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Caja de Pandora: amparan a Moisés Galindo y su caso es retirado de Mayor Riesgo

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Créditos: Prensa Comunitaria
Tiempo de lectura: 4 minutos

 

La resolución implica que la jueza de mayor riesgo “D”, Abelina Cruz, analice y determine si el proceso iniciado contra el militar y abogado Moisés Galindo, debe continuar en esa judicatura. A este caso se le conoce como “Caja de Pandora”.

Por Alexander Valdéz

La Sala Segunda de Mayor Riesgo otorgó un amparo al militar retirado y abogado Moisés Galindo, quien figura como acusado del delito de lavado de dinero en el caso “Caja de Pandora”, un proceso que evidenció presuntos hechos de corrupción que vincularon al fallecido exalcalde capitalino Álvaro Arzú, funcionarios, exfuncionarios y abogados.

El abogado, actualmente en libertad bajo arresto domiciliario, accionó contra el procedimiento utilizado para elevar el proceso a un juzgado de alto impacto. Anteriormente el caso fue conocido por la exjueza de mayor riesgo “D”, Erika Aifán, quien incluso lo envió a juicio.

La acción legal fue analizada por los magistrados quienes decidieron otorgar la protección a Galindo. Porque a su criterio, no hubo una solicitud de la fiscal general, como lo establece la normativa, para que el expediente fuera conocido en un juzgado para casos de alto impacto.

Señalan que la vinculación de Galindo Ruiz, en la causa C-01076-2013-00012, surgió como consecuencia de declaraciones testimoniales brindadas en calidad de anticipo de prueba por quien entonces fuera su defendida, Alejandra Saraí Reyes Ochoa, y no como una solicitud realizada por el fiscal general del Ministerio Público.

“De lo anterior, como tribunal de alzada advertimos un defecto esencial del procedimiento penal instaurado en contra del Amparista, pues al ser vinculado a un proceso penal preexistente y con competencia ampliada de mayor riesgo que fue determinada para sujetos y hechos específicos, se le encausó en una carpeta distinta a la que de forma natural le hubiese correspondido en la jurisdicción ordinaria, configurándose una flagrante violación al Artículo 298 del Código Procesal Penal, el cual prevé que ante el conocimiento de la comisión de un delito de acción pública, el funcionario debe comunicarlo inmediatamente al Ministerio Público para que este órgano inicie la investigación de rigor y solicite el control jurisdiccional correspondiente advirtiendo que esto implica la creación tanto de una nueva carpeta ministerial como de una nueva causa judicial; sin perjuicio de que ante esta nueva investigación se pudiesen conexar las causas o solicitarse una nueva determinación de competencia ampliada”, indica el fallo.

Ahora la jueza de Mayor Riesgo “D”, Abelina Cruz, deberá emitir un nuevo fallo con base a la resolución de la Sala. “Emitiendo nuevo pronunciamiento conforme a su propio análisis del caso, mediante el cual, sujetándose a los límites que le impone el ordenamiento procesal en el caso que es sometido a su conocimiento debiendo reencausar el proceso penal seguido en contra del amparista, garantizándole el ejercicio de sus derechos y garantías procesales”, indica.

Esa resolución favorece al militar y abogado, debido a que su caso ahora podría ser enviado a un juzgado ordinario.

¿Quién es Moisés Galindo?

Galindo fue señalado de lavado de dinero porque habría ocultado un vehículo de supuesta procedencia ilícita y propiedad del capitán Byron Lima Oliva, y que además tenía orden de secuestro. Él argumentó era que el mismo era de su propiedad y que lo recibió como pago de sus honorarios como abogado defensor.

En 2021, fue incluido en la lista de actores corruptos de los Estados Unidos.  Fue durante 25 años oficial del Ejército de Guatemala y piloto aviador de la Fuerza Aérea. Trabajó en el Ministerio Público (MP) como fiscal de la región metropolitana, durante la década de los 90. Desde entonces se ha dedicado a litigar en los tribunales como defensor de exmilitares.

Además, fue abogado del exjefe de Estado de facto José Efraín Ríos Montt, acusado de delitos de lesa humanidad y genocidio, y del expresidente Otto Pérez Molina condenado por actos de corrupción. También defendió a Lima Oliva, asesinado en prisión en julio de 2016,  y a su padre Byron Disrael Lima Estrada, sindicados por el asesinato del obispo Juan Gerardi, en abril de 1998.

El abogado enfrentó juicio junto con otros ocho militares acusados de apropiarse de Q471 millones del Ministerio de la Defensa, en 2001, durante la administración de  Alfonso Portillo. El proceso fue resuelto a su favor. Forma parte de la Fundación contra el Terrorismo (FCT) dirigida por Ricardo Méndez Ruiz.

Otro caso que no avanzó

En octubre de 2017, la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI) y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) anunciaron la investigación contra una presunta estructura criminal liderada por Byron Lima Oliva (fallecido) en el Sistema Penitenciario (SP), y que alcanzó al entonces alcalde capitalino, Álvaro Arzú, funcionarios, exfuncionarios y abogados.

En el expediente sobre las actividades ilícitas de Lima Oliva y, su entorno en el año 2014, se registraron interceptaciones telefónicas vinculadas con las negociaciones para la contratación y formas de pago de una cooperativa.

En declaración ante la jueza del caso, Alejandra Reyes (pareja de Byron Lima), proporcionó detalles de las actividades y personas con las que realizaba estos negocios de forma ilícita.

El caso señaló al exalcalde capitalino, ya fallecido, de haber recibido bienes y servicios para su campaña política por parte del Lima, que aparentemente eran pagados con fondos municipales.

La cooperativa Torre Fuerte, propiedad del capitán del ejército Byron Lima, prestó servicios entre 2013 y 2015 para la campaña política del Partido Unionista, por el que se postuló Arzú y ganó la reelección.

La investigación del MP detalló que Alejandra Saraí Reyes Ochoa, expareja de Byron Lima, conseguía facturas en blanco que entregaba a la Municipalidad de Guatemala, para recibir los pagos, las cuales se llenaban por pagos de otros servicios que no tenían relación con la propaganda del Partido Unionista. Esos gastos supuestamente fueron cancelados con dinero de la Municipalidad, perteneciente al fideicomiso de Apoyo a la Planificación Urbana.

Esta fue la presentación del caso:

Caso Caja de Pandora

 

 

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