Por: Rony Morales
En una asamblea del sector indígena y campesino, la Unión Verapacense de Organizaciones Campesinas (UVOC) y el Comité de Desarrollo Campesino (CODECA), tuvieron la visita en los territorios poqomchi´ y q’eqchi’ de Santa Cruz, Alta Verapaz, de la Misión Internacional de Derechos Humanos para los Defensores de la Tierra, liderada por Land Coalition international (ILC).
Annalisa Mauro, coordinadora global de operaciones y redes de la ILC en la zona norte del país, verifica la situación de los derechos campesinos en relación a la tierra, desalojos, persecución penal y crímenes en contra de los dirigentes comunitarios, las vulneraciones a defensores de derechos humanos vinculados a la tierra y el medio ambiente.
Del 6 al 10 de agosto se lleva a cabo en Guatemala la visita de una comisión Internacional de alto nivel, integrada por organizaciones extranjeras para recoger información sobre la escalada de agresiones y asesinatos de defensores de derechos humanos que protegen la tierra y el medio ambiente. Tras la misión se emitirán recomendaciones para contribuir al cese de la criminalización y la violencia ejercida en contra de los/as defensores y del clima de impunidad que impera frente a esta problemática.
El tema del acceso y la tenencia segura de la tierra para las comunidades rurales, está en el corazón de una serie de conflictos donde intervienen actores con distintos intereses. En este escenario, integrantes de organizaciones sociales son criminalizados constantemente por defender sus derechos a la tierra y al territorio, en un contexto marcado por procesos de acaparamiento de tierras, acceso desigual a la justicia y la carencia o deficiencia de marcos legales.
La gravedad de la situación de agresiones en la zona q’eqchi’ y poqomchi’ ha generado una amplia cobertura mediática, diferentes organismos se manifiestan en torno a la urgencia de implementar medidas efectivas de protección para los defensores de derechos humanos y de investigar los crímenes perpetrados en contra de estos.
Una violación constante de estándares y convenios internacionales en materia de derechos humanos existe en Guatemala, en sus territorios y en los países en los cuales se concentra la mayoría de asesinatos a líderes y lideresas. Este incremento de violencia expresa una relación de poder desigual y un sistema institucional que protege a sectores de mayor poder económico, de influencia política y judicial.
“Entre enero y julio del presente año, 18 defensores de derechos humanos fueron asesinados en Guatemala, de los cuales 13 se relacionan a la defensa de la tierra y los territorio. Asimismo, se registraron 135 agresiones en contra de defensores de derechos humanos en los primeros cinco meses del año”. La mayoría de estos eran líderes sociales e integrantes de organizaciones campesinas de amplia trayectoria. La mitad de las personas asesinadas eran dirigentes del CODECA o del Comité de Defensa del Altiplano (CCDA). La última víctima fue Juana Raymundo, joven lideresa maya Ixil de CODECA, encontrada sin vida el 28 de julio con signos de tortura. Ambas organizaciones son miembros de la Coalición Internacional para el Acceso a la Tierra (International Land Coalition – ILC).
“La Coalición Internacional para el Acceso a la Tierra está visitando Alta Verapaz porque estamos sumamente preocupados por los elevados índices de violencia que nuestros miembros han enfrentado en los últimos meses. La impunidad en torno a los asesinatos es alarmante”, señalaron miembros de ILC en Santa Cruz.
Las 260 organizaciones a nivel mundial, miembros de la ILC manifiestan que es necesario que se reconozca a los pueblos indígenas y a las comunidades locales como custodios del planeta. Asegurar estos derechos es el eje central para construir un mundo justo y equitativo desde la salud a la educación, de la participación a la paz, del crecimiento a la diversidad cultural. La tierra, el desarrollo rural, los derechos indígenas originarios campesinos, afrodescendientes, deben defenderse.
