Por Nelton Rivera 

En Guatemala una jueza sentó un mal precedente contra la prensa y la libertad de expresión desde el momento en que ordena la detención en septiembre de una periodista indígena, luego lo reafirma cuando inicia un mes después un proceso penal contra Anastasia Mejía Tiquiriz por los delitos de sedición y atentado con agravación de la pena.

La jueza Susy Elizabeth Pérez Cabrera consideró que el trabajo periodístico realizado el 24 de agosto frente a la Municipalidad de Joyabaj la hace partícipe de esos delitos, la mantuvo sin audiencia de primera declaración durante 39 días en la cárcel de mujeres de la ciudad de Quetzaltenango y, desde el 28 de octubre, le restringe del ejercicio periodístico. Esta censura y restricción pone en riesgo la libertad de expresión y de prensa en el país.

La directora de la Radio Xolabaj y del canal de televisión Xolabaj Tv esperó encarcelada un mes con 8 días a 122 kilómetros de su casa. Todo ese tiempo estuvo sin declarar, derecho que a todo persona en este país se le debe de garantizar en las primeras 24 horas de ser detenida, según la Constitución Política de la Republica. Antes del 29 de octubre Anastasia, era la única periodista indígena de Centroamérica encarcelada por ejercer su labor periodística, según el Comité de Protección para Periodistas (CPJ).

Luego de doce horas de audiencia, el 27 de octubre, la jueza Pérez Cabrera resolvió ligarla a proceso penal por dos de los cuatro delitos que pidió el Ministerio Público (MP), retirando las acusaciones de incendio agravado y robo agravado y ordenó que Anastasia no puede salir del departamento de Quiché, debe de firmar un libro de actas cada quince días en un juzgado local y el pago de una multa económica de Q20 mil. La jueza fue más allá, le restringió su labor periodística por tres meses hasta 2021 y no puede trabajar como periodista fuera del municipio donde vive.

Estamos ante el castigo de una periodista por informar y documentar -a través de televisión, internet y radio-, es juzgada por la manifestación que comenzó pacíficamente surgida por el descontento social contra el alcalde y el Consejo Municipal y que terminó en una serie de hechos provocados por una multitud de personas.

El artículo 35 constitucional sobre la libertad de expresión garantiza que “no constituyen delito o falta las publicaciones que contengan denuncias, críticas o imputaciones contra funcionarios o empleados públicos por actos efectuados en el ejercicio de sus cargos”.

Para la Asociación de Periodistas de Guatemala (APG) este proceso penal violenta todos los derechos de la periodista. En un comunicado con fecha del 29 de octubre, condenó la decisión de la jueza de Santa Cruz del Quiché y la actitud del fiscal Casimiro Hernández y demanda que este sean investigados los vínculos con el alcalde de Joyabaj. Derechos que fueron violentados también para la lideresa Petrona Siy y para el agricultor Manuel Hernández.

Por la fiscalización del gasto público de la municipalidad en los últimas dos administraciones de Carrascoza, denunciar el mal uso de fondos durante la pandemia por parte del Consejo Municipal de Joyabaj y darle cobertura a las demandas de la sociedad en ese municipio podrían estar detrás de la intención del alcalde de promover el encarcelamiento de la periodista.

Los momentos previos a la audiencia

Dos días antes de la audiencia del 28 de octubre, las autoridades del Sistema Penitenciario de Quetzaltenango programaron el traslado de la periodista y de Petrona Siy Castro, presidenta de la Asociación de Comerciantes de Joyabaj, lo que implicó moverlas al juzgado en el departamento de Quiché. Ambas fueron trasladadas por cordillera, como comúnmente le llaman a la forma en la que trasladan a las personas privadas de libertad, -durante cualquier trayecto los van cambiando de patrulla cada cierta distancia, en algunos casos deben de esperar en las comisarías hasta que exista la disponibilidad de una unidad.-

En un trayecto de 71 kilómetros fueron transportadas en la palangana de uno de los picops que la Policía Nacional Civil (PNC) utiliza como patrullas. El viaje por la carretera Interamericana desde la cabecera departamental de Quetzaltenango hasta Santa Cruz del Quiché les tomó varias horas, tuvieron que soportar el viento de la noche, las bajas temperaturas del occidente del país y la lluvia que les cayó durante el trayecto, las fueron pasando de una patrulla a otra. Ambas llegaron con la ropa completamente mojada a la cárcel de hombres de Santa Cruz. Pasaron la madrugada en esas condiciones.

