Por Iskra Soto Orantes
Alguna vez, al hacer análisis político sobre Guatemala, comparé su Gobierno con un paciente enfermo crítico con fallo multisistémico. Esta analogía no había sido tan oportuna como lo es ahora, especialmente ante la emergencia del coronavirus causante de la enfermedad COVID-19.
El padecimiento de esta crisis global, pone de relieve en Guatemala las carencias en cadena que tiene el Estado para afrontar una situación como la que vivimos. Falla la respuesta del Estado en todos los ámbitos, desde la comunicación con la ciudadanía, a la atención sanitaria más elemental. Una institucionalidad débil, recursos públicos inexistentes y la falta de voluntad política: son el punto de partida del Gobierno para hacer frente a esta crisis que nos afecta a todos.
Hablamos de un modelo de Gobierno que prioriza los intereses privados por encima del interés público. Un Estado que protege el acaparamiento de los recursos, la falta de distribución equitativa de la riqueza y que ha hecho un trabajo eficaz, haciéndonos creer que son los empresarios las personas de éxito que mantienen a flote al país entero. Convenciendo con ello, a cada ciudadano y ciudadana que son ellas mismas las únicas responsables de su salud, su economía familiar, educación, seguridad, y bienestar.
Mientras que en los países líderes del capitalismo globalizado, los países empobrecidos como nuestros vecinos los gobiernos están tomando medidas de emergencia para proteger a la población y a la clase trabajadora para que puedan cumplir con el aislamiento obligatorio y evitar así que continúe aumentando el número de contagios y de muertes, el Presidente Giammattei en su declaración del día 22 de marzo, señaló “hay que mantener la estabilidad macroeconómica a capa y espada… que hay que apoyar las iniciativas de los bancos con fondos del Estado con cero tasas de intereses a los bancos”.
Los fondos del Estado pertenecen a toda la población guatemalteca, por tanto, deben invertirse en el bienestar general. La economía macroeconómica del mundo entero está sufriendo y sufrirá aún más como consecuencia de la emergencia del COVID-19, pero ya habrá tiempo de trabajar en la recuperación. Lo urgente en estos momentos es proteger y salvar vidas.
A pesar de la movilización mundial para hacer frente a la nueva pandemia, las indicaciones claras de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y de la declaración conjunta entre la Cámara de Comercio Internacional (ICC) y la OMS denominada: “Un llamamiento a la acción sin precedentes dirigido al sector privado para hacer frente a la COVID-19”, en la que se insta a todas las empresas a apoyar las medidas tomadas por los gobiernos para proteger a la población, en Guatemala vemos que es el Gobierno encabezado por el presidente Giammattei el que toma medidas para proteger al sector empresarial, por encima del interés general.
Ante el avance de la pandemia en diferentes países y continentes, ha quedado en evidencia que la producción en masa de las grandes empresas y el consumismo a gran escala no son indispensables para la vida, como si lo son el funcionamiento de lo público y la prestación de servicios de la clase trabajadora, que recoge entre otros, al personal sanitario, trabajadores de limpieza en diversos establecimientos y espacios públicos, trabajadores de supermercados para el abastecimiento de alimentos y otros enseres de primera necesidad, a los agricultores que proveen nuestros alimentos, a los transportistas y todas aquellas personas que sostienen en pie a una sociedad y que son la columna vertebral de nuestras economías.
Durante los últimos días he leído comentarios de algunos políticos diciendo que no es momento de criticar al Gobierno de Giammattei y que la situación en Guatemala es la que es. Pero ante el fallo multisistémico gubernamental, no podemos quedarnos de brazos cruzados. Debemos usar nuestra creatividad y aprovechar los medios que tenemos a disposición, a pesar del aislamiento social, para exigir a las máximas autoridades que cumpla con su mandato constitucional que en su artículo 1º. refiere “Que el Estado de Guatemala se organiza para proteger a la persona y a la familia”.
El Gobierno puede implementar una serie de medidas excepcionales urgentes, como por ejemplo:
- Invertir el dinero de los prestamos aprobados por el Congreso de la República ante esta crisis del COVID-19 para la protección social y sanitaria de toda la población guatemalteca.
- Cumplir con las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS):
- Restringir al máximo la movilidad en el territorio nacional,
- Establecer el aislamiento preventivo y obligatorio de la población.
- Realizar los test a toda la población que lo necesite.
- Aumentar la concientización en la población con información veraz, transparente y objetiva.
- Garantizar el suministro de agua potable y abastecimiento de alimentos a toda la población.
- Garantizar la prestación de servicios de salud pública gratuita con cobertura nacional a toda la población y sobre todo, a las poblaciones más vulnerables y de riesgo.
Los guatemaltecos y guatemaltecas debemos empoderarnos como ciudadanos titulares de derechos. Es momento de unidad, solidaridad y sensibilidad colectiva. Es momento de protegernos y cumplir con nuestras responsabilidades cívicas, y sobre todo, es tiempo de exigir al Gobierno que cumpla con su obligación de garantizar nuestros derechos humanos, como el derecho a la vida y el derecho a la salud. Exijamos al Gobierno que impulse medidas solidarias y más humanas. Giammattei debe repensar el país que gobierna, establecer prioridades. La alternativa es clara: solidaridad nacional o beneficiar a los más poderosos y continuar lucrando con lo público, posiblemente, si elige la primera, podremos vencer en esta crisis con la menor cantidad de víctimas posibles.
