Créditos: Alberto Pimentel Mata, actual ministro de Energía y Minas del gobierno de Alejandro Giammattei.
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Alberto Pimentel Mata, actual ministro de Energía y Minas del gobierno de Alejandro Giammattei, encabeza un férreo apoyo a las empresas transnacionales extractivas en detrimento del medio ambiente. Como ministro no solo ha atropellado la voluntad de los pueblos indígenas y mestizos que se han pronunciado en contra de la minería, sino que ha ignorado las disposiciones de las altas cortes para suspender las licencias de estos proyectos y ha utilizado la fachada de legalidad para defender intereses privados.

Por Prensa Comunitaria

Pimentel Mata es abogado y notario graduado de la Universidad Rafael Landívar y en la campaña electoral de 2015 fue uno de los financistas de Jimmy Morales y también lo habría sido de Giammattei en 2019.  Se supo que Pimentel ocuparía la cartera de energía y minas casi desde el instante en que Giammattei ganó las elecciones presidenciales.

Sus vínculos, desconocidos en un inicio, están ligados a negocios familiares en el sector energético. La empresa 5ND Productos Electrónicos, propiedad de María Blanca Margarita Montepeque, esposa del padre del ministro, ha sido contratista del Estado.

Según el diputado Jairo Flores, del Grupo Parlamentario de Oposición, 5ND ha tenido contratos millonarios con el Estado para el mejoramiento, ampliación y mantenimiento de la red de alumbrado público de varios municipios. Entre ellos, Santa Cruz y San Pedro La Laguna, Sololá; Conguaco, Jutiapa; San Pedro Necta, Huehuetenango.

Edgardo Alberto Pimentel Juárez, primo del ministro, aparece como administrador único y representante legal de la empresa Proyectos de Eficiencia Energética, S.A. (Prodeesa) que en 2014, obtuvo un contrato por Q92 millones, para mejorar el alumbrado público.

Además, Pimentel Juárez habría firmado un contrato como representante de Invierta, S.A. que ha recibido más de Q8.2 millones en rentas de inmuebles de 2017 a 2021. Una segunda empresa del grupo familiar.

De acuerdo a publicaciones de otros medios de comunicación, una de las empresas favorecidas con contratos es Fersa, S.A., de la cual el ministro fue representante y que, en 2015, recibió Q24 millones para construcción de 400 kilómetros de red eléctrica.

Un contrato suscrito por el exministro de energía y minas, Erick Archila Dehesa, quien actualmente es prófugo de la justicia por su participación en casos de corrupción, como La Coperacha y Cooptación del Estado.

Varios diputados de la oposición, entre ellos Flores y Edwin Lux, han señalado de manera insistente que el ministro ha incurrido en conflicto de intereses por la adjudicación de contratos a las empresas de familiares y este ha sido uno de los motivos por los cuales han intentado interpelarlo sin éxito.

Por otro lado, Pimentel no solo es ministro, sino que también es el presidente del Consejo Directivo de la Comisión Nacional de Energía Eléctrica (CNEE) del Instituto Nacional de Electrificación (INDE) y, por ende, es la autoridad suprema de la entidad.

Al frente de la CNEE, Pimentel ha promovido una iniciativa para ampliar el subsidio a la tarifa social de energía eléctrica que necesitaría de Q127.5 millones. Pese a ello, la tarifa social ha tenido un aumento y persisten los problemas por las bajas de energía, los cobros injustificados por el servicio por parte de Energuate, sin una solución aparente.

En una citación de la Comisión de Descentralización y Desarrollo del Congreso, el pasado 10 de agosto, el ministro justificó el incremento de la energía con la pandemia del coronavirus y el conflicto bélico entre Rusia y Ucrania.

