Texto: Azarías Perencén (Chiko)
Mural: Maugdo Vásquez.
Antecedente obligado
Dos eventos marcaron la vida de quienes vivimos de cerca el movimiento estudiantil sancarlista de finales de la década del ochenta e inicios de la década del noventa: el secuestro y asesinato de la dirigencia de la Asociación de Estudiantes Universitarios (AEU) en agosto y septiembre de 1989, y el asesinato de Mario Alioto López Sánchez en 1994 en una protesta de los estudiantes en contra del incremento al pasaje del transporte urbano. Ambos hechos fueron perpetrados por las fuerzas de seguridad del Estado de Guatemala. Mario Alioto fue herido de bala en una emboscada tendida a los estudiantes por agentes la Policía Nacional en la entrada a la Universidad de San Carlos “por la avenida Petapa”. Ante este hecho, 17 años más tarde, en 2011, el exministro de Gobernación, Carlos Menocal (2008-2012), señaló que “El abandono, la falta de auxilio, la cobardía de dejarlo morir agonizando en el asfalto, marcó la determinación histórica para que la Corte Interamericana de Derechos Humanos, reconociera la responsabilidad del Estado. Fue un acto cobarde cometido por agentes de la Policía Nacional”[1].
Cinco años atrás, entre agosto y septiembre de 1989, el movimiento estudiantil fue golpeado brutalmente por las fuerzas de seguridad del Estado. Diez dirigentes estudiantiles de diferentes unidades académicas fueron secuestrados y desaparecidos. Unos días después del hecho, cinco de ellos aparecieron en un terreno baldío contiguo al campus universitario, apuñalados y con señales de tortura. Este hecho causó gran consternación entre quienes participaban en grupos estudiantiles, que en un frente se sumaron para enfrentar la represión del Estado, pero también causó pánico y terror en otros sectores de la comunidad universitaria a tal grado que varios dirigentes optaron por el repliegue para salvaguardar su vida y fueron asomando nuevamente a la vida pública muchos años después.
Ante la crisis que causó el descabezamiento de la dirigencia del movimiento estudiantil, a finales de septiembre y principios de octubre de 1989 se conformó un secretariado de transición, surgido del Consejo Consultivo de la Asamblea de Asociaciones Estudiantiles conformado por la Asociación de Estudiantes de la Escuela de Historia y la Escuela de Ciencias de la Comunicación, la Asociación de Estudiantes de la Facultad de Medicina, Agronomía, Ciencias Económicas, Humanidades, Ciencias Químicas y Farmacia, Veterinaria, y la Asociación de Estudiantes de Arquitectura. En medio de la represión y el terror, este liderazgo emergente logró mantener y levantar el movimiento estudiantil, reformar los estatutos de la AEU y convocar a elecciones para conformar el nuevo Secretariado de la Asociación de Estudiantes Universitarios “Oliverio Castañeda de León” para el periodo 1990-1992.
Un relato histórico
¿Por qué el movimiento estudiantil de 1989 se convirtió en blanco del ataque brutal de las fuerzas de seguridad del Estado? ¿Qué relación tiene este golpe al movimiento estudiantil con la cooptación de la AEU y de distintas estructuras organizativas de los estudiantes de la Universidad de San Carlos en los albores del siglo XXI?
La respuesta a la primera pregunta posiblemente sea más fácil de responder si se considera que el movimiento estudiantil fue encasillado dentro de los sectores que los regímenes militares denominaron el “enemigo interno”. Y, ¿quién era el enemigo interno? El Manual de guerra contrasubversiva del Ejército de Guatemala (1980) definió al “enemigo interno” como:
“todos aquellos individuos, grupos u organizaciones que por medio de acciones ilegales tratan de romper el orden establecido. (El enemigo interno) está representado por los elementos que siguiendo consigna del comunismo internacional, desarrollan la llamada Guerra Revolucionaria y la subversión en el país… también debe considerarse como enemigo interno a aquellos individuos, grupos u organizaciones que sin ser comunistas tratan de romper el orden establecido”.
