Search
Close this search box.

A pesar de inconsistencias de testigos, tribunal de Puerto Barrios sentencia a María Choc por usurpación agravada

COMPARTE

Créditos: Bufete para Pueblos Indígenas.De Izquierda a derecha, Alida Vicenta de la alcaldía indígena de Palín, Escuintla; María Choc en el centro y la abogada Wendy López del Bufete para Pueblos Indígenas.
Tiempo de lectura: 3 minutos

 

“Tenemos la fe firme y la dignidad en alto, sabemos que la corrupción en el sistema de justicia”. María Choc.

 Por Simón Antonio Ramón

María Magdalena Cuc Choc, quien ha trabajado como traductora y es defensora de derechos humanos, fue sentenciada a dos años de prisión conmutables, por el delito de usurpación agravada, así lo resolvió este 27 de junio, el juez Jesús Mazariegos, del Tribunal de Sentencia del Puerto Barrios, Izabal.

La confusa acusación que duró cuatro años

María Choc, maya Q´eqchi´, originaria del municipio de El Estor, enfrentó juicio oral y público por los delitos de usurpación agravada, detenciones ilegales y amenazas. El Ministerio Público (MP) la señaló por denuncias realizadas por trabajadores de la finca Santa Isabel, contra las comunidades maya Q´eqchi´ que viven en la comunidad Ch´ab´il Ch´och´ del municipio de Livingston, entre el 21 y 22 de diciembre de 2016. Los trabajadores acusaron como usurpadoras, a las familias que reclamaban tierras que les había sido despojadas.

El 21 de diciembre, una comisión acompañada por agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) intentó llegar al lugar, pero había dificultades para comunicarse con las familias, por lo que informaron al gobernador de Izabal, Rudy Alcides Ramírez Cayetano. El gobernador pidió que Ramiro Choc dirigente del pueblo maya Q´eqchi´ en la región de las Verapaces y Petén, para que llegara a mediar con las familias.

“La acusación surge porque supuestamente la vieron con su hermano”, dijo la abogada Wendy López, del Bufete para Pueblos Indígenas, y agregó que durante la audiencia los testigos no fueron claros en sus declaraciones.

La acusación presentada por la fiscalía establece que el 19 de diciembre de 2016, María Magdalena Cuc Choc habría cometido el delito de usurpación agravada y el 21 de diciembre, cuando supuestamente la vieron junto a su hermano, habría incurrido en los delitos de detenciones ilegales y amenazas. “En la resolución solo dice que hubo elementos para el delito de usurpación agravada, sin establecer la fecha en la que ella habría cometido el delito”, dijo la abogada López.

A pesar de la sentencia emitida por el tribunal, María Magdalena Cuc Choc en una conversación con Prensa Comunitaria demostró optimismo y está consciente de la resolución. “Tenemos la fe firme y la dignidad en alto, sabemos de la corrupción en el sistema de justicia”, declaró Choc.

En este proceso intervinieron los peritos Harald Waxenecker, con un peritaje que muestra la forma anómala en la que algunos empresarios se apropian de las tierras; y el historiador Diego Vásquez, quien realizó un estudio sobre sobre el establecimiento de los pueblos mayas en esta región.

Otto Pérez Molina y Rodrigo Lainfiesta con la finca Santa Isabel

La finca Santa Isabel fue propiedad de la familia Lainfiesta Rímola que fue cedida a Otto Pérez Molina por lo que la comunidad de Chab’il Ch’och’ fue hostigada durante su gobierno porque se presume que la finca era propiedad del exmandatario; al caer su gobierno y terminar en la cárcel por el caso de defraudación aduanera, conocido como La Línea, apareció Rodrigo Lainfiesta, quien murió por COVID-19, hermano del diputado Julio Lainfiesta, de la bancada Unión del Cambio Nacionalista (UCN), partido creado por Mario Estrada preso en Estados Unidos por narcotráfico.

María Choc fue detenida el 17 de enero de 2018 a pocos minutos de terminar una audiencia sobre un reclamo de tierras, en la que ella trabajó como traductora. Desde ese día estuvo varios días en prisión preventiva hasta la audiencia de primera declaración, cuando la ligaron a proceso por los tres delitos y estuvo con libertad condicional durante cuatro años.

La comunidad Ch´ab´il Ch´och´ fue desalojada el 30 de octubre de 2017 por lo que la Procuradora Adjunta I, Miriam Roquel, el exdiputado Leocadio Juracán y Marcelo Sabuc, coordinador nacional del Comité Campesino del Altiplano (CCDA), solicitaron el 13 de noviembre de 2017 medidas cautelares ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), para las familias afectadas. El 25 de enero de 2018, la CIDH otorgó dichas medidas a favor de las familiares de la comunidad.

COMPARTE