El caso que inició el MP contra el juez suspendido del cargo sigue detenido. Un sexto juez del Juzgado de Mixco pidió no conocer el proceso y Xitumul deberá esperar al menos otros cuatro meses para que se resuelva su solicitud de cesar la investigación penal en su contra.
Por Alexander Valdéz
El juez que dirigió el Tribunal Mayor Riesgo “C”, Pablo Xitumul, que conoció y dictó condenas contra personas acusadas de corrupción, narcotráfico y delitos contra los deberes de la humanidad sigue sin poder reintegrarse a su puesto, desde que la anterior Corte Suprema de Justicia (CSJ) le retiró la inmunidad y lo suspendió del cargo. La investigación no ha avanzado impidiendo que sea cerrada por la Fiscalía de Delitos Administrativos
El proceso está asignado al Juzgado Penal de Mixco, en el que al menos seis jueces se han excusado por diferentes motivos y han pedido no conocer la investigación contra el juzgador. El último en hacerlo fue Jorge Aparicio Almengor Velásquez, quien se excusó luego de que Xitumul argumentara dudas sobre su imparcialidad.
“De conformidad con el artículo 123 de la Ley del Organismo Judicial, inciso a, y para garantizar la tutela judicial efectiva, la imparcialidad que debe prevalecer en todo proceso. El suscrito juez se excusa de conocer de las presentes actuaciones, por lo que de conformidad con lo establecido en el artículo 126 de la Ley del Organismo Judicial, se ordena poner de conocimiento a todos los sujetos procesales para que en plazo de 24 horas puedan pronunciarse…”, se lee en la excusa.
En ese juzgado deben resolverse los planteamientos legales del juez Xitumul, uno de ellos busca que cese la persecución penal en su contra y eso obligue a la fiscalía a cerrar la investigación en su contra y así retomar sus actividades laborales.
La audiencia más cercana fue programada para el 5 de junio de este año, es decir, el juez separado del cargo debe esperar otros cuatro meses para conocer a un nuevo juez y que se resuelvan sus peticiones. Xitumul está suspendido de sus funciones como juez desde el 2022.
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Sin poder trabajar
Debido a que Xitumul no ha podido solventar su situación legal ni sus recursos legales han podido resolverse, el Consejo de la Carrera Judicial (CCJ) le impide volver al cargo de presidente del Tribunal de Mayor Riesgo “C”.
En febrero de 2022, cuando la Corte Suprema de Justicia (CSJ) lo despojó de su inmunidad, organizaciones internacionales que conforman el Observatorio Internacional sobre Guatemala, mostraron su respaldo a Xitumul y alertaron sobre ataques reiterados, persecución y criminalización contra operadores de justicia en Guatemala.
El fallo fue calificado como “ataques que forman parte de un patrón sistemático que ha venido agravándose, y que tiene como denominador común, la utilización del sistema de justicia penal y de los sistemas disciplinarios, para socavar la independencia de jueces, juezas y fiscales que tienen a su cargo investigaciones y procesos penales de alta complejidad que afectan a individuos y grupos poderosos, y que involucran graves violaciones a los derechos humanos o corrupción a gran escala”.
Criminalización
El 2 de febrero de 2019, Xitumul denunció la agresión del policía José Lindo Cuxaj, que en un operativo en San Juan Sacatepéquez se negó a dar explicaciones al juez sobre las razones del registro del vehículo donde viajaba con su familia.
El denunciante señaló que Xitumul le había dicho que era un juez y que tenía influencias, para evitar que se le revisara el vehículo y se obligara a tres menores a descender del mismo; sin embargo, el juez indicó que los señalamientos eran falsos.
El juez presidente del Tribunal de Mayor Riesgo C fue denunciado por la Fiscalía de Delitos Administrativos del Ministerio Público (MP) por abuso de autoridad.
Xitumul ha sido reconocido por su imparcialidad en la resolución de casos de alto impacto. Cuando dirigía el Tribunal de Mayor Riesgo “C” condenó a la exvicepresidenta Roxana Baldetti y otros funcionarios encontrados culpables de corrupción en el caso lago de Amatitlán, conocido también como “Agua Mágica”. Además, fue quien condenó a cuatro militares retirados, por el secuestro del niño Marco Antonio Molina Theissen y por las vejaciones en contra de su hermana, Emma Guadalupe.