Fue la juventud estudiantil universitaria y de enseñanza media la que puso en jaque al gobierno corrupto de Miguel Ydígoras Fuentes a principios de los años 60. Fueron estudiantes quienes acompañaron las protestas sociales en contra del incremento del pasaje urbano, y las protestas de trabajadores por un salario justo en el campo y en la ciudad. También fueron estudiantes quienes acompañaron la caminata de los mineros de Ixtahuacán, Huehuetenango, en los años 70; y varios estudiantes universitarios fueron inmolados por las fuerzas represivas del gobierno de Romeo Lucas García en la quema de la Embajada de España en 1980.
Bajo esta concepción de enemigo interno, inspirado en la Doctrina de Seguridad Nacional, impuesta por Estados Unidos en toda América Latina, el régimen genocida de Ríos Montt (1982-1983), con Benedicto Lucas al frente de las tropas del Ejército, arrasó cientos de aldeas y caseríos, asesinando a miles campesinos indígenas en el altiplano guatemalteco, en lo que se denominó la política de tierra arrasada; mientras tanto en la ciudades y centros urbanos se operaron asesinatos selectivos de decenas de religiosos, líderes sindicales, pobladores, estudiantes y catedráticos universitarios. Una muestra de la represión, el asesinato y la desaparición forzada en la ciudad, se encuentra en el Diario Militar o “Dossier de la Muerte”[2], publicado en 1999 por la experta Kate Dole, del National Security Archive. En este documento militar se revela cómo varios dirigentes estudiantiles fueron capturados y desaparecidos por las fuerzas de seguridad del Estado.
Esta olas represiva del Estado contrainsurgente, está relacionada con los flujos y reflujos que experimentó el movimiento estudiantil universitario en distintos momentos de su historia. Después del reflujo con la contrarrevolución en 1954, vino un crecimiento a inicios de 1960.
Desde el asesinato de Oliverio Castañeda de León en octubre de 1978, hubo un reflujo en el movimiento estudiantil en los años siguientes cuando la AEU ocultó la identidad de sus dirigentes, y fue hasta 1984 cuando nuevamente se intentaba articular el movimiento, que cinco miembros de la Coordinadora Estudiantil fueron asesinados.
El Informe de la Comisión para el Esclarecimiento Histórico destacó que:
“la recuperación del movimiento estudiantil fue muy lenta: en 1985 y 1986 no hubo AEU. En 1987 se eligió una nueva directiva. La organización estudiantil no volvió a actuar de forma pública hasta 1989, cuando en un número del periódico El Estudiante se publicaron los nombres de todos los miembros de la Junta Directiva de la Asociación. Ese año, los principales objetivos de la AEU fueron: reorganizar el movimiento estudiantil, apoyar a los estudiantes de educación media y a los sectores populares e impulsar un proceso de reforma universitaria. La reforma implicaba la reestructuración financiera, administrativa y académica de la USAC. Estas líneas de trabajo habían sido acordadas en diciembre de 1987, en un seminario que, por razones de seguridad, se celebró en México, contenidas en un documento que se denominó Nueva Esperanza.
En 1989 el Gobierno dirigido por Marco Vinicio Cerezo Arévalo enfrentó un intento de golpe de Estado (9 de mayo) y una ola de críticas por abuso en la utilización de los recursos del Estado. Por su parte, el sector laboral acusaba al Gobierno de desviar fondos públicos para financiar una campaña preelectoral interna.
En este contexto, la AEU apoyó la huelga de maestros que se realizó en toda la República entre junio y agosto de 1989. Se estima que el apoyo estudiantil a los docentes fue uno de los factores que desató la represión en su contra. Asimismo, la AEU participó en el Diálogo Nacional, junto con la Unidad de Acción Sindical y Popular (UASP), y apoyó las demandas sindicales, campesinas y populares. Estas acciones las realizó la AEU a pesar de haber recibido amenazas suscritas por los escuadrones de la muerte: “Jaguar Justiciero, JJ” y el Ejército Secreto Anticomunista (ESA)”[3]
Hay que recordar que, con el golpe de Estado perpetrado por Efraín Ríos Montt en 1982, se inició también una serie de planes militares que presuntamente culminarían con el traspaso de los gobiernos castrenses a manos de civiles, la gobernabilidad y pacificación del país, y el fin de la guerra después derrotar a la insurgencia.
