Por: Prensa Comunitaria
¿Origen de la de la desaparición forzada?
Esta práctica represiva fue utilizada por primera vez por el ejército de Guatemala en 1966 contra 28 dirigentes políticos de oposición. Sin embargo, tomó auge en los años de 1980 cuando la política mundial estaba determinada por la guerra fría, con grandes tensiones que mantenían al mundo al borde de una guerra mundial entre los grandes bloques encabezados por Estados Unidos y la ex Unión Soviética o bloque comunista. El triunfo de la revolución sandinista en Nicaragua (1979) acrecentó la alarma norteamericana contra movimientos insurgentes en la región, interpretados por USA como la amenaza rusa en su propio traspatio.
La trayectoria represiva y anti-democrática de gobiernos en América Latina fue el terreno fértil para dar vida a las políticas a favor de los intereses norteamericanos contra una real o imaginaria amenaza de otra Cuba u otra Nicaragua. Cada ejército se volvió contra la población que debía proteger y aniquiló toda oposición, a sangre y fuego.
Hacia mediados de los años 80, esta práctica represiva estaba siendo empleada en El Salvador, Chile, Uruguay, Argentina, Brasil, Colombia, Perú, Honduras, Bolivia, Haití y México. Sin contar los asesinatos políticos y las masacres, Amnistía Internacional y la Federación de Familiares de Desaparecidos sostienen que hubo cerca de 90 mil personas desaparecidas en Latinoamérica.
¿Qué sucedía en Guatemala?
Para 1963, el país vivía una crisis política. Se sucedían movilizaciones populares contra la corrupción gubernamental, por derechos y libertades democráticas y por mejorar las condiciones de vida. Las abiertas confrontaciones políticas y la falta de voluntad gubernamental para satisfacer las demandas populares más básicas, fueron el terreno en el que surgió el primer movimiento guerrillero que contó con simpatía y apoyo entre la población.
El militar Enrique Peralta Azurdia dio un golpe de Estado en 1963 y la seguridad del Estado fue concentrada en el ejército, que recurrió al terror con el objetivo de combatir a la guerrilla.
En los años de 1970 la situación no solo no había cambiado, sino que se agudizó con el terremoto de 1976 que dejó a un millón de familias sin casa y empobreció más a amplios sectores. El descontento nacional creció y las organizaciones populares y guerrilleras se fortalecieron.
A principios de los años 80 la población organizada estaba decidida a cambiar el país. Tierra, trabajo, derechos… lo mismo que ahora. Al mismo tiempo, de la mano de Estados Unidos, el ejército formulaba sus más represivos planes que dejó el saldo de 45 mil personas desaparecidas, entre ellas 5,000 niños y que acabaría con la vida de más de 150 mil guatemaltecos.
¿Cómo operaba la desaparición forzada de personas?
Los principales rasgos de este método represivo son los siguientes:
- a) La existencia de una estructura de inteligencia militar que tiene su propia jerarquía y mandos donde las órdenes fluyen vertical y centralizadamente.
- b) Esta estructura es clandestina e incluye:
- Grupos operativos con entrenamiento militar y especialización en inteligencia. Estos se encargan de localizar, vigilar, seguir y secuestrar a las víctimas. La clandestinidad incluía hacer creer a la población que las desapariciones eran ejecutadas por grupos ajenos al ejército, como la Mano Blanca, el Ejército Secreto Anticomunista (ESA) o la Panel Blanca.
- Registros de las víctimas manuales o computarizadas
- Recursos logísticos: locales de reclusión, vehículos, armamento y disfraces
- Asesoría profesional de médicos o psiquiatras que instruían o aconsejaban en la fase del interrogatorio, tortura y asesinato de las víctimas.
- c) Estricto resguardo de la secretividad de las acciones y la identidad de los involucrados. En un operativo se ocultaba placas de vehículo o rostros de los secuestradores y torturadores. Así mismo, el secuestro de una persona no era de conocimiento de todo el aparato de inteligencia.
¿Cómo garantizaban la impunidad?
A la par de la actuación violenta, la inteligencia militar impulsó campañas de desinformación de la opinión pública que pretendían la rotunda negación del delito así como confundir a la población dando burdas explicaciones públicas sobre las desapariciones tales como “los desaparecidos están en Cuba o en Nicaragua”, “fueron secuestrados por la guerrilla” o “son un invento de los subversivos”. El ocultamiento de los cadáveres fortalecía la duda.
Estas campañas también pretendían la aceptación y justificación social de la represión para garantizar la impunidad o bien, para que las familias de las víctimas fueran socialmente aisladas y culpabilizadas por la desaparición de sus familiares.
Los frutos de las campañas mediáticas son visibles aún ahora. El temor al comunismo y el eficaz mensaje militar, creó en parte de la población la convicción de que los excesos represivos fueron necesarios para librar al país de la amenaza extranjera.
¿Cuál es su objetivo de la desaparición forzada?
Es el mismo que tienen todas las prácticas represivas: el control político y social del país. Sofocar todo foco de protestas proveniente de cualquier sector social: campesinos por legalizar sus tierras; sindicatos defendiendo trabajadores o protestando por el costo de vida; estudiantes exigiendo libertades democráticas. Este método se combinó con asesinatos individuales y masacres, especialmente en áreas rurales.
