La decisión del juez Juan José Regalado se emite por una apelación que presentó el Ministerio Público, que revocó el cierre del caso contra las autoridades comunitarias de Olopa, criminalizadas por una denuncia de Odilio Guzmán, esposo de la propietaria de la minera Cantera los Manantiales, Guillermina Landaverri.
En marzo de 2023, un juez había cerrado el caso, pero una Sala de Apelaciones de Chiquimula revirtió el fallo.
Por Simón Antonio Ramón
El juez de turno de Primera Instancia Penal de Chiquimula, Juan José Regalado, envió a juicio oral y público a cuatro autoridades comunitarias de Olopa, acusadas del delito de detenciones ilegales por la empresa minera Cantera los Manantiales.
Las autoridades que enfrentarán el juicio son: Leonor Crisóstomo Méndez Ramos, Guillermo Ramírez Pérez, Juan Carlos Pérez Canan y Fredy Giovani Ramírez Ramírez.
Durante la audiencia realizada este 12 de abril, el juez de turno se basó en una apelación del Ministerio Público (MP) que otorgó la Sala Mixta de Corte de Apelaciones de Chiquimula, que revocó el sobreseimiento al proceso penal contra las autoridades comunitarias en marzo de 2023.
El 15 de mayo de ese año, el Centro de Acción Legal para los Derechos Humanos (CALDH), que acompaña a los sindicados, presentó un recurso de casación ante la Cámara Penal en contra de la resolución de esa Sala, sin embargo, fue declarado sin lugar.
La abogada de CALDH, Jovita Tzul, lamentó la resolución de la Sala. Lamentablemente, la Sala resolvió de esa manera y para buscar una solución más rápida a la situación de ellos ya no se continuó la fase de otros recursos, dijo Tzul.
#Criminalizacion 🚨Juez envía a juicio a cuatro autoridades comunitarias de Olopa, criminalizados por la minera Cantera los Manantiales
Las autoridades comunitarias enviadas a juicio son: Leonor Crisóstomo, Guillermo Ramírez, Juan Carlos Pérez y Fredy Geovanny Ramírez.
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— Prensa Comunitaria Km169 (@PrensaComunitar) April 12, 2024
Tras enviarlos a juicio, lo que continúa ahora es el ofrecimiento de pruebas por parte del MP y las pruebas de descargo de la defensa que está a cargo de CALDH. Para esta acción, el juez Regalado programó la audiencia el próximo 24 de abril en el juzgado de Chiquimula.
De acuerdo a la abogada Tzul, ahora son diez comunitarios los que enfrentarán juicio oral y público por este caso de persecución contra la resistencia antiminera. La abogada defensora espera que el debate de las cuatro autoridades comunitarias junto a otras seis personas que ya están criminalizadas se pueda llevar a cabo en el mes de julio, en el tribunal de Chiquimula.
Las seis personas que mencionó la abogada actualmente tienen medidas sustitutivas en el mismo proceso penal.
La criminalización de las autoridades comunitarias y defensores del territorio surgió de una denuncia de Odilio de Jesús Guzmán Salazar, esposo de Guillermina Landaverri, la dueña de la empresa minera, quien el 1 de julio de 2019, rompió una cadena de paso que habían instalado los pobladores en la comunidad El Pinalito, como medida de resistencia ante las operaciones de la minera.
Ese día, Guzmán al romper la cadena destruyó una motocicleta y su personal de seguridad disparó en contra de las personas que se encontraban en resistencia pacífica, donde también se agredió a la comunitaria Irma Pacay.
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