísticas y representación del gobierno, concluyeron que el Estado ha censurado a la prensa con agravamiento desde que entró en vigencia el régimen de excepción en 2022.
Por Simón Antonio Ramón
Una Misión Conjunta entre la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) y el Comité de Protección para Periodistas (CPJ), visitaron El Salvador los días 9 al 11 de septiembre para analizar la situación del ejercicio periodístico en el país centroamericano gobernado por el presidente Nayib Bukele.
Quienes integraron la misión manifestaron, en un comunicado, que el agravamiento en contra de las libertades de expresión y de prensa en ese país centroamericano, se exacerbaron durante el estado de emergencia impuesto por el gobierno de Nayib Bukele, desde marzo de 2022.
Los hallazgos
Las organizaciones dieron a conocer al menos siete hechos que afectan la labor informativa del gremio periodístico y medios de comunicación en El Salvador. Señalaron que, “el gobierno salvadoreño restringe severamente el acceso a la información pública y ha debilitado el instituto gubernamental encargado de garantizar ese derecho ciudadano”. agregaron que “periodistas denuncian una creciente estigmatización, acoso y amenazas por parte de militantes gubernamentales y figuras del Gobierno, incluyendo el propio presidente Bukele, altos funcionarios y diputados oficialistas”.
Desde la implementación del estado de emergencia, en 2020, se inició una serie de limitaciones constitucionales fundamentales, la confidencialidad de la correspondencia privada y se habilitan detenciones sin orden judicial “lo que crea un clima de intimidación y autocensura entre quienes ejercen el periodismo”. Organizaciones de periodistas denunciaron que hay periodistas, “decidieron abandonar la profesión por temor a represalias”.
En los encuentros con periodistas salvadoreños se señaló que al menos 35 fueron espiados por el gobierno, en 2020 con el uso del software Pegasus. También hablaron sobre “la existencia de un “ejército digital” de contratistas tecnológicos y troles para difundir desinformación, hostigar a críticos y amplificar la propaganda oficial”.
Gobierno niega los señalamientos
En el comunicado la SIP y CPJ señalan que el Comisionado Presidencial para Derechos Humanos y Libertad de Expresión, Andrés Guzmán Caballero, “negó que exista persecución contra la prensa y aludió a la inexistencia de casos de periodistas encarcelados o asesinados”. Además, el funcionario “rechazó las estadísticas de la Asociación de Periodistas de El Salvador (APES) que reflejan una fuerte escalada de agresiones contra la prensa en el último año, alegando que no comparte la metodología”, informaron.
El informe anual de la APES señaló que, en 2023, se registraron 311 agresiones para periodistas a nivel nacional, 39 por ciento más que en el año 2022.
Hay censura dice el presidente de la SIP
En una entrevista con el presidente de la SIP, Roberto Rock, el director del medio Silla Rota, de México, publicada en La Prensa Gráfica de El Salvador, calificó que la situación que atraviesa la prensa salvadoreña es catalogada como censura que usa eufemismos para no ser señalado como tal.
“La censura indirecta es lo que está pasando más claramente en El Salvador: cuando hay acoso judicial, acoso político, insultos contra periodistas, cuando hay amenazas de leyes que los pueden llevar a la cárcel, cuando se habla de la Ley de agentes extranjeros o la Ley mordaza, que está ahí está latente”, señaló Rock.
El presidente de la SIP señaló, que según los parámetros del Índice de Chapultepec con el que se rige el compromiso de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial para garantizar la libertad de prensa, muestra el sentido contrario de su responsabilidad institucional.
“Tratándose de El Salvador, la calificación es negativa por considerar que en ninguno de esos tres ámbitos existe una debida consideración sobre la importancia de la libertad de prensa y de la libertad de expresión”, dijo Roberto Rock.
La Misión fue integrada por Roberto Rock de la Silla Rota y presidente de la SIP y Cristina Zahar, coordinadora del programa de América Latina del CPJ, el expresidente de la SIP, Michael Greenspon, director global de Licencias e Innovación de Impresión de The New York Times, Estados Unidos; la presidenta del Comité Ejecutivo, Gabriela Vivanco, directora de La Hora, Ecuador; el director ejecutivo Carlos Lauría y por CPJ, la investigadora para Centroamérica, Dánae Vilchez.