Sin embargo su objetivo específico en el mosaico represivo era conseguir información. Como el fin último del ejército es desarticular a la oposición política, la misión de la inteligencia militar es conseguir la información necesaria para este fin. La desarticulación se logra porque a) los opositores son asesinados o b) porque huyen aterrorizados. Debido a ello, el secuestro de una persona que luego es desaparecida, tiene como primer objetivo conseguir más información sobre otras personas y organizaciones.
Para ello, los militares recurrían a interrogatorios con toda clase de violencia física y psicológica. Al final, los secuestrados por el ejército serían mayoritariamente asesinados y su círculo social, familiar o político y la población en general, recibiría un claro mensaje de terror. Por ello este método resultó tan eficaz.
¿Cuáles son los efectos psico-sociales en las víctimas y su familia?
El primer objetivo de torturar a las víctimas es quebrarlo psicológicamente para vencer su resistencia a entregar información a sus torturadores. La tortura o la amenaza de ésta, someterá a las víctimas a estados de intensa angustia y stress.
Las personas secuestradas son sometidas a tratos inhumanos y degradantes: manos atadas, ojos vendados, prohibición de hablar, limitación de movimientos, negación de alimentación e higiene. Sin contacto con el mundo exterior, el secuestrado no sabe dónde se encuentra, sabe que su familia desconoce su paradero y tiene total incertidumbre sobre su futuro. Los captores reforzaban los sentimientos de inseguridad: “Nadie sabe que estás aquí”, “Vos estás desaparecido”, “Vos no existís, no estás ni con los vivos ni con los muertos.”
El final de la desaparición forzada es la muerte y el ocultamiento del cadáver.
La familia también sufre tortura psicológica por la incertidumbre y a la vez por la certeza de que la persona secuestrada está sufriendo y morirá. El intenso y permanente dolor se acompaña de frustración que conduce a profunda depresión provocado por la impotencia.
La culpa acompaña especialmente a los padres que se responsabilizan a sí mismos de no haber cuidado efectivamente a su hijo o hija. La culpa termina por contaminar todo comportamiento afectivo o social y provoca enfermedades que pueden terminar en muertes prematuras.
Socialmente las familias son condicionadas al silencio por la posible represión en su contra, así como a la culpa que debiera cargar quienes desaparecen personas.
Un efecto especial acompaña a las familias de personas desaparecidas: la imposibilidad de abrir y cerrar una etapa de duelo. Toda muerte que se experimenta con un dolor vivido de manera saludable involucra acciones humanas y sociales como la aceptación de la pérdida, el consuelo solidario ofrecido por familiares y amigos y el cierre del duelo.
Las familias de desaparecidos no pueden hacer esto en la normalidad. Suponer la muerte del desaparecido se experimenta como una traición y abandono al ser querido. Otros familiares y amigos no pueden expresar sus condolencias ni pueden alentar un incierto retorno. Son imposibles los rituales sociales y religiosos de despedida y aceptación.
Hay familias que mantienen las habitaciones de los ausentes como quedaron antes de su secuestro. Otras, siguen esperando el retorno que dolorosamente nunca se produce. Las familias son particularmente dañadas emocionalmente por la incertidumbre y especialmente castigadas por la imposibilidad de la justicia.
El silencio social y la indiferencia hacen aún más destructiva la realidad de las familias.
¿Cómo figuran las desapariciones en los derechos?
En diciembre de 1992 la Asamblea General de la ONU adoptó la Declaración sobre la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzosas. La ONU considera que la práctica sistemática de este método represivo constituye un crimen de lesa humanidad. Es decir que es tan dañino y destructivo para las personas, los valores, los derechos y libertades que deben prevalecer en una sociedad, que éste crimen debe ser objeto de investigaciones de oficio por los Estados y no puede ser justificado por haber recibido órdenes superiores. Los Estados tienen además, la obligación de poner penas para los responsables a quienes deben perseguir y castigar sin importar el tiempo que haya transcurrido desde la comisión del delito y sin beneficiarlos con leyes de amnistía para librarlos de juicios o condenas. La Declaración reconoce el derecho a reparación e indemnización de las víctimas y sus familias.
La Organización de Estados Americanos aprobó la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas en junio de 1994. Esta también declara la práctica represiva, como un crimen de lesa humanidad.
En mayo de 1996 el Congreso de la República de Guatemala emitió un decreto destinado a modificar el Código Penal. A partir del cambio, el Artículo 201 TER define como delito la desaparición forzada cuando esta es cometida por motivos políticos y por orden, con autorización o apoyo de autoridades estatales, para privar de libertad a personas, ocultar su paradero y no reconocer su detención.
¿Qué quieren las familias de los desaparecidos?
Conocer el paradero de sus seres queridos. El juicio y castigo legal a los responsables. Conocer la verdad. La devolución de los restos de las personas para darles sepultura digna y poder cerrar el duelo por ellas. También esperan que la sociedad no olvide a las víctimas y brinde solidaridad y reconocimiento a su dolor y a la pérdida sufrida por la familia. Finalmente, pretenden el compromiso del Estado para impedir la repetición.
Guatemala, agosto 2016.
