El ecologista maya tz’utujil y ambientalista plantea fortalecer la participación de pueblos indígenas, mujeres y jóvenes en las decisiones ambientales. Su candidatura fue aceptada para la representación del público del Acuerdo de Escazú; la votación regional será el 10 y 11 de noviembre.
Por Rony Ríos
Josué Chavajay-Quiacain quiere que las comunidades tengan más peso en las decisiones ambientales de América Latina y el Caribe y para hacerlo, busca una de las representaciones del público del Acuerdo de Escazú, el tratado regional que promueve el acceso a la información ambiental, la participación pública y la justicia, e incluye disposiciones para proteger a quienes defienden el ambiente.
Chavajay es ecologista popular maya tz’utujil que participa en las luchas comunitarias por la defensa del lago de Atitlán. Su candidatura fue aceptada para la subregión electoral 3, que incluye a Guatemala y los países desde Panamá hasta México.
Aunque Chavajay reconoce que la representación no tiene voto en la Conferencia de las Partes (COP), sí permite intervenir y representar al público en las reuniones del acuerdo. La votación será el 10 y 11 de noviembre.
Según explicó, su candidatura surgió de elecciones primarias en la Red Centroamericana por el Derecho a Vivir en un Medio Ambiente Sano (COREDAM) y si resulta electo, propone “elevar las voces del público”, en especial las de mujeres, pueblos indígenas, jóvenes y otros sectores que suelen tener menos incidencia en las decisiones.
“Mi participación estará arraigada en principios de justicia climática y defensa de la autonomía territorial”, dijo Chavajay, previo a cuestionar los modelos económicos extractivos y lo que describió como falsas soluciones que, bajo un discurso ambiental, mantienen las mismas formas de producción y explotación que contribuyeron a la crisis climática.
La representación del público busca facilitar la participación ciudadana ante los órganos del Acuerdo de Escazú y canalizar sus aportes.
Chavajay propone que ese espacio también ayude a vigilar el cumplimiento del tratado, mediante una especie de “contraloría ambiental del público”. Su planteamiento es que las personas y organizaciones puedan monitorear cómo se aplican los derechos de acceso a la información, participación y justicia ambiental, así como las medidas de protección para defensores.
La experiencia comunitaria en Atitlán
Chavajay sostiene que la participación de las comunidades puede producir propuestas para políticas públicas y sumar conocimientos que las autoridades y los estudios técnicos suelen dejar fuera, por ejemplo, mencionó iniciativas para evitar la privatización de las playas y frenar la extracción de arena en el lago de Atitlán.
En el trabajo para proponer medidas de rehabilitación del lago, explicó, el conocimiento académico debe dialogar con la experiencia de quienes viven en la cuenca, por lo que recordó que las mujeres que limpiaban las orillas advirtieron que los sitios donde se extraía arena se volvían pantanosos y despedían mal olor. “Debe haber un diálogo multiactor para la búsqueda de soluciones”, afirmó.
A su juicio, la población necesita acceso a información y herramientas para comprender los problemas ambientales y participar en la elaboración de respuestas.
La contaminación de Atitlán muestra, según Chavajay, la distancia entre las normas y su cumplimiento. Chavajay explicó que el Acuerdo Gubernativo 12-2011 establece límites para las descargas de aguas residuales en la cuenca y en 2025, el MARN sancionó a 15 municipalidades por incumplimientos ambientales, aunque sostiene que persisten debilidades para vigilar y hacer cumplir las reglas.
También criticó que las responsabilidades se distribuyan de la misma manera entre actores que contaminan en escalas distintas. Una empresa extractiva, un hotel y una persona que hace tortillas para vender, argumentó, no generan el mismo impacto, por lo que propone discutir la responsabilidad de los productores y los costos ambientales que, según dijo, suelen quedar fuera de las cuentas de quienes producen y comercializan.
Guatemala sigue fuera del acuerdo
Guatemala firmó el Acuerdo de Escazú en 2018, pero en diciembre de 2022 notificó a Naciones Unidas que no tenía intención de convertirse en Estado parte, por esa razón, la firma no genera para el país las obligaciones jurídicas que tendría si lo ratificara a través del voto en el Congreso.
Chavajay consideró que, aunque la correlación de fuerzas en el Congreso no es favorable, ya se demostró que el Ejecutivo y el bloque oficialista tiene poder de negociación cuando le interesa un tema, como se vio en la elección de Contralor General o como se vislumbra en la discusión del presupuesto.
El ambientalista también cree que el Gobierno de Bernardo Arévalo “queda debiendo” en su política ambiental, porque el acuerdo debería ser impulsado para su ratificación, junto con una ley de aguas, que sería una muestra real del compromiso para cumplir su propuesta de campaña en el tema ambiental.
Aseguró que la sociedad civil ha seguido promoviendo Escazú, mientras el Gobierno no ha sacado al país del limbo diplomático ni ha impulsado el proceso de ratificación.
El ambientalista sostiene que el acuerdo podría reforzar la participación pública y las garantías para quienes defienden ríos, bosques y cuerpos de agua. Escazú es el primer tratado regional que incluye disposiciones específicas para proteger a las personas defensoras de derechos humanos en asuntos ambientales, pero para Guatemala esas disposiciones no son obligaciones del tratado mientras el país no sea Estado parte a través de la ratificación.
Chavajay afirma que, si es electo, buscará que Escazú funcione como una herramienta de base comunitaria y no solo como un marco jurídico.