La intervención de Pimentel en El Estor

Durante su gestión como ministro, Pimentel ha avalado disposiciones que han atropellado la voluntad popular de comunidades y hasta resoluciones de la Corte de Constitucionalidad (CC). Pimentel y el viceministro Oscar Pérez fueron piezas clave de una consulta a favor de una transnacional minera del níquel, la filtración de documentos de la minera comprobó sobornos, la compra de Cocodes, uso de dinero de Solway para financiar a las únicas personas que Pimentel permitió participar en la Consulta de Buena Fe sobre el proyecto minero Fénix, en 2021.

En uno de esos casos, en 2019, el ministro no suspendió la licencia de explotación de la minera Fénix, ubicada en El Estor, Izabal, que es propiedad de la empresa ruso-suiza Solway Investment Group y de su concesionaria la Compañía Guatemalteca de Níquel (CGN).

La mina siguió funcionando ilegalmente, aun cuando en 2020, la corte volvió a ordenar la suspensión en definitiva mientras el MEM ejecutaba la consulta comunitaria.

Por esta omisión, Pimentel fue denunciado por la Contraloría General de Cuentas (CGC),  en mayo de 2022, pero el ministro sigue en el cargo como si nada.

En octubre 2021, el MEM con ayuda del gobierno central y local, se encargó de atacar con bombas lacrimógenas a vecinos, pescadores e integrantes de los Cuatro Consejos Ancestrales Maya Q‘eqchi´ de El Estor, quienes integran la resistencia pacífica antiminera, pues la carretera había sido tomada por casi 20 días, para exigir el cierre de la mina y ser incluidos en el proceso consultivo que la corte ya había ordenado realizar.

El uso de la violencia dispersó a los manifestantes quienes se resguardaron por el terror y, en los siguientes días, bajo la intervención militar y policial, uno a uno, fueron perseguidos, vigilados y sus casas allanadas con la excusa de que habían acudido a las protestas armados para promover el uso de violencia contra las autoridades estatales. Nada de lo cual el Estado ha podido comprobar.

Pimentel aprovechó la situación para imponer la consulta comunitaria en diciembre de ese año bajo un estado de sitio y un territorio militarizado.  Los resultados de la consulta arrojaron que un grupo selecto por la minera quería que la mina permaneciera operando en el territorio, pero quienes se opusieron a ella desde el inicio, han asegurado que al menos 90 comunidades que sufren el impacto del proyecto Fénix, fueron excluidas de la consulta de forma intencional.  En enero de 2022, el ministro Pimentel firmó el acuerdo para restaurar la licencia de explotación de la mina, pero lo cierto es que nunca dejó de funcionar y extraer ferroníquel, de acuerdo a los hallazgos de la investigación Mining Secrets.

Esa misma investigación, que está basada en la filtración de comunicaciones de Solway/CGN/Pronico, también confirmó que el ministro es un aliado de la minera. Una empresa que, entre varias cosas, ha contaminado el Lago de Izabal, criminalizado a autoridades indígenas y periodistas comunitarios, y ha comprado la voluntad de autoridades locales del gobierno central con millonarios sobornos.

En varios documentos de la filtración, que la empresa elaboró, aparecen enlistados los actores con influencia sobre el tema extractivo. Ahí está el nombre de Pimentel como “a favor” y con un “alto poder”, al igual que su ministerio y el presidente Giammattei. Ninguno de ellos lo ha desmentido.

Crédito: Prensa Comunitaria/Forbidden Stories.

La consulta municipal que incomodó al gobierno

A 290 kilómetros al sur de El Estor, en un viaje de más de cinco horas, se encuentra el municipio de Asunción Mita, en Jutiapa. Ahí está el proyecto extractivo Cerro Blanco, que antes era propiedad de la compañía Entremares, S.A., subsidiaria de Goldcorp Inc. y que fue comprada, en 2017, por la empresa canadiense Bluestone Resources o Elevar Resources.

El proyecto, que ha tenido licencia para explotar oro y plata desde 2007, está asentado en un cerro en cuyo interior corren aguas termales, pero esta es una mina que nunca ha extraído nada. Casi desde el inicio, las altas temperatura de las aguas impidieron llegar a la veta del mineral, según han explicado ambientalistas del colectivo Madre Selva.

