Por APG
COMUNICADO No. 17-05-2021
La Asociación de Periodistas de Guatemala y su Comisión de Libertad de Prensa manifiestan:
Su enérgico rechazo y condena a la decisión de la Corte de Constitucionalidad (CC) de suspender en definitiva el amparo provisional que impedía la entrada en vigor de los cambios realizados a la Ley de Organizaciones no Gubernamentales para el Desarrollo, aprobados el pasado año por el partido oficial y bancadas aliadas, con los cuales se restringen derechos como la libertad de expresión y la libertad de asociación.
Con esta decisión, la máxima corte otorga vía libre para que el presidente Alejandro Giammattei arremeta, persiga y suspenda a las organizaciones sociales que considere incómodas. Resoluciones de este tipo son propias de regímenes dictatoriales y no de repúblicas democráticas.
Cabe recordar que cuando Giammattei sancionó la ley argumentó que 3 “expertos constitucionalistas” habían analizado el contenido del Decreto Legislativo 4-2020, que contiene las modificaciones, pero nunca reveló el nombre de los supuestos expertos. El gobernante también se encargó de estigmatizar la labor de las organizaciones sociales, al asegurar que parte de éstas tienen propósitos contrarios a la paz, la gobernabilidad y la estabilidad.
La libertad de expresión será la primera víctima de esta normativa, pues sin libertad de expresión es imposible reivindicar el goce de los demás derechos. Giammattei tendrá más excusas y herramientas a su disposición para disolver las manifestaciones ciudadanas y perseguir a las personas y organizaciones que las avalen, así como aquellas que con su acompañamiento legal apoyen a víctimas de violaciones o atropellos a los derechos humanos, incluyendo los cometidos en contra de comunicadores o periodistas.
El falló de la CC era previsible y no causa extrañeza, pues Giammattei, los diputados del Congreso e integrantes de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) se aseguraron de elegir magistrados dóciles que respondan a sus intereses políticos y personales. Este podría ser el primero de numerosos fallos de la CC que atenten contra la defensa de los derechos humanos y protejan a personajes vinculados con actos de corrupción o violaciones a los derechos humanos.
Este antecedente también permitirá al Congreso de la República aprobar y al gobierno implementar de forma expedita leyes restrictivas, como la iniciativa de Ley contra Actos Terroristas que se discutió durante la anterior legislatura y criminalizaría los comentarios en redes sociales así como las manifestaciones ciudadanas.
Es necesario recalcar que la implementación de esta norma no solo afectará a las organizaciones defensoras de derechos humanos, sino alcanzará a otras, entre ellas asociaciones de prensa como la APG o las distintas entidades departamentales de periodistas, que podrán ser amedrentadas o canceladas, por lo que las autoridades competentes, de forma arbitraria, consideren como actos que alteren el “orden público”.
La APG alerta a las distintas relatorías de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y de las Naciones Unidas, a los países cooperantes, comunidad y organizaciones internacionales de derechos humanos y de libertad de expresión, de la persecución que el gobierno de Giammattei podría iniciar en contra de sus críticos y de las organizaciones que se han opuesto a sus espurios intereses y han evidenciado actos de corrupción en su administración.
La APG condena la decisión de los magistrados Leyla Lemus, Roberto Molina Barreto y Dina Ochoa, porque con ello dificultarán aún más la defensa de los derechos humanos en Guatemala, no solo de las organizaciones nacionales sino también de las organizaciones de países amigos que operan en el país, y podrían provocar que las violaciones a los derechos humanos en las que se involucran autoridades o funcionarios estatales queden invisibilizadas.
Guatemala, 12 de mayo de 2021.
JUNTA DIRECTIVA ASOCIACIÓN DE PERIODISTAS DE GUATEMALA (APG)
