Se han presentado tres acciones legales, una solicitud de anulación, una acción defectuosa y un amparo en la Corte de Constitucionalidad (CC) con el respaldo del Consejo Superior Universitario. Las voces disidentes consideran que esta acción es igual a la que realizaron el 8 de abril cuando se consumó el fraude de Walter Mazariegosy buscan la protección de la máxima Corte.
Por Simón Antonio Ramón
La Dirección de Asuntos Jurídico (DAJ) y el Consejo Superior Universitario (CSU) de la Universidad de San Carlos de Guatemala (USAC), cuestionan la legalidad del operativo del 18 de septiembre en el campus central en la zona 12 capitalina, por la eliminación de expedientes académicos de al menos 30 estudiantes, por lo que se autorizó su judicialización.
Sin embargo, los universitarios califican esta decisión como un engaño a la comunidad sancarlista, al decir que se está defendiendo la autonomía y una muestra de desesperación ante la persecución penal.
El operativo lo realizó la Fiscalía contra la Corrupción del Ministerio Público ordenada por la jueza Neldy Vanessa Rodríguez Andrade del Juzgado Pluripersonal de Primera Instancia Penal y Delitos contra el Ambiente para Diligencias Urgentes de Investigación.
El Consejo Superior Universitario respaldó y aprobó el informe Referencia DAJ No. 1322-2026 con 25 votos a favor y cinco abstenciones el 30 de septiembre, por lo que autorizó al DAJ para actuar legalmente contra las personas que supuestamente abusaron de sus funciones.
“Facultar a la Dirección de Asuntos Jurídicos a instar las demás acciones legales en defensa de la Universidad de San Carlos de Guatemala”, señala uno de los ítems de la autorización emitida.
Buscar detener la acción judicial
Byron García, secretario general de la Asociación de Estudiantes Universitarios “Oliverio Castañeda De León”, indica que los señalamientos de la Dirección Asuntos Jurídicos (DAJ) demuestran un despliegue de acciones para detener las acciones de la fiscalía que investiga la eliminación de expedientes estudiantiles. “Es el intento desesperado de la universidad de intentar detener las investigaciones que evidentemente se están realizando, empezando por uno de los tantos delitos que han cometido”, dijo.
Rodolfo Chang, exdecano de la Facultad de Veterinaria y excandidato a rector por la agrupación DIRE, asegura que la universidad y los trabajadores no pueden negarse a contribuir a las investigaciones judiciales. “No pueden decir -a la fiscalía- que, aquí no pueden ingresar a pedir papelería para actos incorrectos o ilegales que están haciendo”, puntualizó.
Chang afirma que buscan la protección de la CC como se hizo con las acciones de amparos que se presentó por el fraude electoral, en donde los magistrados validaron el fraude de Walter Mazariegos.
“Están haciendo lo mismo que hicieron contra la acción del 8 de abril con todas la denuncias y amparos que se presentaron con relación al fraude que existió. No esperan que haya un dictamen con relación a las matrículas de los estudiantes en este caso, en el otro caso, una sala declaró que sí procedía el amparo lo mandó a la CC, que es aliada de ellos para que se bote esa decisión de esa sala y ahora quieren hacer lo mismo”, dijo el dirigente de DIRE.
El allanamiento del 18 de septiembre con el ingreso de agentes de las Fuerzas Especiales (FEP) de la Policía Nacional Civil (PNC) al Campus Universitario volvió a abrir la discusión sobre los alcances de la autonomía universitaria.
Bajo este mismo argumento, la administración suspendió las actividades académicas el 12 de febrero de 2025 cuando la vicepresidenta iba a participar en un evento académico en el campus central, ya que antes llegaron elementos del ejército que forman parte de su anillo de seguridad.
A consideración de Edmar Arreola, uno de los estudiantes criminalizados por el caso Toma USAC: Botín Político y uno de los diez estudiantes expulsados por el CSU en 2025, la condición de autonomía universitaria no es extraterritorialidad sino en la independencia de la injerencia de actores externos.