En este sentido, los regímenes militares diseñaron distintas las estrategias para la consecución de estos fines insertos en el Plan de Campaña Victoria 82 y Firmeza 83, que pretendían acabar con todo indicio de oposición a los gobiernos militares, y la implantación de un nuevo modelo económico en ciernes: el proyecto neoliberal, la privatización de las instituciones estratégicas del Estado, comunicaciones y telefonía.
Luego vino el Plan de Campaña Reencuentro Institucional 84 y Plan de Campaña Estabilidad 85 que, mediante la pacificación del país, consistente en la aniquilación de toda oposición política. Se creó la plataforma para la instalación de la Asamblea Nacional Constituyente y la convocatoria a las elecciones generales en 1985 que, dicho sea de paso, permitieron al año siguiente, la asunción del primer gobierno civil luego de la militarización del Estado iniciada en la década del sesenta.
En adelante, el Ejército desarrolló bajo la fachada del gobierno civil de Vinicio Cerezo, el Plan de Campaña Consolidación 86, el Plan de Campaña Fortaleza 87, el Plan de Campaña Unidad 88, el Plan de Campaña Institución 89 y el Plan de Campaña Avance 90 (ver Nelton Rivera 2016[4]).
Bajo esta lógica militar, la pacificación de la sociedad guatemalteca implicó también silenciar la voz de las juventudes estudiantiles, las voces más dinámicas de la sociedad que otrora pusieron en jaque a los gobiernos militares dictatoriales, represivos y corruptos; y libraron jornadas de lucha junto al pueblo de Guatemala.
Luego del descabezamiento del movimiento estudiantil de 1989, casi fue imposible detener la oleada neoliberal que vino aparejada con las negociaciones de la paz, que iniciaron con la Declaración de Contadora en 1983 y Esquipulas I y II, en 1986 y 1987 respectivamente, y que culminaron en los Acuerdos de Paz suscritos por la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca y el gobierno de Guatemala, en diciembre de 1996, y que terminaron relajando al movimiento estudiantil hasta ser copado completamente por el crimen organizado a principios del siglo XXI.
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Una anécdota. En febrero de 1997, en consonancia con la desmovilización de la guerrilla y en atención al “Cese definitivo al fuego”, en un salón del Edificio S-10 de la Facultad de Ciencias Económicas, se desarrolló un acto simbólico de arriar la bandera que por muchos años orientó las acciones de los militantes estudiantiles de una de las facciones guerrilleras. Esa bandera roja con la efigie del Che le fue entregada a un niño que en ese entonces tenía tres años. Ese niño está ahora aquí, hecho un joven universitario, y precisamente hoy, con estas Jornadas Estudiantiles, renace nuevamente el movimiento estudiantil con nuevos aires, con sangre nueva, para acompañar a Oliverio Castañeda de León por las calles de nuestro país junto al pueblo de Guatemala.
[1] Revista Guatemala, http://www.revistaguatemala.com/publicaciond.php?PublicacionId=71127
[2] Secretaría de la Paz de la Presidencia de la República (2011). “El Diario Militar, a la luz de los Archivos Históricos de la Policía nacional”. Serviprensa, Guatemala.
[3] Informe de la Comisión para el Esclarecimiento Histórico, Guatemala: Memoria del Silencio. (1999) Guatemala. Pag. 223-225.
[4] Rivera, Nelton (2016). “Los planes de campaña que el Ejército siempre ocultó” en Prensa Comunitaria, 7 de abril de 2016. https://comunitariapress.wordpress.com/2016/04/07/diario-militar-el-ejercito-siempre-nego-la-existencia-de-los-planes-militares/
