Por David Toro
La comunidad Maya q’eqchi de Chicoyou de Cobán denunció violaciones a las normas de desalojo en la orden emitida por el juez Ricardo Caal. Si el juzgado segundo de primera instancia de Cobán no resuelve el recurso antes del 24 de febrero, podrían ser desalojados a petición del ejército de la finca nacional donde están establecidos, una finca que les fue despojada por esa institución.
El juez Ricardo Caal recordado por sentenciar a siete años de prisión al defensor q’eqchi del agua Bernardo Caal Xol en 2018, respondió favorablemente a la petición del ejército y ordenó desalojar el 24 de febrero a las 80 familias de la comunidad Q’eqchi de Chicoyou, que desde diciembre del 2019 se establecieron en la finca nacional de 6 hectáreas a 3 kilómetros en Cobán, una finca que les pertenecía mucho antes de que llegara el ejército y les despojara la tierra, afirman los ancianos de la comunidad.
Los comunitarios a través de sus abogados interpusieron un recurso de reposición el pasado 21 de febrero en el juzgado que preside el juez Caal, esto debido a que este mismo juez ordenó el desalojo sin asignar a un juez de ejecución que garantice la no violación de los derechos humanos como lo establece la ley y en su lugar asignó a un fiscal del Ministerio Público (MP), acto que los comunitarios de Chicoyou denuncian como irregular.
Además los pobladores no fueron informados con tiempo de antelación y se inició un proceso penal en su contra por el delito de usurpación y usurpación agravada.
Los pobladores también denunciaron que el juez Caal obvió coordinar con la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH) el desalojo, para garantizar las medidas y normas internacionales en materia de desalojo y protección de las personas, especialmente por los niños, ancianos y mujeres que forman parte de la comunidad.
La comunidad de Chicoyou habitó en esta tierra en la primera parte del siglo XX cuando laboraban como mozos colonos en las fincas de café y fueron desalojados en la segunda mitad del mismo siglo por el ejército, en una de estas fincas aledañas se encuentra la fábrica militar de municiones, la zona militar 21 y Creompaz.
Para las familias q’eqchi esta nueva amenaza de desalojo es preocupante, especialmente si los operadores de justicia en Cobán no les garantizan derechos constitucionales como el debido proceso a la justicia. Las autoridades gubernamentales podrían realizar un nuevo desalojo el lunes a primera hora, mientras se debe de resolver el recurso que podría suspender dicho operativo policial.
El Centro de Acción Legal en Derechos Humanos CALDH en un comunicado publicado este 22 de febrero expresó que el Ministerio de la Defensa, está promoviendo el desalojo ilegal de la comunidad de Chicoyou, ubicada en la finca inca 6611, folio 152, del libro 108 de Alta Verapaz.
Por su parte el Ministerio de la Defensa afirmó que no harán ningún pronunciamiento por tratarse de un procedimiento legal, al referirse sobre el desalojo en una de las fincas ocupadas por este ministerio en Cobán.