Fiscales del Ministerio Público (MP) y representantes de la Universidad de San Carlos (USAC) mintieron en repetidas ocasiones ante los comisionados durante la mesa temática sobre la situación de la libertad de expresión y la libertad académica ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Para las y los comisionados está claro que ambas instituciones son herramientas para la persecución penal de quienes luchan contra la corrupción e impunidad en Guatemala.

Por Prensa Comunitaria

El 10 de julio pasado la CIDH realizó una serie de sesiones temáticas. Para Guatemala se estableció la mesa “sobre la situación de la libertad de expresión y la libertad académica”, con el objetivo de escuchar a quienes están siendo afectados por la represión y criminalización a lo interno de la Universidad.  La CIDH también establece como mecanismo para atender las denuncias recibidas escuchar al Estado, en este caso, a la USAC, al MP y a la Comisión Presidencial para los Derechos Humanos (COPADEH).

Durante la reunión se habló sobre la crisis política interna que atraviesa la USAC desde abril de 2022 con el fraude en la elección a rector y la criminalización de quienes desde el Consejo Superior Universitario (CSU) son considerados opositores.

Crisis usada por el MP de Consuelo Porras para promover casos arbitrarios en contra de diputados del partido Movimiento Semilla, estudiantes, docentes, trabajadores de la USAC, activistas, incluso para promover un impeachment o juicio político contra el presidente Bernardo Arévalo y la vicepresidenta Karin Herrera.

Te explicamos en once puntos las mentiras que personas como Hipólito Crispín Casia Rodríguez en representación de Walter Mazariegos Biolis y los delegados del MP, Eduardo Mejía Calito y Miguel Estuardo Ávila, dieron en repetidas ocasiones a la CIDH.

Mentira 1 

Que no existen anomalías en la elección de rector

Sobre las impugnaciones realizadas contra la elección de rector de la USAC el 14 de mayo de 2022 en el Parque de la Industria, el representante de Walter Mazariegos, Hipólito Casia Rodríguez afirmó que “la inconformidad en el resultado de elecciones no produce ningún agravio a los peticionarios, los cuales han interpuesto más de nueve impugnaciones de carácter administrativo en la USAC, pero fueron acciones declaradas sin lugar de conformidad con la norma universitaria”.

Sin embargo, durante la sesión del 25 de mayo de 2022 registrada en el acta 20-2022 en la cual se conocieron las impugnaciones presentadas se documentan varias anomalías como el incumplimiento a estatutos de la USAC, normativas y protocolos, amenazas y expulsiones de consejeros de la sesión.

El contenido de las impugnaciones no fue debidamente revisado por los consejeros del CSU a quienes el secretario de la USAC, Gustavo Taracena no les permitió conocer las mismas hasta iniciada la sesión.  La sesión no fue convocada con anticipación con lo que se violó el artículo 12 del estatuto universitario que establece que “las sesiones ordinarias se celebrarán durante la segunda y cuarta semanas de cada mes, debiendo la Secretaría del Consejo hacer las citaciones respectivas con una anticipación no menor de dos días, acompañando el proyecto de Agenda de la Sesión”.

Para evitar que los consejeros conocieran de fondo los argumentos planteados en las impugnaciones el representante docente de Humanidades y entonces director de Asuntos Jurídicos, Luis Lucero Cordón, propuso que las impugnaciones se agruparan y conocieran de 5 en 5, situación que fue registrada en el acta con el voto razonado del decano de Facultad de Veterinaria, Rodolfo Chang Shum.

“Dejo constancia de que voté porque se conocieran recurso por recurso, ya que la documentación se recibió, en el momento de iniciada la sesión”, señaló Chang.

Además, durante esta sesión el consejero estudiantil Camilo García informó que fue amenazado vía telefónica luego de ser expulsado de la sesión. Otros consejeros de oposición también señalaron haber sido expulsados de manera arbitraria.

Mentira 2

 “Los amparos fueron declarados sin lugar”

Casia aseguró que “se presentaron más de 24 amparos, los cuales también fueron declarados sin lugar, en consecuencia, el proceso de elección fue objeto de los remedios procesales establecidos”.

Esto ha sido desmentido por quienes presentaron los recursos de amparo, ya que ninguno ha sido notificado de las resoluciones. En la Sala Quinta de lo Contencioso Administrativo permanecen estancados y sin conocerse los amparos contra la “elección de rector”.

Mentira 3

“Respeto a las normativas universitarias”

El abogado de la USAC mintió al asegurar que “el proceso de elección a rector fue objeto, de los remedios procesales establecidos y que se han respetado siempre las normativas universitarias en cuanto al tema”.

