Créditos: David Toro.
Tiempo de lectura: 3 minutos

Por David Toro

29 de octubre 2019

La excusa del abogado Julio Anaya, defensor del general Manuel Callejas, provocó que la audiencia de primera declaración contra tres militares acusados de genocidio cometido contra el pueblo ixil (1978-1982) se suspendiera por segunda ocasión, el juez Miguel Ángel Gálvez reprogramó la audiencia para el 4 de noviembre.

Foto: David Toro

Este 29 de octubre se intentó efectuar, por segunda ocasión, la audiencia de primera declaración del caso de genocidio cometido contra el pueblo Ixil durante la dictadura militar del general Romeo Lucas García (1978-1982). La suspensión se debió por la excusa presentada por el abogado Julio Anaya, defensor del ex jefe de inteligencia militar Manuel Antonio Callejas, quien argumentó tener otra audiencia en un caso diferente.

El pasado lunes se suspendió por la ausencia del abogado Jorge Lucas Serna, hijo y defensor del ex jefe del estado mayor de la defensa general Benedicto Lucas García.  

Foto: David Toro

El juez Miguel Ángel Gálvez, del juzgado de Mayor Riesgo B, les recordó a los abogados defensores de los militares que la primera declaración es de suma importancia y expresó su preocupación por el retraso del proceso ya que está cerca el periodo de vacaciones del Organismo Judicial (OJ) y esto podría afectar la causa. El juez Gálvez decidió reprogramar la audiencia para el 4 de noviembre, “ese día iniciaremos con la intervención del Ministerio Público (MP), sin excusas”, advirtió el juzgador previo a suspender la audiencia.

El proceso había estado engavetado durante 20 años, desde que la Asociación para la Justicia y Reconciliación (AJR), presentó la denuncia en contra de los generales Benedicto Lucas, Manuel Callejas y el coronel, César Noguera Argueta, acusados de dirigir 31 masacres donde fallecieron 1 mil 128 personas, todo esto como parte de la política de tierra arrasada, según los defensores de las víctimas.

Para el abogado Santiago Choc, que representa a las víctimas, los abogados de los militares están utilizando los recursos legales que tienen a la mano para retrasar el proceso, “se están violentando los plazos constitucionales fijados para efectuar la primera declaración” argumentó Choc.

Cuando la audiencia fue suspendida, Benedicto Lucas, de 87 años, se levantó de su asiento y se acercó al abogado Santiago Choc, el defensor de las víctimas de genocidio y en idioma q’eqchi lo interrogó: “¿usted de donde es? (…) usted conoce toda mi historia?”, decía el militar mientras le daba palmadas al abogado en la espalda, el abogado Choc respondió “yo soy de Ixcán, de niño tuve que irme a México por los planes militares de la tierra arrasada durante su tiempo”, Lucas se exaltó y respondió: “yo no mandé a bombardear aldeas… bueno, yo solo bombardeaba los campamentos de la guerrilla”.

El 4 de noviembre será el tercer intento para que la fiscalía de derechos humanos de lectura a la acusación contra los tres militares. Los acusados serán trasladados de una forma distinta al resto de reos, ya que el juez Gálvez aceptó que una ambulancia del centro médico militar donde están recluidos los traslade a la torre de tribunales.

Las familias de las víctimas declararon al final de la audiencia que esperan que el próximo lunes la audiencia inicie y no existan nuevas excusas, ya que han esperado 20 años para el inicio del proceso y cada vez que asisten a la sala de audiencias representa un gasto para ellos.

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