Por Simón Antonio Ramón
Siete comunitarios del municipio de San Pedro Carchá, Alta Verapaz, en la región Franja Transversal del Norte (FTN) son criminalizados por la empresa Industrias Chiquibul S.A. y acusados por los delitos de detenciones ilegales, coacción, allanamiento y usurpación agravada.
En la audiencia de etapa intermedia que se realizó el jueves 18 de marzo en el Juzgado de Primera Instancia Penal de San Pedro Carchá, el Ministerio Público (MP) buscó que se suspendiera la audiencia pero la jueza decidió no atender la petición.
Entre los argumentos que el MP presentó para suspenderla fue que el fiscal no estaba preparado porque hace dos días se le asignó el caso, por lo que solicitó tiempo para conocer el expediente.
Además el MP no entregó los expedientes de ese caso de manera unificada, si no lo ha hecho en tres momentos: el primero, en octubre de 2020; el segundo; el 8 de marzo; y el último se presentó el 16 de marzo, 13 días después, el plazo se había vencido desde el 3 de marzo.
“La jueza accedió a la petición de la defensa que la audiencia debía continuar para garantizar un plazo razonable para los indicados”, informó la abogada Jovita Tzul, del Centro de Acción Legal en Derechos Humanos (CALDH).
La defensa también solicitó que la empresa Chiquibul, que se dedica a la siembra de palma africana, sea retirada como querellante adhesivo, pero la jueza rechazó la petición. “Se analizará Qué acciones deberán tomar en relación a esta decisión”, informó la abogada Tzul.
En esta audiencia el MP pidió que los siete comunitarios sean enviados a juicio oral y público sin señalar la acción de cada uno en el caso de este proceso penal.
La jueza programó la próxima audiencia para la continuidad de la etapa intermedia el próximo 23 de marzo a las 8 de la mañana.
Industrias Chiquibul es una empresa que se dedica a la siembra de palma africana en Alta Verapaz y Petén.
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