El Ministerio de Gobernación (MINGOB) retoma la Instancia de Análisis de Ataques al Derecho de Personas Defensoras de Derechos Humanos a través del acuerdo ministerial 214-2024.
Por Simón Antonio Ramón
En el Diario de Centroamérica se publicó, este jueves 28 de agosto, el Acuerdo Ministerial 214-2024 sobre la creación de la Instancia de Análisis de Ataques al Derecho de Personas, Organizaciones, Comunidades y Autoridades de Pueblos Originarios a Defender Derechos Humanos, que será en cabezada por el Ministerio de Gobernación (MINGOB).
Esta instancia tendrá la función de analizar los patrones de violencia contra defensoras y defensores de derechos humanos, también propondrá recomendaciones para la investigación y protección de las personas afectadas.
Conformación de la Instancia
Estará encabezada por el ministro de Gobernación, el primer y tercer viceministro de Gobernación, el director general de la Dirección General de Inteligencia Civil; el director general de la Policía Nacional Civil (PNC), quien nombrará un miembro de la Dirección Especializada en Investigación Criminal (DEIC) y de la División de Protección de Personas y Seguridad.
El acuerdo ministerial establece siete instancias tanto estatales y de la cooperación internacional y del Sistema de Naciones Unidas que participarán como invitadas. Participará la Comisión Presidencial por La Paz y los Derechos Humanos (COPADEH); un representante de Autoridades de Pueblos Originarios; representante de sectores y organizaciones de derechos humanos.
Un representante de la cooperación internacional; un representante del Procurador de los Derechos Humanos (PDH) en calidad de observador; un representante de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) en calidad de observador y asistencia técnica.
Origen del mandato
Entre los considerandos del Acuerdo Ministerial 214-2024, para la conformación de la instancia, se menciona una resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) sobre el caso Defensor de Derechos Humanos y otros versus Guatemala, en 2014, que estableció como obligación del Estado guatemalteco diseñar una política pública de protección para defensores y defensoras de derechos humanos.
El registro de la Corte Interamericana del caso resuelto registra que, el 20 de febrero de 2004, una persona -con nombre protegido por la Corte- denunció al Centro de Mediación del Organismo Judicial de Escuintla y señaló que fue víctima de amenazas por parte de otra persona por su labor como defensora en la comunidad.
El 20 de diciembre de 2004 el cadáver de su padre fue encontrado en la cinta asfáltica, con tres impactos de proyectil de arma de fuego. Como consecuencia de ello, se puso en conocimiento de la Procuraduría de Derechos Humanos y del entonces alcalde municipal de Santa Lucía Cotzumalguapa la existencia de actos intimidatorios en contra de la persona denunciante.
El 21 de enero de 2005 la persona afectada presentó una denuncia ante el Ministerio Público, señalando que fue víctima de un atentado, el 14 de enero de 2005, mientras se dirigía en un picop de Santa Lucia Cotzumalguapa hacia Escuintla. Sin embargo, el caso fue desestimado el 28 de febrero del 2008 por el Juzgado de Primera Instancia de Santa Lucia Cotzumalguapa.
El caso fue remitido a la Corte Interamericana por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el 17 de julio de 2012. La sentencia fue emitida el 28 de agosto de 2014, en la cual se señaló que el Estado tenía del deber de protección sobre la vida de la persona afectada.
Un esfuerzo desde el gobierno de Álvaro Colom
La discusión sobre la creación de la Instancia se originó durante el gobierno de Álvaro Colom, informó Jorge Santos de la Unidad de Protección para Defensoras y Defensores de Derechos Humanos (UDEFEGUA), y enfrentó dificultades en los gobiernos de Otto Pérez Molina y Jimmy Morales. Durante el gobierno de Morales la instancia fue desnaturalizada por el entonces ministro de Gobernación, Enrique Antonio Degenhart Asturias.
Durante el gobierno de Alejandro Giammattei fue una de las instancias que desapareció junto con el cierre de instituciones creadas a partir de los Acuerdos de Paz. Pese a que existía un consenso de su creación, en 2020, fue publicado el Acuerdo Ministerial 292-2020, cuando Oliverio García Rodas estaba a cargo del Ministerio de Gobernación, pero fue derogado dos días después y posteriormente se conoció la renuncia del exministro García Rodas.
Valoraciones a la nueva instancia
Con el gobierno de Bernardo Arévalo se hizo una convocatoria, en enero pasado, para sentar las bases y establecer acuerdos mínimos sobre su funcionamiento. “Hasta con este nuevo gobierno y la llegada de Francisco Jiménez se nos vuelve a convocar a organizaciones de sociedad civil de defensa de derechos humanos para retomar un instrumento que, a manera de mecanismo de protección, permita realizar acciones desde el Ministerio para brindar acciones de protección”, dijo Jorge Santos.
Nery Rodenas, director de la Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado de Guatemala (ODHAG), dijo que las organizaciones de la sociedad civil deben tener un papel activo en el desarrollo de las acciones de esta instancia. “Es importante que se contribuya y se haga presencia, porque hay mucha criminalización, hay que evidenciar adecuadamente cuáles son los casos que se están dando”, señaló Rodenas.
Desde la publicación del Acuerdo Ministerial 214-2024, exfuncionarios y diputados de los partidos políticos que llevaron al gobierno a Jimmy Morales y Alejandro Giammattei, han pedido la derogación de este acuerdo. Al consultar a Santos y Rodas sobre esta posición coinciden en que la petición es peligrosa e invisibiliza la violencia contra las y los defensores de derechos humanos.
El 23 de agosto, la COPADEH informó que Guatemala está bajo fiscalización internacional por detenciones arbitrarias en tres casos: de Sergio Alfredo Herrera Acevedo, detenido el 12 de abril de 2019; Virginia Laparra, detenida el 23 de febrero de 2022; y el periodista Jose Rubén Zamora Marroquín, detenido el 29 de julio de 2022.
En esa comunicación la COPADEH señaló la importancia para el gobierno de atender los estándares internacionales en materia de derechos humanos. “Por lo que el Ejecutivo se orienta a asegurar que las políticas y las acciones estatales no solo cumplan con los estándares internacionales, sino que además promuevan un entorno en el que los derechos humanos a todas y todos se protegen y respeten en todos los niveles”, publicó COPADEH.
