La defensa legal de Nanci Sinto y Dulce Archila señalaron en el inicio del juicio que, en cantidad de pruebas, la fiscalía cuenta con 49 pruebas obtenidas de manera ilegítima e ilegal bajo la doctrina el fruto del árbol envenenado, mientras que a ellas y su defensa, solamente les permitieron una prueba a su favor.
Por Simón Antonio Ramón
El juicio oral y público contra Nanci Paola Chiriz Sinto y Dulce María Archila Cáceres, se inició el 2 de septiembre en el Tribunal Quinto Unipersonal de Sentencia Penal presidido por la jueza Bélgica Deras. Ambas fueron criminalizadas con el delito de depredación del patrimonio de bienes culturales, a partir de su participación en la manifestación del 21 de noviembre de 2020 contra la aprobación del presupuesto de la nación para el año 2021.
El proceso penal contra Nanci Sinto comenzó el 24 de noviembre de 2021 cuando fue allanada su vivienda, detenida y trasladada a la Torre de Tribunales por una orden de detención emitida por el Juzgado Duodécimo Penal presidido por jueza Lluvia Isabel Velásquez Soto. En horas de la tarde en la audiencia de primera declaración fue ligada a proceso junto a Juan Francisco Monrroy, al pagar una caución económica de Q5 mil recuperaron su libertad.
A lo largo del proceso, Francisco Monrroy acudió al proceso de aceptación de cargos, por eso no está en el juicio. Mientras Dulce Archila se presentó al juzgado el 29 de noviembre de 2021. La orden de detención contra Dulce no se realizó el 24 de noviembre porque los agentes de la Policía Nacional Civil confundieron la dirección de su vivienda.
En la presentación de la acusación del Ministerio Público (MP), el fiscal Maynor Vinicio Hernández Leyva, las señaló de dañar la infraestructura del Congreso por unas pintas durante la manifestación. Se señaló a Nanci Sinto de realizar pintas en la fachada principal del Congreso sobre la novena avenida de la zona 1 y a Dulce Archila en el Salón del Pueblo en el interior del Palacio Legislativo.
“En el presente debate el Ministerio Público procederá a destruir el principio de inocencia de las acusadas Nanci Paola Chiriz Sinto y Dulce María Archila Cáceres, a quienes se les acusa del delito de depredación de bienes culturales regulado en el artículo 44 de la Ley para el Patrimonio Cultural de la Nación”, señaló el fiscal.
El abogado Esteban Celada, defensor de Nanci Sinto, señaló que la manifestación en donde participó su defendida y Dulce Archila, fue una respuesta a la sesión del Congreso del 18 de noviembre de 2020 al aprobar el presupuesto de la nación para el 2021 entre fuertes cuestionamientos.
“Era una manifestación en donde ciudadanas y ciudadanos, expresaban su inconformidad frente a las decisiones del poder público y sobre todo a denuncias relacionadas con corrupción, transparencia y gestión estatal”, señaló Celada.
Las protestas ocurrieron debido a que el Presupuesto era de alto, aprobado de emergencia y durante la madrugada. El plan de gastos del Estado quedó con un recorte para Salud y Educación, en mitad de la pandemia de COVID-19 y el embate de dos huracanes. Los fondos para hospitales y combate y desnutrición infantil quedaron cortados.
El juicio oral y público contra Nanci Paola Chiriz Sinto y Dulce María Archila Cáceres, se inició el 2 de septiembre. Sinto en su güipil tiene bordada la cronología del proceso penal en su contra. Foto: Simón Antonio Ramón.
La doctrina del fruto del árbol envenenado
El abogado defensor de Nanci Sinto, dijo que ella es defensora de derechos humanos, explicó que el Ministerio Público está usando la doctrina del fruto del árbol envenenado, ya quelas pruebas de la fiscalía fueron obtenidas de manera ilegal. Además, la fiscalía cuenta con 49 pruebas, mientras que ellas solo tienen una prueba a su favor.
Esta doctrina se refiere a que si la fuente de la prueba es corrompida señalada metafóricamente como el árbol envenenado, cualquier resultado que se obtenga de ella, ya está contaminada.
“No venimos a negar que el 21 de noviembre hubo una manifestación pacífica,en el uso de los derechos fundamentales del pueblo de Guatemala, y que en aquella jornada ocurrieron hechos que deberán ser examinados por este tribunal; tampoco venimos a pedirle al tribunal que ignore una pared o una pintura o un edificio”, dijo el abogado.
“Venimos a pedir algo mucho más sencillo,que cada hecho sea probado, cada elemento del delito sea demostrado y que cada prueba sea examinada”, enfatizó.
En la defensa de Dulce Archila, participan la abogada Diana Méndez y el abogado Édgar Pérez del Bufete de Derechos Humanos. La abogada Diana Méndez contextualiza los hechos en donde surge este proceso de criminalización. Señaló que en aquel año el país vivía un contexto de conflictividad social a partir de la gestión de la pandemia de Covid19 y la aprobación del presupuesto del año 2021.
“La aprobación del decreto 33-2020 -Presupuesto Nacional de 2021- generó un amplió rechazo ciudadano y diferentes manifestaciones en distintas partes del país, en donde participaron miles de personas, entre esas personas se encontraba Dulce María Archila Cáceres”, dijo la abogada al contextualizar los hechos en donde surge la denuncia.
