Por: Lourdes Álvarez Nájera
La madrugada del 3 de marzo de este año, trabajadores de la empresa Transportadora de Energía de Centroamérica (Trecsa) talaron varios árboles del bosque nuboso de San Bartolomé Milpas Altas, Sacatepéquez, pese a que la licencia de instalación de torres eléctricas había sido cancelada.
Según Bernardino Solís, de la comunidad organizada de San Bartolomé, se solicitó información a la municipalidad de la localidad, donde pudieron verificar que desde enero la licencia del proyecto PET-1-2009 había sido suspendida debido a que Trecsa incumplió con una fianza y un seguro de responsabilidad civil.
La fianza de Q 750 mil se solicitó a la empresa como una especie de depósito, para garantizar la conservación de los pasos, caminos, calles, postes, avenidas y banquetas vecinales durante la instalación de las torres, pero la empresa solo ofrecía Q 200 mil.
Además, tampoco cumplió con un seguro de responsabilidad civil que ampararía de daños a terceras personas y sus bienes durante la instalación y ejecución del proyecto, por un monto de Q 200 mil para cada persona que resultara con daños a sus bienes, Q 100 mil en caso de emergencias médicas y Q 200 mil en caso de fallecimiento. Por todo lo anterior, la empresa únicamente presentó un seguro de responsabilidad civil general por Q 10 mil.
Los vecinos también encararon a la municipalidad, porque no accionó de manera contundente contra la empresa al cancelar la licencia del proyecto y nunca informó de la situación a la comunidad.
Al respecto, el alcalde Rosalío Axpuac Martínez comentó que no se informó sobre esa situación “porque ese grupo de vecinos no son representantes de la sociedad civil, se han autonombrado como representantes de los vecinos”.
Pero agregó que sí han presentado varios recursos para detener las operaciones de Trecsa en la comunidad, “esa empresa no ha traído ningún beneficio a nuestra comunidad, solo nos ha ocasionado problemas que nosotros debemos resolver. Costará mucho recuperar el bosque”.
Sobre una reunión que la alcaldía habría facilitado con abogados de Trecsa, donde se planteó un “pacto de caballeros” para que los vecinos organizados no presentaran más denuncias y se dejara continuar con los trabajos, el alcalde confirmó que se realizó porque varios vecinos vendieron el derecho de paso y la empresa argumentó que tiene autorización del Instituto Nacional de Bosques (Inab) y del Ministerio de Energía y Minas (MEM) para el proyecto.
“Debido a esas autorizaciones de instancias superiores y el consentimiento de los vecinos que cedieron espacios, a la municipalidad no le compete impedir que un vecino conceda o regale, por eso estamos analizando un cabildo abierto, pero los que vendieron tendrían que devolver a la empresa lo que recibieron”, añadió el alcalde.
Pese a que el alcalde enfatizó que durante su gestión “no se autorizará nada para Trecsa”, los vecinos que denunciaron y documentaron la tala de árboles indicaron que la nueva corporación municipal debe demostrar sus promesas y ser contundente con las acciones de reforestación y remoción de las torres ya colocadas en ese territorio.
“Aquí no solo estamos defendiendo nuestro derecho al agua y a la conservación de los bosques, aquí hablamos de un derecho para todas las generaciones que vienen atrás de nosotros”, puntualizó Solís.