Por la mañana las llevaron al centro de justicia, sus familiares les llevaron güipiles y cortes limpios y secos, las dos vistieron de rojo. La audiencia comenzó a las 11:30 horas, con una hora de retraso porque una falla en el sistema de audio causo esto, así lo explicó la jueza Pérez Cabrera, quien preside el Juzgado de Primera Instancia Penal de ese municipio.

Desde las 6:00 de la mañana distintas autoridades indígenas, ancestrales y personas delegadas del Consejo de Pueblos K’iche (CPK) y las familias acudieron al juzgado para mostrar su respaldo a Anastasia, Petrona y Manuel. Desde un equipo de altavoz se escucharon las voces de quienes pedían su libertad y durante la larga jornada se escuchó la canción chilena “El pueblo unido jamás será vencido”, convertido por toda Latinoamérica en un himno de lucha y resistencia.

En una maratónica audiencia que finalizó a las 22:30 horas, intervinieron dos fiscales del MP del Quiché, un abogado en representación del alcalde municipal de Joyabaj, Florencio Carrascoza Gámez y por la defensa tres abogadas y un abogado.

La gota que derramó el vaso en el último momento ocurrió cuando los guardias del Sistema Penitenciario dejaron abandonadas al finalizar la audiencia a Anastasia y a Petrona en el juzgado. La jueza Pérez argumentó que a ella ya no le competía lo que iba a pasar con ellas dos, si habría traslado a Quetzaltenango o no. La periodista y la presidenta de la asociación de comerciantes tuvieron que pasar la noche en un área de la cárcel para hombres de ese departamento.

Los fiscales y la objetividad

El MP tiene como principio alcanzar la justicia. Sus fiscales deberán actuar con objetividad, imparcialidad y con total legalidad, respetando los derechos humanos y garantizando el Estado de derecho, sin perder de vista la protección de la presunción de inocencia al que toda persona tiene garantía, hasta que se compruebe todo lo contrario.

Casimiro Efraín Hernández Méndez, uno de los fiscales del MP, que tiene bajo su responsabilidad la acusación en contra de la periodista, en la primera semana de octubre afirmó en una entrevista a Prensa Comunitaria que ellos –los fiscales del MP de Quiché- decidieron iniciar una investigación inmediatamente, sin necesidad de que existiera una denuncia por los hechos ocurridos el 24 de agosto en la municipalidad de Joyabaj, añadió que la decisión la tomaron al enterarse por las noticias locales y las redes sociales.

En esa ocasión Hernández declaró: “Nosotros desconocíamos que se estaba saliendo de control la situación y que había situaciones delictivas, las redes sociales se encargaron de distribuir esa información, lo vimos a través de medios locales y redes sociales”.

“Son delitos de acción pública y nos obliga legalmente a que actuemos de oficio con la investigación. Existió daño de patrimonio municipal y de los vecinos, se perdió equipo de cómputo y otros equipos, esto resultado del saqueo de los objetos”, aunque no precisó quien de todas las personas en la multitud participaron en esos hechos.

El 28 de octubre, a un mes de su detención, durante la audiencia la periodista relató con lágrimas y la voz entrecortada por el llanto en la sala de audiencias, que denunció meses atras al fiscal Mancilla ante la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH), y él quien estaba presente en la sala, se limitó a escuchar.

“Un fiscal de apellido Sarceño llegaba a mi casa de noche y me decía que me cuidara porque el fiscal Mancilla y otro fiscal me preparaban un caso grande para hacerme caer…”, “lo denuncie en los derechos humanos”, declaró Mejía.

La periodista se refería al fiscal José Isaías Mancilla Figueroa, presente en la audiencia ese día, quien además fue el encargado de leer la acusación en contra de Mejía, pidiendo que fuera ligada a proceso penal por cuatro delitos. Durante la audiencia mostró los videos de los hechos ocurridos el 24 de agosto, realizados por la propia Anastasia Mejía. En su intervención el fiscal busco de manera insistente deslegitimar la calidad de periodista de ella.

Posiblemente el fiscal Mancilla tuvo conocimiento de la existencia de la denuncia de la periodista en contra de él en la PDH del Quiché, incluso el auxiliar de esta institución, Flavio Ruiz Domínguez, acompañó todo el tiempo al alcalde Carrascoza, durante las 12 horas de audiencia no se acercó a la periodista, ni a Petrona Siy, ni a Manuel Hernández.