Sin embargo, el reglamento de elecciones de la USAC fue violentado, al no anularse las elecciones por haberse incurrido en vicios fundamentales estipulados en el artículo 73.  La elección estaba prevista para el día 27 de abril de 2022 pero no se realizó. Al no concretarse ese día el acto de elección era necesario seguir el procedimiento del estatuto universitario que establecía una nueva convocatoria un mes después, tiempo mínimo estipulado.

La comunidad universitaria presentó denuncias penales por fraude, coacción, violencia, amenazas y porque Mazariegos no reúne todos los requisitos establecidos en ley para ser rector. Las denuncias no han sido atendidas por el ente investigador.

Mentira 4

Que no se ha hecho uso de la violencia ni de represión

Durante su exposición, Casia afirmó que “las autoridades de la USAC no han ejercido ninguna acción de agresión a ninguna persona individual o colectiva, sino únicamente se ha circunscrito al cumplimiento de la ley” y que “durante la toma de edificios universitarios por 385 días nunca se ejerció la fuerza pública ni privada en contra de las personas que tomaron las instalaciones de forma ilegal”.

Sin embargo, Casia omitió mencionar el uso de grupos paramilitares, grupos de choque y la presencia de la Policía Nacional Civil (PNC) el 14 de mayo de 2022 durante la elección ilegal de rector en el Parque de la Industria. Tampoco mencionó el atentado contra la resistencia universitaria el 4 de agosto de 2022, dirigido por Luis Pedro Ortiz y Ronnie Hiram López, miembros del CSU afines a Mazariegos, junto con el grupo de choque conocido como los “Jamones”.

En una acción similar, fueron reprimidos los estudiantes del CUNOC en Quetzaltenango, por grupos de choque promovidos por la dirección de ese centro universitario afines a Mazariegos.

El abogado también pasó por alto los incidentes de violencia, incluyendo la participación de Ronnie Hiram López, jefe de seguridad de la USAC, en agresiones contra estudiantes. El 19 de abril de 2024, López, acompañado de un grupo de encapuchados, agredió a una universitaria por manifestarse en contra de Mazariegos.

Denuncian a jefe de seguridad de la USAC por agresión en protesta estudiantil

Las agresiones en la USAC han sido registradas por la Unidad de Protección a Defensoras y Defensores de Derechos Humanos de Guatemala (UDEFEGUA), que documentó 19 agresiones en 2022 y 48 en 2023.

Mentira 5

Clases virtuales para enfrentar la toma de los edificios de la USAC

El abogado de la USAC en un intento por defender a Mazariegos y a las autoridades plegadas a él afirmó que por la violación al derecho de libertad académica, “el Consejo Superior Universitario instauró programas de educación virtual para disminuir los efectos nocivos producto de los vejámenes en contra de la comunidad universitaria por el impedimento, irrupción y obstaculización en el ingreso a las instalaciones universitarias”.

Sin embargo, los programas virtuales fueron implementados en 2020 para enfrentar la pandemia de COVID-19.  La pandemia fue la excusa utilizada por el CSU para no regresar a la presencialidad hasta principios de 2024.

Además, una de las  páginas web de la universidad documentó una serie de actos públicos realizados durante el año en que las instalaciones estaban tomadas por los universitarios, que contradicen el argumento de Casia Rodríguez.

Mentira 6

Que la toma de edificios afectó a los estudiantes de EPS de medicina

La representación de la USAC señaló que la ocupación universitaria afectó a los estudiantes de medicina, impidiéndoles realizar el Ejercicio Profesional Supervisado (EPS):

“los estudiantes de la carrera de médico y cirujano que les correspondía realizar su ejercicio profesional supervisado no eran recibidos en los hospitales porque incumplían a consideración del Ministerio de Salud en los procesos formativos, todo por no tener acceso a las instalaciones universitarias”, aseveró Casia.

Contrario a lo dicho por Casia, los estudiantes liberaron el Centro Universitario Metropolitano (CUM) para permitirles iniciar sus actividades en los hospitales. Sin embargo, los estudiantes sí enfrentaron problemas por la falta del pago de becas del Ministerio de Salud, que causó que el 18 de diciembre del 2023, los estudiantes de medicina se declararan en paro hospitalario en protesta.

Mentira 7

“Hurto de discos duros y datos sensibles”

Casia Rodríguez señaló que durante la toma de edificios por parte de los que se opusieron a la elección de Mazariegos “hubo hurto de discos duros, y la posibilidad de divulgación de datos sensibles o venta de base de datos para usos desconocidos, ingeniería inversa con propósito desconocido”.

Pero en ninguna de las denuncias presentadas por la USAC se señaló este supuesto hurto, los delitos por los que se criminaliza a los universitarios son: usurpación agravada, sedición, depredación de bienes culturales y asociación ilícita, basados en los actos violentos provocados por trabajadores de la DIGA en un intento por desalojar extrajudicialmente a los estudiantes en el Campus Central el día 4 de agosto de 2022.

