Por David Toro
A 28 días de entregar la banda presidencial y perder su inmunidad, Jimmy Morales ha decidido sancionar la ley que permitirá a diputados, ex presidentes, funcionarios y pandilleros declararse culpables de más de 70 tipos de delitos con el fin de obtener una reducción de la pena de hasta un 50%.
Jimmy Morales decidió sancionar la Ley de Aceptación de Cargos, fue publicada este 16 de diciembre en el Diario de Centroamérica bajo el decreto 10-2019. La polémica reforma entrará en vigencia el 16 de enero, cuando más de 90 diputados y el presidente Morales pierdan su inmunidad.
La noche del 12 de noviembre fue muy atípica, el Congreso normalmente finaliza sus sesiones temprano y con muchas inasistencias, sin embargo, ese día más de 120 diputados, sobre todo aquellos que el próximo 14 de enero perderán su inmunidad y tienen procesos penales pendientes, como Estuardo Galdámez de la bancada oficial, Boris España, paara citar algunos, estuvieron presentes hasta tarde para darle el sí definitivo a la “Ley de Aceptación de Cargos”, una reforma al código penal que permitirá declararse culpable y optar por una reducción de la pena hasta del 50% a delincuentes culpables, en una lista de más de 70 delitos entre ellos: asociación ilícita, lavado de dinero, tráfico de influencias y peculado, los cuales son muy comunes en las acusaciones que el Ministerio Público (MP) suele presentar contra estructuras criminales de políticos, empresarios o incluso pandilleros.
El 14 de noviembre, Acción Ciudadana (AC) y la Asociación de Estudiantes Universitarios (AEU), presentaron un amparo ante la Corte de Constitucionalidad (CC), contra la ley a la que Jimmy Morales ha dado el visto bueno, los magistrados aún no tienen una resolución sobre el amparo y ambas organizaciones están pensando en accionar nuevamente, para impedir que la reforma entre en vigencia.
Para Edie Cux, presidente de AC, la acción de Jimmy Morales es “un atentado contra la justicia, la CC tiene en sus manos resolver las distintas acciones presentadas y posiblemente nosotros presentaremos una inconstitucionalidad contra la ley”.
Desde la visión de Cux, esta ley atenta contra la seguridad nacional pues beneficiará a criminales, “quienes buscan este beneficio específicamente son los diputados y el presidente, son los que impulsaron este tipo de normativas”. Además, asegura que si la ley entra en vigencia se dará un fenómeno perjudicial para la justicia, pues muchos abogados de personas que guardan prisión preventiva correrán a solicitar que la aceptación de cargos sea aplicada a sus clientes. A pesar de ello, todo dependerá del criterio de los jueces a cargo.
Por su parte la AEU, aseguró que no están sorprendidos por la acción de Jimmy Morales, “el presidente está buscando cubrirse las espaldas lo más que pueda, porque sabe que cuando termine su mandato, él podría ser perseguido por la justicia, él no se opondría a lo que el Congreso le puso en bandeja de plata”, declaró Elías Domínguez, secretario de actas de AEU. Además, los representantes estudiantiles aseguran que están trabajando en una acción de inconstitucionalidad para frenar la vigencia de la ley si los magistrados de la CC no resuelven el amparo antes del 16 de enero.
El juez Haroldo Vásquez, quien preside la Asociación de Jueces por la Integridad (AGJI), calificó de “lamentable” la situación ya que en lugar de aprobar estas leyes que benefician a sectores específicos, deberían legislar en pro del bien común, “estamos preocupados porque esta ley puede generar impunidad y ser una herramienta de beneficio para personas que buscan quedar libres”. Sobre el papel que jugarán los jueces en este tema, Vásquez, rescata que cada caso es distinto y antes de decidir si la aprobación de cargos aplica o no, deberán hacer un análisis detallado del expediente que corresponda.
Antes de que Jimmy Morales decidiera aprobar la ley, el 6 de diciembre, Stuardo Campo, jefe de la fiscalía contra la corrupción, declaró en una rueda de prensa que existen investigaciones pendientes contra el aún presidente, una de ellas por el intento de compra de los aviones militares argentinos Pampa III, también hay otro caso que está bajo reserva actualmente.