“La autonomía universitaria hay que entender que no significa una isla con su propia guardia pretoriana -cuerpo militar que servía de escolta a emperadores romanos- sino habla de la capacidad de ejercer la administración propia con su propia legislación, una vez que no conflictúa con el marco legal del Estado”, afirma.
Tanto Arreola, Chang y García coinciden en que la autonomía de la USAC no impide que la fuerza pública intervenga cuando haya una autorización judicial; aunque los cuestionamientos de ingreso de los elementos policiales se debe a la persecución de universitarios en tiempos de las dictaduras militares tanto en el país y en Latinoamérica.
El secretario general de la AEU informó que la presencia policial dentro del campus universitario ocurre constantemente. “Para los partidos de fútbol de la liga nacional siempre ingresan patrullas; no es la primera vez que se hacen estas diligencias -judiciales- dentro de la universidad como en las investigaciones sobre carros robados, igual tiene que ingresar el MP y la PNC”, aseguró.
El lavado de mano de la USAC
El documento firmado por Astrid Elizabeth García Castillo, directora de Asuntos Jurídicos; Mónica José Ayala Tello, coordinadora de Asuntos Jurídicos; y Katherine Iraida Martínez Flores Asesora de Asuntos Jurídicos, cuestionan la diligencia judicial porque no se individualizan los lugares exactos que debían ser allanados y que la orden de allanamiento debió ser emitida por un juez natural y no por la jueza de diligencia urgentes.
El proceso penal por la denuncia de eliminación de expedientes de estudiantes se conoce en el Juzgado Segundo Pluripersonal de Primera Instancia Penal Narcoactividad y Delitos Contra el Ambiente de Guatemala; señaló que se omitió considerar que en el Campus Central funciona el Jardín Infantil y Colegio Rey Carlos II, porque a la hora de la diligencia había niños y adolescentes presentes en el campus central.
“Las acciones del Ministerio Público descritas en el presente informe adolecen de inconsistencias y errores esenciales, pues el actuar de dicho ente investigador no se enmarcó en los principios y preceptos legales”, señaló el informe presentado ante el CSU.
La diligencia
Durante el operativo se secuestraron tres computadoras, aunque se señala que no son estas en donde se guarda la información que se buscaba secuestrar. “Los equipos individualizados por ellos como material a secuestrar no constituían los servidores ni repositorios donde se encontraba alojada la información informática requerida mediante la orden judicial”, se apuntó en el informe.
Esa misma noche se le dio auxilio médico al jefe del Departamento de Registro y Estadística Bryan Fuentes Paz. El informe señala que se realizó una exhibición personal a favor a nueve trabajadores de la universidad por un juez de Paz Penal de Faltas de Turno de Guatemala.
También asegura que a las 21:44 se suspendió la diligencia y el auxiliar fiscal Diego Armando Escobar Girón, junto con la agente fiscal Ziloneth Quixel y el ingeniero Héctor David Concohá Cax se retiraron del edificio de la Dirección General de Administración (DIGA) para acudir al juzgado que emitió la orden de allanamiento y precisar información como el lugar para secuestrar las evidencias. El operativo finalizó a las 3 de la mañana, según el acta ministerial, aunque según el informe del DAJ finalizó hasta las 5 de la mañana.
Acciones avanzadas
A pesar que hasta el 30 de septiembre de autorizó la judicialización del caso, el DAJ había adelantado tres acciones legales que se presentaron el 21 y 22 de septiembre, un incidente de nulidad e ineficacia del allanamiento y una actividad procesal defectuosa. También presentó un amparo ante la Corte de Constitucionalidad (CC) el 22 de septiembre.
La segunda semana de julio se supo que al menos 30 estudiantes sancarlistas no podían ingresar al sistema de Registro y Estadística, la mayoría de las y los afectados son dirigentes de las asociaciones y colectivos estudiantiles. Esta situación afectó a estudiantes en el Campus Central y de los centros regionales de San Marcos, Quetzaltenango, Huehuetenango y Totonicapán.