Mentira 8

“Persecución de ocupaciones ilegítimas”

Miguel Ávila en representación del Ministerio Público señalo que “el MP rechaza rotundamente la existencia de cualquier estrategia para silenciar a personas o colectivos que defienden derechos humanos, así como utilizar acciones judiciales para acosar a esa personas o colectivos, y también rechazó y negó todo tipo de señalamiento relacionado a la criminalización en el ejercicio de la libertad de expresión y libertad académica”.

Sin embargo, el mismo MP ha instrumentalizado las denuncias penales para criminalizar, perseguir y sancionar a 27 personas entre estudiantes, profesores, trabajadores de la Universidad de San Carlos de Guatemala, defensores de derechos humanos, periodistas y a candidatos políticos contrarios a las estructuras de la corrupción.

Mentira 9

Supuestos ocupantes extranjeros

Según la versión del Ministerio Público, “las instalaciones de la USAC fueron tomadas por supuestos estudiantes, catedráticos, sindicalistas y otras personas nacionales y extranjeras con tintes políticos que no pertenecen precisamente a la Universidad”.

Pero en el caso Toma USAC: Botín Político presentado por el mismo MP, el 16 de noviembre de 2023, se giraron órdenes de captura contra 27 personas, todas plenamente identificadas como nacionales, en su mayoría estudiantes, catedráticos, sindicalistas de la USAC, y personas que no tienen relación laboral o legal con la USAC.  En el expediente no se menciona a ninguna persona extranjera.

Mentira 10

Solo señaló dos delitos y omitió dos

Ávila señaló que las acciones ocurridas durante la toma de instalaciones “constituyeron dos tipos de delitos”, más adelante explicó que las denuncias presentadas por la USAC fueron por “delito de usurpación agravada en forma continuada y por depredación de bienes culturales en forma continuada”.

El representante del MP omitió por desconocimiento o de manera adrede a la CIDH que en realidad son cuatro los delitos por los cuales se persigue a las 27 personas señaladas en el caso: sedición, asociación ilícita, usurpación agravada y depredación de bienes culturales. Y que en gran medida la investigación del MP se dirige hacia la actividad política que cada una de las personas ha desempeñado durante las elecciones generales o el proceso fraudulento en la USAC. Además, que existen otras docenas de personas de la universidad con graves sanciones administrativas en proceso.

Mentira 11

Que las denuncias fueron presentadas en diferentes juzgados

El secretario contra la corrupción del MP en cuanto a las órdenes de allanamiento, aprehensión y diferentes diligencias afirmó que “estas diferentes acciones que presentó el Ministerio público fueron repartidas aleatoriamente en diferentes juzgados y fueron los diferentes jueces los que han autorizado las solicitudes”.

Sin embargo, ha sido solo el juez Víctor Cruz quien ha manejado el caso Toma USAC: Botín Político.

¿Quiénes fueron los representantes del MP y de la USAC en esta mesa temática ante la CIDH?

USAC: Hipólito Crispín Casia Rodríguez (abogado)

El representante de la Universidad de San Carlos de Guatemala, Hipólito Casia, es uno de los asesores del Departamento de Asuntos Jurídicos de la USAC. Se graduó de abogado en 2017. En 2023 fue catedrático del curso “Teoría del Estado” para el III semestre de la misma facultad.

Ese mismo año, en representación de la USAC formó parte de una reunión de acercamiento para el proceso de preconsulta minera por el Progreso VII Derivada o mina El Tambor como consta en un acta del Ministerio de Energía y Minas. Casia Rodríguez está contratado en renglón 022 como parte del personal de la rectoría con un salario de Q20,440 mensuales.

MP: Eduardo Mejía Calito

Mejía tiene el cargo de secretario de Asuntos Internacionales y Cooperación del Ministerio Público (MP).  En junio pasado participó en varias actividades promovidas por el partido Republicano y por entidades religiosas de los Estados Unidos como el Foro Road to Majority organizado por la Coalición Fe y Libertad, espacio en el que promueven la candidatura del expresidente Donald Trump.

En 2017 fue contratado como asesor jurídico del Subjefe de Bloque Legislativo del partido FCN-Nación en el Congreso de la República por Q198,000, como se acredita en Guatecompras.

En 2013 fue acreditado como consejero en la embajada de Guatemala en Italia. Trabajó en la Cancillería durante el gobierno de Jimmy Morales hasta 2022, recibiendo una compensación económica de Q295 mil.

MP: Miguel Estuardo Ávila Vásquez

De 2013 a 2021 fue contratista del Estado según el portal de Guatecompras. Desde 2023 es el Secretario contra la Corrupción del Ministerio Público.

Ávila fue abogado defensor de Álvaro Manolo Dubón González, exsubgerente administrativo del Instituto de Seguridad Social (IGSS) acusado y condenado por el delito de fraude en esa institución, según una publicación de ElPeriodico.