Por Nelton Rivera
A la mayoría de las personas se nos enseña que el 15 de septiembre es un día de celebración. En Mesoamérica se conmemora el día de la independencia, una fecha que marca el fin de la dominación de la corona española en 1821 y da inicio a una nueva etapa, el poder se traslada a manos de los criollos, poder que ostentaran hasta el día de hoy. De esta celebración quienes han tenido acceso a la educación pública o privada lo pueden constatar, se hacen actos cívicos, se desfila por las calles, etc.
Un mes antes de las fechas de independencia de 1981, el general Benedicto Lucas García fue nombrado jefe del Estado Mayor del Ejército, cargo que perdió en marzo del 82. Gobernaba en ese momento su hermano mayor, el general Romeo Lucas García.
Benedicto fue uno de los cadetes que se opusieron al movimiento liberacionista liderado por el coronel Carlos Castillo Armas. Su participación ese 2 de agosto de 1954 le valió la interrupción de su carrera para convertirse en oficial en la Escuela Politécnica. A partir de ese hecho, continuó su formación militar en la escuela francesa de Saint-Cyr, donde aprendió de contrainsurgencia y en donde mamó la experiencia militar de Francia en Indochina, Argelia y Vietnam.
Con él al frente del Estado Mayor del Ejército, el 15 de septiembre del 81 el ejército reunió a la mayoría de la población en el centro de Rabinal, en esta acción participó la policía judicial, comisionados militares y Patrulleros de Autodefensa Civil (PAC). La población maya achí en su mayoría esperaba el desfile militar de independencia o por lo menos con esa excusa fueron obligados a asistir a la plaza del mercado, de eso dan referencia los testimonios recabados por la Comisión del Esclarecimiento Histórico (CEH).
Al finalizar la mañana, al terminar el desfile militar masacrarían a 200 personas en la plaza del mercado, esta muestra de terror quedó registrada en los informes de la verdad: Guatemala Nunca Más y el CEH: Memoria del Silencio. Benedicto Lucas tenía 49 años de edad, estaba al mando del Ejército al momento de la masacre.
15 de septiembre en Rabinal de 1981
Los testimonios de quienes sobrevivieron narran lo ocurrido en la plaza del mercado ese día, mientras las autoridades municipales y de las fuerzas de seguridad del Estado celebraban el 160 aniversario del día de la independencia.
“Por ser 15 de septiembre hubo desfile en Rabinal y el Ejército sabía que la gente se iba a concentrar en el pueblo, después del desfile cerraron las 4 entradas del pueblo y armaron una balacera frente a la Iglesia, los judiciales se encargaron de detener a 200 personas (mayores de 12 años) en las carreteras que tenían tapadas, posteriormente sacaron una lista y empezaron a torturar y a asesinar. Los responsables tenían 2 camiones listos para trasladar a los muertos y detenidos, a los que se llevaron vivos, los torturaron y asesinaron en el cerro Santa María y los tiraron en un barranco”, informe de la Recuperación de la Memoria Histórica (Remhi), masacre número116.
Otro de los testimonios recogido en el Remhi afirma:
“El 15 de septiembre de 1981 en la plaza del mercado del municipio de Rabinal, Baja Verapaz, soldados del destacamento de Rabinal, acompañados por patrulleros, comisionados y judiciales ejecutaron a unas 200 personas a balazos. Era el día de la independencia y los soldados habían convocado a toda la gente para asistir obligatoriamente al desfile. Los patrulleros y el ejército señalaban a la gente. Andaban con listas en la mano. Morían también los que estaban por ahí cerca. La plaza se llenó de muertos, la sangre, los chuchos lamiendo. Después de esta masacre, miembros del ejército se dirigieron a alas aldeas para seguir con las matanzas. El día antes mencionado la guerrilla había tapado la carretera y pidió abastecimiento a toda la gente que pasó. La gente colaboró con frijol, dinero, maíz y otros bienes”.
De la totalidad de las víctimas, según la CEH, caso 9160, solamente fueron identificadas: Margarita Cortez Tecu, Emilio Guanche Tecu, Mateo Mejía Moreno, Malecio Tecu Cortez, Florentin Xitumul Ismalej, Pedro Cuxum, Víctimas sin identificar: 200.
