El Juzgado Cuarto Penal programó una audiencia en la que Manuel Baldizón y Alejandro Sinibaldi solicitarán ser aceptados como querellantes en el caso que sigue contra operadores de justicia criminalizados por los acuerdos de colaboración eficaz de Odebrecht.
Por Alexander Valdéz
En los últimos tres años las investigaciones por casos de gran corrupción no avanzaron y los fiscales que estaban a cargo pasaron a ser el objetivo del Ministerio Público (MP), dirigido por la fiscal general Consuelo Porras. Mientras que quienes figuran como acusados, se convirtieron en víctimas y han logrado que se giren órdenes de captura contra exfiscales anticorrupción.
Bajo esas circunstancias, el Juzgado Cuarto Penal agendó para el 7 de marzo una audiencia en la que se conocerá una solicitud que hicieron los exfuncionarios Alejandro Sinibaldi y Manuel Baldizón, acusados en el caso Odebrecht, pero en libertad con medidas sustitutivas.
En esa audiencia pedirán que sean admitidos en calidad de querellantes, es decir, una figura legal que les permitirá ser parte del proceso y acceso total el expediente en el que el MP busca que el exjefe de la FECI, Juan Francisco Sandoval y otros fiscales sean juzgados penalmente, por haber gestionado los acuerdos de colaboración eficaz con representantes de la empresa brasileña Norberto Odebrecht S.A.
“Se programa audiencia (…) de solicitud de constitución como querellante adhesivo de Alejandro Jorge Sinibaldi Aparicio Y Manuel Antonio Baldizón Méndez, para el día 7 de marzo de 2024, a las 8:30 horas, a cargo del juez B”, indica la notificación de la audiencia.
Actualmente, Sinibaldi está vinculado a los casos: Odebrecht; Construcción y Corrupción; y Transurbano. Se ha librado de casos como Cooptación del Estado y Bantrab Arca. Mientras que Baldizón está señalado en los casos Odebrecht y Transurbano.
En abril de 2023, la Sala Primera de Apelaciones de Mayor Riesgo anuló la sentencia dictada en contra de tres allegados al exministro de Comunicaciones Alejandro Sinibaldi, quienes habían sido condenados a prisión por estar implicados en el caso Odebrecht, una trama de corrupción que involucra a altos exfuncionarios de varios gobiernos de la región.
Un caso que tuvo un nuevo giro
La investigación contra Alejandro Sinibaldi y Manuel Baldizón y otros exfuncionarios, que se habrían beneficiado de sobornos de Odebrecht, tuvo un nuevo giro con la destitución de Sandoval, en 2021. Actualmente el caso ha estado detenido y ahora es dirigido contra quienes conocieron y expusieron ese proceso de gran corrupción.
Sandoval y otras personas que estuvieron a cargo de la pesquisa tienen órdenes de captura. Por otro lado, Sinibaldi y Baldizón, pese a estar procesados en ese expediente por delitos graves, gozan de libertad condicional.
El acuerdo de colaboración eficaz, gestionado por los exfiscales, para que dos exdirectivos de Odebrecht y un representante legal de la constructora declararan desde Brasil fue autorizado por la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y el Juzgado de Mayor Riesgo “A”, en 2017.
En enero de 2023, Curruchiche anunció que emprendería acciones legales “para que respondan por sus actos ilegales, arbitrarios y abusivos” el exmandatario de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), Iván Velásquez, actual ministro de la Defensa de Colombia y la exfuncionaria de la CICIG, Luz Adriana Camargo.
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Acuerdos fueron anulados
En junio de 2022, Rafael Curruchiche informó que el Juzgado de Mayor Riesgo “D” cumplió con la orden de la Sala Segunda de Mayor Riesgo, que resolvió anular los convenios de colaboración eficaz que se firmaron con los personeros de la empresa brasileña Odebrecht.
Además, Curruchiche comunicó que para el 1 de febrero del 2023 estaba programada la audiencia de primera declaración de los dos empresarios brasileños Luis Mameri y Marcos Lima Machado, ahora excolaboradores, quienes fueron citados a la diligencia para que solventen su situación legal.
“De la misma manera, fueron revocados los beneficios que durante la referida diligencia se concedieron a Mameri y Lima Machado, por el exfiscal Juan Francisco Sandoval Alfaro, Eva Siomara Sosa Pérez, exmandataria de la desaparecida CICIG, y demás personas que se prestaron para avalar actos ilegales, corruptos e impunes que dejaron indefenso al Estado de Guatemala”, expresó Curruchiche en esa oportunidad.
