La falta de tierra los obligó a vivir en el Parque Nacional Laguna Lachuá

COMPARTE

Créditos: Joel Pérez
Tiempo de lectura: 3 minutos

Por Elías Oxom y Rony Morales

17 de julio del 2019

En la útima semana del mes de junio, agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) y de la División de Protección de la Naturaleza (Diprona), desalojaron a las personas que habitaban parte del terreno del Parque Laguna Lachuá. Pobladores de la aldea Salacuim y Puribal, en el municipio de Chisec del departamento de Cobán, demandaron la participación del Ministerio de Gobernación (Mingob), la Secretaría de Asuntos Agrarios de la Presidencia de la República (SAA), el Fondo de Tierras (Fontierra), Servicio Nacional de Catastro (SNC) y la Procuraduría de Derechos Humanos (PDH), para sostener reuniones con representantes de las comunidades de la región y de esta manera encontrar una solución a esta problemática.

En el lugar conocido como el Paso del Mono, al sur occidente de la laguna Lachuá, en Cobán, Alta Verapaz, viven 50 familias campesinas e indígenas, en un terreno a las orillas del parque nacional. Lo que ha llevado a la población a este lugar ha sido la falta de acceso a la tierra y la conflictividad agraria que se vive en el área de las Verapaces.

Foto: Elías Oxom

“Nosotros solo conocemos el caso y no lo acompañamos, pero lo cierto es que la falta de tierra orilló a las familias a esa situación, en ese lugar y en la Franja Transversal del Norte (FTN).  En la actualidad terratenientes, empresas hidroeléctricas, mineras, monocultivos y la ganadería se han apoderado de las tierras de los comunitarios por medio de presión, engaños, criminalización, persecución, compra y cooptación de los líderes”, eso explicó Carlos Morales, coordinador de la Unión Verapacense de Organizaciones Campesinas (UVOC) sobre la problemática que enfrenta un grupo de comunitarios que viven en una parte del terreno del Parque Nacional Laguna Lachuá.

Eso explicaría parcilamente porque las personas toman estas medidas extremas e ingresan a territorios ancestrales que se deben de cuidar y proteger. De acuerdo a Morales, “Este tema tiene que ser llevado a una mesa de alto nivel de negociación con autoridades de Alta Verapaz y las instituciones que toman decisiones en Guatemala, lamentablemente las autoridades no han querido ponerle atención”. 

Para el líder de la UVOC, “varias veces de manera violenta han desalojado a muhcas personas y nunca se han tomado el tiempo para iniciar un diálogo justo con la población campesina. En reuniones anteriores detienen a los líderes que llegan a representar las comunidades como el caso de la comunidad Secopur, donde al terminar la reunión fueron detenidas seis personas, de ellas dejaron libres a cuatro y quedaron presos Edwin Choc y Martín Chub, quienes tenían orden de captura”. Ambas personas, son acusadas de los delitos de usurpación agravada según aduce el líder campesino.

Lea también

https://prensacomunitaria.org/alta-verapaz-mientras-estaban-en-una-reunion-de-dialogo-detienen-a-seis-dirigentes-campesinos-de-ccda/

Sobre el caso de los desalojos a comunitarios de Parque Nacional Laguna de Lachuá el Comité Campesino del Altiplano (CCDA) señaló que ellos acompañan a “varias comunidades que se encuentran en la región de Lachuá, específicamente los casos de Mansión del Norte, Secopur, Salacuim, pero no el caso de los habitantes del área conocida como Paso del Mono”.

En el caso de Guatemala, es evidente como los ultimos gobiernos, han demostrado su parcialidad respecto a la protección de intereses particulares. Se han dedicado a reprimir a las comunidades con el fin de desarticular la organización comunitaria, que resguarda y protege sus territorios, en legítima defensa de su sobrevivencia humana. En el caso de los conflictos sobre la tierra en Guatemala, el usufructo de la fuerza pública ha sido utilizado para reprimir, desarticular la organización comunitaria y criminalizar, así mismo, la militarización de zonas en conflicto, y aún peor, se utiliza el sistema de justicia para escudarlos.

Sobre la situación que actualmente atrevisesan, las comunidades demandan al gobierno de Guatemala, coherencia en la administración pública, que se detengan las licencias de exploración y explotación a empresas nacionales y transnacionales que buscan explotar industrialmente sus bienes naturales.

“Denunciamos y responsabilizamos al gobierno toda la institucionalidad agraria y ambiental de esta represión, persecución y de las comunidades q’eqchi’s  que se encuentran en la tierra y territorio”, declararon los líderes comunitarios.

COMPARTE