La Corte de Constitucionalidad (CC) dejó firme la resolución emitida por la jueza de mayor riesgo “A”, Claudette Domínguez, quien en junio de 2016 cerró el caso iniciado en contra de militares que figuran en la investigación por desapariciones forzadas y delitos contra los deberes de la humanidad.
Por Alexander Valdéz
Los magistrados dictaron el fallo favorable para los militares dentro del caso conocido como Creompaz, mismo que está relacionado al hallazgo más grande de desaparición forzada en América Latina: 558 víctimas que fueron ejecutadas entre 1982 y 1988 en el marco del Conflicto Armado Interno.
La Fiscalía de Derechos Humanos se opuso a la decisión de Domínguez. Esta unidad de investigación consideró que se debía dejar sin efecto la resolución dictada por la jueza, aduciendo que hubo irregularidades.
Previo a que la impugnación fuera conocida por el máximo tribunal constitucional, esta fue conocida por la Corte Suprema de Justicia, la cual según la fiscalía se “excedió” en el uso de sus facultades.
Dicha sección del Ministerio Público mencionó que la alta corte del Organismo Judicial emitió una decisión no ajustada a derecho ni a las constancias procesales, dado que “no se refirió a todos los puntos que le fueron expuestos”.
Sin embargo, la CC no aceptó los argumentos de la fiscalía. “Se estableció en cada caso en particular y conforme los medios de investigación la inexistencia de fundamento para someter a los procesados a juicio oral y público”, indicaron los magistrados constitucionales.
La resolución fue firmada y aprobada por los togados Héctor Hugo Pérez Aguilera, Néster Vásquez Pimentel, Roberto Molina Barreto, Juan José Samayoa y Luis Rosales.
Beneficiados
Las personas beneficiadas con la resolución del tribunal constitucional son Carlos Augusto Garavito Morán, José Antonio Vásquez García, César Augusto Cabrera Mejía y Manuel Benedicto Lucas García, Juan Ovalle Salazar, Ismael Segura Abularach y Gustavo Alonzo Rosales García.
Ellos fueron vinculados al caso Creompaz, un proceso penal que inició a partir de testimonios de la masacre denominada Plan de Sánchez, ocurrida en Rabinal, Baja Verapaz.
La Fundación de Antropología Forense de Guatemala inició la tarea de excavación y reconstrucción de la historia de las víctimas en la base militar del Comando Regional de Entrenamiento de Operaciones de Mantenimiento de la Paz.
Dentro de las instalaciones de la antigua base militar fueron encontradas, en fosas clandestinas, 558 osamentas, Para el 2016, el MP informó que se había logrado establecer que 90 de ellas eran menores de edad.
