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La corrupción y la impunidad son históricas en Guatemala

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Créditos: Cortesía.
Tiempo de lectura: 4 minutos

Por David Diego Marcos

La corrupción y la impunidad en Guatemala son históricas y sistemáticas. Es algo que los pueblos originarios han tenido que afrontar desde la llegada de la invasión española y la creación de un Estado racista y excluyente, que no responde a los intereses de las mayorías, dijo a Prensa Comunitaria Tunku’ Palas Ixtup (Domingo Francisco Cristóbal).

Palas Ixtup, miembro del Gobierno Ancestral Plurinacional, de las nacionalidades maya Q’anjob’al, Chuj, Akateko y Popti’ del norte de Huehuetenango, detalló que durante el paso del tiempo, los gobiernos de turno han desarrollado la corrupción, a todos los niveles. En Guatemala ha habido 54 gobernantes corruptos. Además, entre 1931 y 1944, durante el período de Jorge Ubico Castañeda, se dio paso a una serie de violaciones a los derechos humanos y laborales de la población.

En esos años se impuso leyes de sometimiento a nuestros abuelos, para trabajar en la apertura de carreteras en diferentes lugares del país; e fincas de empresarios y otros trabajos forzosos, sin ningún goce de salario, mientras que en los contratos de dichos proyectos se presupuestaba la mano de obra de los trabajadores, recordó.

Tunku’ Palas Ixtup agregó  que los funcionarios se corrompen cuando en las mismas instituciones del Estado se fomentan regalías o comisiones por los proyectos que se ejecutan; además, todos los impuestos que se recaudan se los roban. Por eso no hay desarrollo, prosperidad ni avance en el país.

Cuando los campesinos, la gente trabajadora vende sus ovejas, vacas, gallinas o sus productos locales, utilizan las ganancias para comprar otros artículos para su sustento diario y se les cobra el IVA, pero posteriormente ya no se les devuelve en obras públicas, como lo establece la ley; se aprovechan de nuestros recursos económicos, indicó el entrevistado.

Pedro Juan Esteban, un habitante maya Q’anjob’al, de Santa Eulalia, Huehuetenango, que se ha desempeñado como mecánico automotriz, dijo que la corrupción en el Estado afecta la economía familia de toda la población, así como la educación, la salud y la infraestructura, entre otras.

Es resultado de la corrupción que la situación económica del país sea mala y que los materiales que utilizo para mi trabajo sean elevados; a eso se le suma el abandono y el mal estado en que se encuentran las carreteras hacia la cabecera departamental, resultado de ese enriquecimiento ilícito en los distintos ministerios, dijo Juan Esteban.

Varios sectores de la población se han manifestado en contra de la corrupción y la impunidad; exigen la renuncia del presidente de la República, Alejandro Giammattei y de la Fiscal General, María Consuelo Porras.

Este miércoles, 11 de agosto, el gremio de abogados y notarios del norte de Huehuetenango emitió un pronunciamiento sobre la precaria situación que atraviesa el país en la coyuntura actual, el que literalmente dice:

EL GREMIO DE ABOGADOS Y NOTARIOS DEL NORTE DE HUEHUETENANGO, GUATEMALA

REALIZAMOS EL PRESENTE PRONUNCIAMIENTO:

Conscientes de la situación precaria que atraviesa el país, en uso del derecho de petición y manifestación, exponemos que la crisis social y económica que afronta la población guatemalteca, en parte es provocada por la pandemia COVID-19 y agravada por la corrupción exagerada durante los últimos gobiernos, especialmente el de turno, quien con pretexto de combatir los efectos de la pandemia nos ha endeudado y malgastado los recursos de la población, dejando en evidencia que no gobierna en beneficio de la mayoría, sino atendiendo a intereses de la burocracia y del CACIF.

En el norte de Huehuetenango y a nivel nacional, los servicios de salud, trabajo, educación, entre otros, están siendo negados a la población en general, cuando por mandato constitucional es obligación del Estado de Guatemala brindarnos servicios esenciales con eficiencia, pero la realidad del país está lejos, especialmente las mujeres en estado de gestación, la población infantil que sufre altos índices de desnutrición crónica y los infectados por el virus de COVID-19, vedando el derecho humano a la vida.

En el tema de infraestructura, exigimos al gobierno central y al gobernador departamental de Huehuetenango, que trabajen en beneficio de la población del norte de Huehuetenango, ya que desde el gobierno de Alfonso Portillo se asfaltó la carretera de CHIANTLA A SANTA EULALIA, y los gobiernos posteriores sólo han inaugurado los proyectos y sin avances. Exigimos a los alcaldes municipales de esta área demandar con frecuencia y con autoridad que las constructoras ejecuten los proyectos con estándares de calidad y terminen de asfaltar la carretera que conduce desde la cabecera departamental hacia los ocho municipios de la zona norte de Huehuetenango.

En el tema de educación, hay un alto índice de analfabetismo, en las áreas rurales los niños no cuentan con los recursos para cubrir los gastos de servicio de internet, mucho menos para obtener un aparato telefónico celular para recibir clases virtuales.

Como profesionales del derecho no somos independientes ni apartados de la sociedad al afrontar las carencias que nos afectan, por tal razón nos indigna que el Presidente de la Republica, quien lidera un gobierno corrupto y protege a la clase política corrupta, ignore las manifestaciones públicas de la ciudadanía, no modifique su plan de gobierno para comprar vacunas y reprogramar la vacunación masiva, y se ha empeñado a controlar el Ministerio Público, encargada de la investigación penal para combatir la corrupción y la impunidad en Guatemala, dándose la tarea de despedir al Fiscal y Jefe de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI), el señor JUAN FRANCISCO SANDOVAL ALFARO.

Ante esta situación, hacemos un llamado a los sectores sociales, profesionales, especialmente a los agremiados del Colegio de Abogados, a los trabajadores de salud pública, maestros de educación y a los ciudadanos a apoyar las manifestaciones para exigir la RENUNCIA de la señora Fiscal General del Ministerio Público Consuelo Porras, al Presidente de la Republica Alejandro Giammattei Falla, y los funcionarios que conforman el gabinete de gobierno. Solo así nos haremos escuchar para darle cumplimiento a los derechos inherentes del pueblo en general y evitar que los actos de corrupción sigan favoreciendo a los corruptos en detrimento del desarrollo del país.

Santa Eulalia, Huehuetenango, Agosto de 2021.

 

 

 

 

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