Créditos: Prensa Comunitaria/Archivo
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Por Rony Morales

29 de julio 2019

Cada 28 de julio, familias, vecinos, y miembros de la comunidad Chicoyogüito, del pueblo q’eqchi’, exigen la devolución de la propiedad que el ejército de Guatemala les arrebató hace 51 años por medio del despojo y represión.

“Debemos reimpulsar la vida de nuestra comunidad y de nuestro pueblo golpeado por la guerra interna. Buscamos la recuperación de los espacios de nuestros ancestros. En donde todos tengamos tierra donde vivamos en armonía y equilibrio”, fue una de las exigencias y lo mensajes que resaltaban en la caminata que organizaron los pobladores para denunciar más de medio siglo del despojo de sus tierras.

Los hombres y mujeres rechazaron y condenaron el desplazamiento y desarraigo de grupos, comunidades o poblaciones de sus propias tierras de origen, para asentar sobre las mismas cualquier tipo de megaproyecto sea hidroeléctrico, minero, de extracción petrolera o de mega plantaciones para agro combustibles. Por razón, condenaron los desalojos violentos que se están dando en todo el país.

También, exigieron al gobierno la restitución inmediata de las tierras usurpadas por el ejército a la comunidad  durante la represión de la década de los años ochenta.  

Foto: Prensa Comunitaria/Archivo

Contexto

El 28 de julio de 1968, la comunidad de Chicoyogüito, localizada a cinco kilómetros de la cabecera departamental, fue desalojada y despojada de sus tierras por miembros del ejército de Guatemala. En 1971, en el mismo lugar construyeron la Zona Militar número 21, permaneciendo con ese nombre hasta el año 2003, cuando se cambió a Comando de Región Militar “Coronel Antonio José de Irisarri”. Posteriormente, le cambiaron de nombre a  Comando Regional de Entrenamiento de Operaciones de Mantenimiento de la Paz  (CREOMPAZ).

Entre 1978 y 1990, la Zona Militar No. 21 se convirtió en el centro de la coordinación e inteligencia militar. Además de ser un centro clandestino de detenciones ilegales, tortura, ejecuciones extrajudiciales, desaparición forzada, y violaciones sexuales.

En la actualidad, los sobrevivientes de Chicoyogüito sufren condiciones de pobreza extrema, causada por el despojo militar de sus tierras. Además de ocupar por la fuerza su territorio, el Ejército de Guatemala sometió a muchas personas de Chicoyogüito a trabajos forzados en las instalaciones militares.

En este lugar el Ministerio Publico (MP) y las organizaciones de detenidos desaparecidos y víctimas del conflicto armado en Alta Verapaz buscan el esclarecimiento de la desaparición de 565 personas durante los años 1981 a 1987.

En el caso denominado Creompaz, existe un caso abierto en contra 11 altos mandos militares acusados por delitos de desaparición forzada y deberes contra la humanidad en contra de la población indígena maya Q’eqchi´, Pocomochí, Achí, Ixil y Kiché durante los años de 1978 a 1987, en la región de Alta Verapaz.

En enero de 2016, el Ministerio Público detuvo a 11 altos oficiales militares, entre ellos el ex jefe del Estado Mayor del Ejército de Guatemala, Benedicto Lucas García, por su presunta culpabilidad en los crímenes descubiertos en la Zona Militar No. 21. En junio de 2016, el juez de primera instancia determinó que hubo suficiente evidencia para enviar a ocho de los acusados a juicio. Sin embargo, hasta el día de hoy, el proceso continúa estancado, según denuncia la Asociación de Vecinos de Chicoyogüito, que se constituyeron como querellante adhesivo en el caso Creompaz.

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