La objetividad con la que los fiscales del MP tendrían que actuar, pareciera fue suplantada por una forma de escarmentar a la periodista, una estrategia de la cual el mismo alcalde municipal y sus trabajadores forman parte.

Las contradicciones de la denuncia

A criterio del abogado Sergio Vives, una de las irregularidades permitidas por la jueza Pérez fue aceptar al alcalde Carrascoza como querellante, la denuncia es por daños a la municipalidad y él no puede aparecer como agraviado. De hecho, debe existir el nombramiento del Consejo Municipal para querellarse en este proceso penal, para hacerlo la Municipalidad tendría que celebrar una reunión de Consejo, levantar un acta o acuerdo municipal en el que se nombra como representante al síndico primero y no al alcalde municipal. Hasta el final no existió tal nombramiento.

Durante la audiencia, la abogada Dinora Rodríguez, mostró ante la jueza la contradicción en las acusaciones de Jackeline Andrina Rosales Pérez, una trabajadora municipal que se desempeña como agente de la policía municipal de transito. Su declaración sirvió para acusar a la periodista por atentado con agravación de la pena, en contraste, el informe del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) dijo que la agente policial tenía lesiones leves.

En su declaración la policía relató: “…en ese momento comenzaron a gritar vulgaridades, la Petronila Siy Castro estaba al frente de los inconformes, en su calidad de presidenta de los comerciantes” (…) “La señora Micaela Solís Juárez empezó a gritar que iban a quemar la municipalidad y también al señor alcalde. Se abalanzó en contra de mi humanidad y le lanzo un puñetazo al señor alcalde. Con posterioridad esta señora me jaló de la corbata y me metió en medio de la multitud de lo cual se aprovecharon…”

En el informe médico del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif), Rosales Pérez declara sobre el mismo hecho que a ella la agarran de las manos y de los pies cuatro personas, por lo que no pudo defenderse. Refiere que la señora Tomasa Ramos Pastor Velásquez la jala del cabello, luego Micaela Solís Juárez y Petrona Siy Castro también la agarran del cabello, le dan patadas y puñetazos; y afirma que la señora Anastasia Mejía Tiriquiz le golpea en la nariz. Para la abogada la agente de la policía municipal miente.

Los vecinos de Joyabaj vieron la transmisión en vivo de la audiencia de la periodista, uno de ellos, quien pidió reservar su nombre por seguridad, denunció que Jackeline Rosales, en su puesto de agente de la PMT ha sido participe de varios hechos que la población considera como abuso de autoridad.

“Los agentes se llaman Nery y Jackeline, ambos han tenido denuncias por abuso de autoridad y no se ha hecho nada”, expresa el vecino, quien proporcionó un video en el que se observa que los agentes agreden físicamente a un indigente en Joyabaj, la personas agredida esta esposada con las manos hacia atrás.

Las denuncias de abuso de autoridad contra el alcalde y la agente de la PMT

Las acusaciones de abuso de poder de los trabajadores de la PMT locales no son los únicos, el mismo alcalde municipal fue denunciado cuatro años atrás, cuando agredió a varios policías que intentaron desalojarlo de una cantina, la Black & White, la noche del 19 de septiembre de 2016, según reportó el medio digital Soy502, en su publicación del 28 de marzo de 2019. Carrascoza se vio involucrado en la agresión de los agentes de la Policía Nacional Civil (PNC), la persecución de los agentes por un grupo de hombres armados incluyendo al alcalde y una serie de disparos realizados esa noche. La denuncia y la investigación contra el alcalde sigue detenida.

Anastasia Mejía, quien fue concejal en el gobierno municipal pasado, denunció a Carrascoza por violencia física y psicología en el MP de Joyabaj en 2016, una denuncia que no prosperó, incluso le retiraron las medidas cautelares para protegerla.

“No nos dejaban hablar en el Consejo Municipal, el señor Carrascoza todo el tiempo me gritaba, me gritaba india callase, india tonta, burra, usted no es nadie aquí, siempre me lo decía, yo busque ayuda, denuncie a la fiscalía de la mujer. Pedí ayuda y siempre me gritaba no pude conmigo señora, siempre me lo gritaba”.