Esta masacre fue la sucesión de una serie de acciones similares del ejército que fueron aumentando en escalada, según el informe de la CEH de 1960 a 1996 fueron cometidas 626 masacres en todo el país. El Remhi, por su parte, logró documentar que 16 masacres fueron cometidas en Baja Verapaz en tan solo dos años: de 1980 a 1982. El 95 % de la totalidad de las masacres fueron cometidas por el ejército en un periodo de siete años, de 1978 a 1985.
De la masacre en Rabinal, tan solo diez meses después, miembros de las PAC comandados por comisionados militares del ejército perpetraron la masacre de Plan de Sánchez en el mismo departamento. En ese lugar asesinaron a 256 personas achí, acusados de pertenecer a la guerrilla, una operación contenida en el Plan Victoria 82, elaborado durante el régimen de Ríos Montt, información recabada en la ficha técnica, Masacre Plan de Sánchez versus Guatemala, en la CIDH. Cuatro patrulleros y un comisionado militar fueron condenados por esta masacre en 2012.
Los oficiales de la contrainsurgencia
Benedicto Lucas tiene 88 años, fue condenado por el Tribunal de Mayor Riesgo “C” en mayo de 2018 a 58 años de prisión por la desaparición forzada del niño Marco Antonio Molina Theissen y por la retención ilegal y violación sexual colectiva e individual de su hermana, Emma Guadalupe en 1981. Ella es una de las pocas sobrevivientes de tortura y detención durante la guerra. Lucas García guarda prisión en el Centro Médico Militar en la ciudad de Guatemala, junto con otros tres oficiales.
Lucas García ahora enfrenta dos procesos penales más, el segundo por la detención y desaparición forzada de personas q’eqchi, achí y k’iche en la antigua zona militar 21 de Cobán, conocido como el caso Creompaz, proceso que originó su detención en 2016 junto a 16 oficiales más. Por la tercera causa penal está a la espera de un nuevo juicio por los delitos de genocidio, crímenes contra la humanidad, y desaparición forzada del pueblo maya ixil.
En 2019, en un texto de Jo-Marie Burt y Paulo Estrada, activistas de derechos humanos y publicado por el Centro de Medios Independientes (CMI) explican la tesis del Ministerio Público (MP) sobre Benedicto Lucas García, Manuel Callejas y Callejas, exjefe de inteligencia militar (también detenido y condenado por el caso Molina Theissen); y César Octavio Noguera Argueta, jefe de operaciones militares. Según los autores, para el MP los tres militares de mayor rango en el ejército durante el régimen de Romeo Lucas García, fueron quienes diseñaron e implementaron la estrategia militar contrainsurgente contra el pueblo ixil.
Para Burt y Estrada: “con el objetivo de eliminar a la población civil, a la que consideraban como base de apoyo de la guerrilla. Las políticas de tierra arrasada produjeron masacres de población no combatiente y la destrucción total de aldeas que se consideraban territorio enemigo”.
Con el golpe de estado del general José Efraín Ríos Montt, los dos Lucas García fueron desplazados del poder, el Estado Mayor General del Ejercito fue dirigido por Héctor Mario López Fuentes hasta finales de octubre del 83, según información desclasificada y publicada por el National Security Archive (NSA).
López Fuentes fue señalado de Genocidio del pueblo ixil y considerado autor intelectual del Plan Victoria 82, fue detenido por la Policía Nacional Civil PNC en 2011 y falleció en el Centro Medico Militar cuatro años después, esto fue publicado en Prensa Libre el 18 de octubre.
La contrainsurgencia y la represión se extendieron en todo el país contra la población civil, todo esto ocurrió con el visto bueno y apoyo de la administración de Ronald Reagan desde la Casa Blanca, bajo la Doctrina de Seguridad Nacional de este país del norte, expresó Jean Marie-Burt en 2010 analizando el Plan Victoria 82. En el pensum de educación el Estado aún no incluye el estudio de estos hechos.
Oficiales como Benedicto Lucas García y otros que están en prisión con una condena o en prisión preventiva por crímenes de lesa humanidad perpetrados 39 años atrás, ahora en medio de la pandemia piden que se les beneficie por humanidad con pasar el arresto en sus casas para proteger su salud de la covid-19.
