El Ministerio de Gobernación ha estado obligado, desde hace dos años, a implementar cámaras en los agentes de la Policía Nacional Civil. Si bien se anunció recientemente que estas se conseguirían, sería hasta el próximo año que estas empiecen a utilizarse por medio de la renta del servicio.
Por Prensa Comunitaria
El asesinato de Juan Francisco Solórzano Foppa y Gustavo Aguilar Gamarro ha dejado en evidencia a la Policía Nacional Civil (PNC): errores en sus métodos de seguridad e incumplimiento de la ley.
Y es que desde 2024 el Congreso de la República aprobó una normativa para monitorear el desempeño de los agentes. Implica, entre otras cosas, la utilización de cámaras corporales en cada uno de los efectivos.
El objetivo de estos dispositivos, según el decreto, es documentar las actividades de los oficiales en “beneficio de la transparencia, la rendición de cuentas y la protección de los derechos de todos los involucrados”.
La ley estableció que las carteras de Finanzas y del Interior debían trabajar coordinadamente para que se adquirieran los equipos. Sin embargo, esta medida respaldada por el presidente Bernardo Arévalo sigue sin implementarse.
La Policía aseguró que acelerará la compra por los “medios y procedimientos más ágiles”, tras recibir críticas por arrestar irregularmente a los supuestos verdugos de Solórzano Foppa y Aguilar Gamarro.
No obstante, no hay manera de apresurar su obtención. La única opción sería conseguirlas por medio de una licitación: un proceso largo que, por ejemplo, necesita de elaborar una serie de documentos, recibir las ofertas, evaluarlas y firmar el contrato.
Aunque el Ministerio de Gobernación (Mingob) sí planificó la compra de las cámaras corporales este año, el concurso público no se ha publicado en Guatecompras y tampoco hay una fecha de cuándo se podría hacer.
El director de la PNC, David Boteo, manifestó ayer en el Legislativo que los aparatos no se adquirirían. En cambio, se van a alquilar, porque las reparaciones y las actualizaciones son costosas.
En cualquier caso, se tendría que hacer una licitación. Hipotéticamente, si se lanzara mañana, las empresas tendrían 40 días para preparar sus ofertas. Tras la recepción, una junta analizaría cada una de las propuestas y elegiría a la compañía ganadora.
Posteriormente, el jefe de la cartera de Interior, Marco Villeda, tendría que aprobar la selección y ordenar la suscripción del contrato. Es decir que, como mínimo, el concurso público duraría dos meses.
Por eso no se puede hacer una adquisición o alquiler inmediato de esta herramienta, por lo que sería hasta el próximo año que los dispositivos se entregarían y cuando los agentes comenzarían a utilizarlos.
La compra de las cámaras corporales se ve lejana por lo que la Policía aún no utilizará la herramienta para los registros.
Hechos
Monitorear las actividades de los agentes volvió a ser debate debido a la detención de los hermanos Rigoberto y Daniel Zaqueo Choc Toz, a quienes se les señaló de ser los asesinos de Juan Francisco Solórzano Foppa y Gustavo Aguilar Gamarro. Posteriormente, los hermanos fueron liberados por falta de pruebas.