Fue hasta 2021, que Bluestone quiso reactivar la licencia solicitando al MEM un cambio en el modo de explotación para pasar de minería subterránea a cielo abierto. Según Julio González, de Madre Selva, el MEM solo les ha pedido actualizar el Estudio de Impacto Ambiental (EIA), pero, en realidad, les corresponde hacer un nuevo estudio.

La noticia despertó la indignación y la organización comunal de Asunción Mita que hasta entonces se habían mantenido al margen del tema. Siguiendo los parámetros del Código Municipal, presentaron más de 4 200 firmas ante la municipalidad para exigir que se realizara una consulta, una en la que el MEM no tendría control, aunque sí tendría participación.

El 18 de septiembre pasado, Asunción Mita celebró la consulta y un apabullante 87% de los vecinos votó en contra de la minería metálica en el municipio.

El MEM no tardó en liberar un comunicado en el que referían que no podían validar la consulta por un amparo que fue concedido una semana antes, en contra del reglamento en el que se basó el proceso. Pero del recurso no fue notificado el Concejo Municipal ni la comisión coordinadora que ayudó a organizar el plebiscito, sino hasta un día después del evento.

González ha referido que, ahora, la intención del MEM es anular la consulta y realizar nuevamente el proceso. Esta vez bajo su tutela y siguiendo las estipulaciones del Convenio 169 de la OIT que no aplicaría en este escenario al referirse a procesos consultivos para pueblos indígenas, y una mayoría de los vecinos de Asunción Mita son de origen mestizo.

Una vez más, la decisión ha quedado en las manos de la CC que ha citado a las partes interesadas a una vista pública. Aunque, desde ya, las organizaciones ambientales ven con desconfianza la decisión de la corte por la alianza que tienen los magistrados al oficialismo.

La impunidad de las petroleras

La relación sobreprotectora de Pimentel y su cartera sobre las mineras no se detiene ahí, pues también ha favorecido a las petroleras, algunas de las cuales adeudan al Estado guatemalteco cantidades millonarias en regalías. Pimentel burló la normativa legal, las concesiones a estas empresas están por vencer y esto implicaría que deban solicitar nuevos permisos, pero el Gobierno los beneficio ampliando los años de los contratos para evitar que perdieran las concesiones o licencias, afirma un ambientalista y funcionario estatal que optó por guardar el anonimato.

Todo ha sido poco para concederles beneficios pues el MEM ha insistido en que el Congreso apruebe la iniciativa 6021, reforma a la Ley de Hidrocarburos, que prorrogaría los contratos petroleros “hasta que generen beneficios económicos a la empresa y Estado”, en palabras de Pimentel. Además, permitiría firmar convenios de pago que se convertirían en títulos ejecutivos para demandar el pago judicialmente a las empresas. Ninguna de estas opciones incluye la posibilidad de declarar lesivos los contratos que incumplen los pagos al Estado, un proceso que puede hacer la Procuraduría General de la Nación.

Al momento, tres petroleras son las que le adeudan al estado más de US$66 millones en regalías, multas e intereses. Ellas son: Latin American Resources Ltd., Petrolera del Istmo S.A. y Petro Energy S.A.

La primera de ellas está vinculada a Zury Ríos, hija del general Efraín Ríos Montt, exdiputada de ultraderecha y quien se anticipa podría ser una de las aspirantes a la Presidencia de la República por el partido Valor; a través de su actual esposo, Gregory Charles Smith, quien es presidente ejecutivo de LAR.

Una interpelación bloqueada por el oficialismo

Fue a partir de las decisiones de Pimentel, respaldado por Giammattei, que el Grupo Parlamentario de Oposición (GPO), conformado por diputados independientes y otros más que se alejaron de la bancada de Sandra Torres, Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), ha intentado interpelar al ministro sin éxito.

