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Créditos: Quimy de León
Tiempo de lectura: 2 minutos

Los querellantes consideran que se violó el derecho de las víctimas, ya que no pudieron aportar sus medios de prueba para el juicio contra el militar en condición de retiro. Luis Enrique Mendoza García.

Por Alexander Valdéz

Este 13 de marzo, en la Sala Primera de Mayor Riesgo se realizó la vista pública por una acción de amparo planteada por los abogados que representan a las víctimas del caso por genocidio, que se sigue contra el exministro de la defensa Luis Enrique Mendoza García, acusado de delitos contra los deberes de la humanidad y genocidio.

Los abogados de los querellantes expusieron sus argumentos para que se les pueda otorgar una sentencia favorable del amparo, es decir, se ordene a la jueza de mayor riesgo C, Silvia de León, aceptar la prueba ofrecida por parte de las víctimas.

“Lo que se hace es una flagrante violación de los derechos del amparista (las víctimas), porque les ha dejado en un estado de indefensión, al no dejarles presentar sus medios de prueba, mediante una normativa inventada”, dijo el abogado Francisco Vivar del Centro para la Acción en Derechos Humanos (CADH).

Vivar también argumentó que, en la audiencia de ofrecimiento de prueba del 3 de mayo del 2022, la jueza no aceptó incorporar para el debate contra el acusado, la declaración de al menos 20 testigos propuestos por las víctimas.

En la audiencia únicamente se escucharon los argumentos, la Sala aseguró que notificará la resolución por escrito.

Foto: CALDH

El caso por genocidio

El militar en situación de retiro fue jefe de operaciones del Estado Mayor Presidencial entre 1982 y 1983, época del conflicto armado interno en Guatemala, que dejó más de 200 mil personas asesinadas y alrededor de 45 mil desaparecidos, más del 90 % de ellos a manos del Ejército.

La pesquisa señala que Mendoza García firmó uno de los planes del Gobierno guatemalteco en 1982 con el que el Ejército pretendía derrotar a las fuerzas guerrilleras, denominado “Victoria 82”. Dicho plan avalaba operativos contrainsurgentes en contra de personas no combatientes, en este caso indígenas ixiles del departamento de Quiché.

Mendoza García cometió genocidio “en contra de un grupo étnico maya ixil y población civil no combatiente” en tres municipios del departamento de Quiché”, según puntualizó el ente investigador.

El juicio contra el militar estaba previsto a realizarse en marzo de este año en el Tribunal de Mayor Riesgo A”, el cual se reprogramó para el 4 de junio de 2024.

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