“Dulce para ese entonces era una mujer muy joven y lo sigue siendo, empezaba su participación en los asuntos de este país que empezaba a formar su voz, sus posiciones políticas, una mujer vinculada con el arte que se denomina artivista, porque el arte forma parte de su expresión con un pensamiento crítico con interés en los derechos humanos y en la realidad social de Guatemala”, dijo la abogada en su alegatos de apertura del juicio.
Foto: Simón Antonio Ramón.
Interrupción de los proyectos de vida
Dulce María Archila Cáceres, quien actualmente tiene 24 años de edad, en el 2020 tenía 19 años, desde que fue ligada a proceso en el 2021, se ha visto obligada a cambiar su proyecto de vida.
“Por este proceso penal cambié de carrera -universitaria-, muchos procesos personales se detuvieron porque estoy con el arraigo. Es bastante complicado estar otra vez aquí, escuchar todos estos sucesos, las acusaciones, la impotencia que se siente, a pesar del cansancio pues aquí estamos, porque manifestar y reunirse en un espacio público y cerrado es un derecho”.
Nanci Paola Chiriz Sinto, apela a todas las instituciones públicas que participan en este proceso penal lo que demuestra que la “recuperación de las instituciones”, aún no es posible. Además, hizo mención de las agresiones que sufrió por elementos de la Fuerzas Especiales de la Policía Nacional Civil (FEP) ese día.
“Hasta este momento no hay ninguna persona, procesada y ningún agente de la Policía Nacional Civil, entonces ahí podemos hacer un balance a que le importa el Estado, qué protege, si protege la vida o protege paredes, la supuesta pinta que todavía no ha probado el Ministerio Público, ya un técnico ha indicado que ha sido reversible, que una inversión de Q1 mil 300, incluso esta limpia pudo haber provocado más daño que la pinta que dicen que realicé en la fachada”, dijo al referirse del proceso penal.
Desarrollo de la audiencia
En este primer día del juicio, se cambió la sala de audiencias. Todos los alegatos de apertura del Ministerio Público y las defensas de las dos criminalizadas y la presentación de los incidentes, se realizaron en la sala ubicada en el noveno nivel del Torre de Tribunales.
La jueza Bélgica Deras pidió cambiar la sala debido a la cantidad de asistentes por lo que se trasladó el juicio a una sala más grande ubicada en el quinto nivel. Se había considerado un receso de 15 minutos mientras las y los asistentes llegaran a la otra sala, pero la audiencia se reanudó dos horas y media después.
La juzgadora argumentó que la espera se debió por escuchó el audio de la audiencia de ofrecimiento de pruebas, para determinar si dos amicus currie habían sido aceptados como pruebas; la situación surgió por un incidente que promovió el abogado Esteban Celada, en el que planteó que este mismo tribunal en un oficio les notificó que los dos documentos habían aceptados en esa audiencia.
Sin embargo, la jueza rechazó el incidente del abogado y aclaró que los dos amicus no fueron aceptados como prueba. La confusión surgió porque el tribunal no tiene la notificación de ejecutoria de la resolución de la Corte de Constitucionalidad, en donde confirmó la determinación del juzgado a rechazar la mayoría de pruebas de Nanci y Dulce.
Posteriormente se escucharon dos testigos propuestos por el Ministerio Público, Óscar Jacobo De León y Arsenio David Rodas Camposeco, ambos miembros de la Guardia Parlamentaria. Jacobo De León dijo que desde el viernes 20 de noviembre activaron un protocolo porque circulaban en redes sociales que iba a haber manifestaciones que a su consideración eran violentas.
Por lo que hizo coordinaciones internas con la Unidad de Riesgos y la Dirección General para dejar aseguradas las puertas y toneles de agua. También hizo coordinaciones con la Policía Nacional Civil, Policía Municipal y los bomberos para el cuidado del perímetro del Congreso, por lo que llegó ese día al Congreso a las 5 de la mañana. Mientras el testigo David Rodas, se limitó a decir que siguió instrucciones para el cuidado del edificio del Congreso.
Ninguno de los dos testigos se refirió a las acusaciones en contra de Dulce Archila y Nanci Sinto se limitaron a indicar que las 3 de la tarde una jueza llegó a realizar una exhibición personal en el Congreso ese 21 de noviembre y a las 9 de la noche, llegó el Ministerio Público a realizar la investigación.
Las manifestaciones reprimidas
El día de los hechos, la Policía Nacional Civil reprimió la protesta social durante la tarde noche de aquel sábado 21 de noviembre de 2020, desde el lanzamiento de bombas lacrimógenas, la detención de 43 personas, varios pasaron dos noches en las carceletas de la Torre de Tribunales; dos personas perdieron su ojo izquierdo.
El exprocurador de los Derechos Humanos, Jordán Rodas Andrade, declaró entonces que las acciones policiales violaron derechos humanos en aquella jornada. Señaló como principales responsables a Gendri Reyes, exministro de Gobernación, y a José Antonio Tzubán, exdirector de la Policía Nacional Civil (PNC).
Este mismo tribunal absolvió a cuatro veteranos militares el 14 de octubre de 2024, quienes el 19 de octubre de 2021 incendiaron el parqueo del Congreso y varias oficinas ubicadas en la Casa Larrazabal, anexo al Congreso sobre la 10 Calle y 8 avenida, ese día fueron agredidos a aproximadamente ocho periodistas.
La primera audiencia de este juicio se suspendió a las 3 de la tarde, y este juicio continuará el próximo 16 de septiembre a las 13.30 horas.