Los diputados del GPO, Jairo Flores y Carlos Barreda, ha dicho que esto se debe a un boicot político para proteger a Pimentel y ocultar información sobre posibles negocios secretos con las petroleras que han evitado su cierre o la declaración lesiva de los contratos.

El ministro de energía y minas ha acudido a algunas de las citaciones que el GPO le ha hecho y, al menos, dos de ellas han terminado de forma escandalosa. El pasado 28 de abril, Flores y Pimentel discutieron luego de que se le señalara al ministro que sus familiares han sido beneficiados con contratos millonarios del Estado.

La siguiente vez fue el 18 de agosto, momento en que el ministro abandonó una citación dirigida por el GPO para abordar los daños a las viviendas de pobladores de Santa Cruz Chinautla, por la llegada de las areneras. Ahí, el diputado Aldo Dávila lo encaró y le llamó cobarde.

De ahí en adelante, Pimentel no se ha presentado al Congreso. Las veces que lo hizo, la ausencia del oficialismo y sus aliados afectó la cuota mínima del quorum y bloqueó, en más de una ocasión, la interpelación.

Una institucionalidad entreguista

Rafael Maldonado, abogado ambientalista que ha acompañado a comunidades que reclaman su derecho a una consulta comunitaria, como es el caso de El Estor, fue tajante sobre su opinión de la gestión de Pimentel.

“Su gestión ha sido nefasta y se puede calificar de criminal por violentar a las poblaciones” y por “tomar decisiones contrarias a las leyes y sentencias que la Corte de Constitucionalidad ha emitido en los procesos de consultas a pueblos indígenas y consultas municipales por temas de minería”. Todo apunta a que las mismas acciones violatorias de otros procesos consultivos se podrían repetir en Asunción Mita, pronosticó.

Para Julio González las acciones de Pimentel y del gobierno no serían posibles si no fuera porque la institucionalidad estatal, desde la administración de Óscar Berger, ha sido diseñada para entregar y concesionar los recursos naturales del país. Tanto el MEM ha otorgado licencias sin consultar a la gente como el Ministerio de Ambiente ha autorizado Estudios de Impacto Ambiental dudosos y antitécnicos, refirió.

“Los EIA presentados al Ministerio de Ambiente han sido aprobados de manera defectuosa, con falta de rigor técnico-científico y con muchas concesiones. En el caso de Cerro Blanco, al momento del vencimiento de la prórroga de exploración, se vieron obligados a presentar un estudio de impacto, pero presentaron un Estudio Ambiental Inicial, que suele pedirse a los pequeños negocios o comercios”, explicó.

En el gobierno de Berger, contó el ambientalista, despidieron al equipo de gestión ambiental para poder aprobar el EIA de Cerro Blanco. Un estudio que estaba fragmentado y no permitía medir el verdadero impacto integral del proyecto. Madre Selva presentó una oposición, pero nadie en el Ministerio de Ambiente les contestó.

“Eso contribuyó a un deterioro y degradación del área del proyecto y a la contaminación de la cuenca de Ostúa que desemboca en el lago de Guija, y este a su vez, alimenta al río Lempa, de El Salvador”. Este es apenas uno de varios casos documentados en donde el MEM y el gobierno de turno han violado de forma continuada los derechos humanos de la gente.

“Está negándole el ejercicio de sus derechos a las personas. El comunicado del MEM es casi el mismo que el de Bluestone… Esta es una prueba palpable de que -Pimentel- desconoce la ley y se atreve a expresar opinión para desinformar a la gente y quedar bien con las empresas”, dijo el ambientalista de Madre Selva.

Quienes tienen el poder de cambiar esa institucionalidad, es decir, los diputados, tampoco lo han hecho y los pocos que lo han intentado no han tenido apoyo. Al menos media docena de iniciativas enfocadas en crear una ley para regular las consultas comunitarias permanecen engavetadas en el Legislativo.

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