Un juez de mayor riesgo en la ciudad de Quetzaltenango dictó sentencia en el caso del asesinato de Andrés Pedro Miguel, indígena Maya Q’anjob’al de Barillas, y absolvió a dos acusados, ambos trabajadores de la empresa española Ecoener-Hidralia, propiedad del empresario español Luis Castro Valdivia.
Por Gilberto Escobar y Nelton Rivera
La tarde del viernes 28 de febrero el juez Boris Calderón De León, del Tribunal de Mayor Riesgo de Quetzaltenango, absolvió del delito de homicidio a Ricardo Arturo García López y Óscar Ortiz Solares, trabajadores de la seguridad de la empresa Ecoener-Hidralia, por considerar que no hay suficientes pruebas sobre su responsabilidad en el asesinato de Andrés Pedro Miguel, ocurrido el primero de mayo de 2012 en Barillas.
La sentencia generó la inconformidad de los agraviados y abogados querellantes, quienes podrían apelar la sentencia y buscar que el juicio se repita.
Antecedentes y últimos argumentos del debate
Andrés Pedro Miguel fue un líder comunitario que se opuso a la construcción de dos centrales hidroeléctricas en ese municipio. Estos megaproyectos eran, hasta el año 2016, propiedad del empresario español Luis Castro Valdivia, un magnate de la energía en Cataluña.
El comunero murió en el lugar conocido como Poza Verde, a unos metros de las instalaciones de la empresa Hidro Santa Cruz. Ese primero de mayo se celebraba la fiesta títular del municipio, Andrés iba caminando junto a Pablo Antonio Pablo y Esteban Bernabé sobre la carretera comunitaria cuando fueron interceptados por miembros de la seguridad de la empresa, esto lo declararon en el juicio los dos sobrevivientes.
Pedro Miguel cayó al suelo herido de bala, Esteban Bernabé y Pablo Antonio Pablo sobrevivieron al ataque, lanzándose al río Qanbalam que estaba al lado del paraje en donde sucedieron las agresiones. Ocho años después, ambos buscaron infructuosamente justicia ante los tribunales, las dos personas a quienes ellos directamente señalaron del ataque armado seguirán libres.
Durante el debate oral y público, los abogados querellantes sostuvieron que durante el atentado contra los tres comunitarios, los señores García López y Ortiz Solares pretendían asesinar a Pablo Antonio Pablo por negarse a vender su tierra a la empresa Hidroeléctrica Santa Cruz S.A.
Los dos acusados, no negaron haber disparado, pero su defensa se centró en afirmar que lo hicieron en defensa propia, ya que los comunitarios habían disparado antes, afirmó García y Ortíz. Durante el debate el Ministerio Publico (MP) comprobó que las únicas personas armadas eran los dos trabajadores de la seguridad de la empresa.
Pablo Antonio Pablo, un anciano que es autoridad comunitaria y un reconocido líder de la iglesia, mencionó durante la audiencia que él nunca en su vida había visto o portado un arma de fuego, mientras que Ricardo García en su declaración mencionó que Antonio Pablo le disparó primero el 1 de mayo. Durante el allanamiento de la casa de García López en San Juan Sacatepéquez el 26 de mayo de 2012, el MP localizó varias armas de fuego en posesión del acusado, una de estas armas marca Glock corresponden al arma utilizada durante el atentado, según la investigación del MP.
Durante la última audiencia del juicio, el viernes 28 de febrero, el MP presentó sus conclusiones del caso. Mencionó que el delito de homicidio si existió debido a todas las pruebas presentadas y considera que se rompió la presunción de inocencia de los acusados, logrando comprobar la participación de los acusados, la forma del ataque armado, lugar y fecha.
La fiscalía afirmó que el testimonio de los sobrevivientes Esteban Bernabé y Pablo Antonio Pablo, son testimonios claros y contundentes. Los dos afirmaron que el día 1de mayo de 2012, fue Ricardo Arturo García quien les disparo y que Oscar Ortiz lo iba acompañando.
Finalmente el MP, solicitó la pena de prisión para Ricardo García sea de 21 años y a Armando Ortiz de 12 años, pero el juez al resolver los absolvió de todo cargo y ordeno que siguieran en libertad.
Los abogados querellantes, en representación de las dos víctimas del atentado armado y en representación de Andrés Pedro Miguel la única víctima mortal, podrían apelar la resolución del juzgador y solicitar que el Organismo Judicial repita el juicio.
La seguridad de la empresa española
En 2012 ambos laboraban como parte del equipo de seguridad de la empresa Hidro Santa Cruz, según las autoridades comunitarias del Movimiento de la Sociedad Civil de Barillas, el jefe de los dos trabajadores era el capitán Juan Roberto Garrido López, agente de la empresa, pero esta persona nunca fue investigada.
Luis Castro Valdivia llegó a Guatemala tras las adjudicaciones de concesiones eólicas e hidroeléctricas recibidas por el Estado de Guatemala, se le vio por primera vez en Barillas en el año 2011. Pero las primeras operaciones de la empresa comenzaron en 2009, como se cita en el libro Dinámicas del Despojo y resistencia en Guatemala. Hidralia Energía se expandió por Latinoamérica sentando bases en Venezuela, Ecuador, Panamá, Nicaragua, Guatemala y los Estados Unidos, esta información se pudo corroborar en el portal web de la transnacional.
Hidralia Energía afirmó tener los permisos necesarios para iniciar la construcción de las dos centrales hidroeléctricas en Barillas, pero fueron inscritas como mini centrales de -5 MW y no fueron supervisadas por el Ministerio de Energía y Minas (MEM), lo irónico es que la Municipalidad tampoco le otorgó permisos locales.
En 2008 la empresa inicio la compra de terrenos a través de testaferros para el inicio de la primera fase de la instalación del proyecto Cambalam I.
La empresa contó con agentes de seguridad privada todo el tiempo en las instalaciones de la hidroeléctrica, incluso el retiro de la Policía Nacional Civil (PNC) de ese municipio respondió a las denuncias de las autoridades comunitarias que indicaban que los agentes de la comisaria cuidaban a los trabajadores, instalaciones y vehículos de la empresa en las operaciones, como se publicó en un reportaje de Prensa Comunitaria en abril de 2016. Barillas: las fuerzas de seguridad del Estado al servicio de las hidroeléctricas
Hidro Santa Cruz publicó en 2016 un campo pagado en un diario escrito del país, anunciando que finalizaría con las operaciones de la empresa en el municipio de Barillas, Huehuetenango, la empresa continúa operando en Guatemala con otros megaproyectos y negocios.
