Por: Rony Morales
Respondiendo a una coyuntura de disputa entre el derecho histórico de las poblaciones indígenas por el territorio, contra la posesión que se atribuyen los propietarios terratenientes respaldada por el Registro de la Propiedad, se reunieron miembros del Fondo de Tierras con representantes de la Unión Verapacense de Organizaciones Campesinas (UVOC), en el municipio de san Miguel Tucurú, con el fin de establecer la ruta a seguir para la pronta atención y resolución del caso de la finca Guaxpon; la cual se le entregará a 100 familias q’eqchi’s que han sido desalojadas y que cuentan con medidas cautelares.
El caso de la finca Guaxpon es por el acceso a la tierra para las familias campesinas del Valle del Polochic, se requiere el apoyo del Fondo de Tierras para llegar a conciliar entre las partes, puesto que han ocurrido varios incidentes que vulneran a las familias que habitan en el lugar.
Guaxpon se encuentra en territorio q´eqchi´. Territorio de agricultores, productores de maíz, café y cardamomo en el Valle del Polochic en Alta Verapaz. La UVOC espera que la situación se solucione mediante un proceso de regularización de las tierras. El caso está en la mesa de conflictos agrarios que se lleva en la Secretaría de Asuntos Agrarios (SAA), Fondo de Tierras y el Registro de Información Catastral (RIC).
Como veremos en los casos recopilados, en este Inventario de conflictos, existe en la mayoría de ellos un reclamo de las comunidades por la propiedad de la tierra que ocupan y trabajan. Pero también hay una cantidad importante de casos donde personas mestizas, extranjeras y algunas indígenas que reclaman los derechos legales de propiedad, exigen el desalojo de las comunidades ocupantes.
“La población q´eqchi´ comenta que ellos “para poder sobrevivir, le arriendan tierras a otras personas, entre ellos finqueros, pero que se encuentran felices ya que se esperaba que esperan la solución de su conflicto agrario, con ello tener tierras para vivir con ello poder cultivar su maíz y frijol”.
Estas comunidad pide que se investiguen los hechos de desalojos violentos, ya que su caso atraviesa un proceso de regularización en las instituciones del estado de Guatemala.
