Una serie de ataques armados contra agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) en distintos puntos del país dejó un saldo preliminar de siete policías muertos y diez heridos. Los ataques mortales contra los agentes se registraron luego que las autoridades anunciaron que habían tomado el control de una de las tres prisiones donde se registraban motines desde el sábado.
Por Alexander Valdéz
Al menos 18 ataques armados, presuntamente coordinados por integrantes de la pandilla Barrio 18, fueron perpetrados contra agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) en las calles en distintos puntos del país.
Los hechos se registraron en El Limón, zona 18, donde se reportaron dos agentes fallecidos, así como en Bárcenas, Villa Nueva; zona 10 y zona 7 de la capital; Villa Lobos 2; el sector de Castañas, zona 11 de Villa Nueva; Villa Canales y la zona 13 de la capital.
El saldo preliminar es de siete agentes de la PNC fallecidos y diez más heridos, según confirmó el ministro de Gobernación, Marco Antonio Villeda, durante una conferencia de prensa.
“Tenemos la seguridad de que vamos a ganar. No estamos en tratos ni en pactos con las pandillas”, afirmó el funcionario.
Estás fueron sus declaraciones:
El director general de la Policía Nacional Civil, David Custodio Boteo, se pronunció ante los recientes ataques armados contra la institución, calificándolos como “actos cobardes que buscan vulnerar la seguridad y la paz ciudadana”.
En su mensaje, expresó solidaridad con el personal policial, subrayando que comparte tanto el orgullo como el dolor que atraviesan los agentes, y afirmó que, pese a la adversidad, estos hechos refuerzan el compromiso de la PNC de proteger y servir, sin permitir que el miedo condicione sus acciones.
Boteo giró instrucciones inmediatas al personal, ordenando alerta máxima, el refuerzo de las medidas de seguridad y la autoprotección en las sedes policiales. Llamó a la unidad de cuerpo, a mantener una comunicación interna fluida y a actuar con firmeza en el deber, asegurando que los operativos continuarán de manera profesional, contundente y apegada a la ley.
Por estos hechos ya se reportan algunas capturas de pandilleros incluyendo y además uno fallecido cuando intentaban concretar otro ataque armado contra los agentes policiales.
Una toma del penal
Los ataques armados se ejecutaron minutos después de haberse retomado el control de la cárcel de “máxima seguridad” Renovación l en Escuintla. Y luego de haber sometido a reclusos y a Aldo Dupie Ochoa máximo líder de la pandilla del Barrio 18.
Además, anoche las autoridades de gobernación en conferencia de prensa informaron que los integrantes del Barrio 18 estaban detrás de estos nuevos hechos de violencia por la eliminación de privilegios a sus líderes en prisión. Las autoridades de Gobernación anunciaron que no cedería a las presiones de los reclusos y que solo se concentrarían en liberar a las autoridades penitenciarias que estuvieron retenidas. Entre las exigencias de los pandilleros y reclusos está el tener aire acondicionado, comida de restaurante y una cama king size. En imágenes se difundió que las autoridades neutralizaron al líder de la mara 18 Aldo Ochoa Mejía, alias “El Lobo”.
¿Qué sucede?
El abogado Juan Francisco Solórzano Foppa señaló en un video en redes sociales que lo que sucede en este momento “es consecuencia directa del exministro Francisco Jiménez quien pactó con las pandillas en agosto del año pasado la liberación de los máximos líderes de estas pandillas”.
Solórzano señala que Aldo Dupie Ochoa alias “el Lobo” y María Marta Castañeda Torres tienen que ver con estos movimientos. “Al casarse con Castañeda Torres, El Lobo obtiene acceso a redes políticas partidarias, acceso al crimen organizado que mantiene el control de muchas cárceles”.
El viernes pasado el Tribunal de Mayor Riesgo B rechazó la solicitud de Castañeda Torres de someterse al procedimiento de Aceptación de Cargos por el delito de encubrimiento propio en el caso por la muerte de Byron Lima Oliva. Luego de la decisión el tribunal se inhibió de seguir conociendo el caso y envió el expediente a una Sala de Apelaciones para que se defina un nuevo tribunal. Horas después se iniciaron los motines.
El abogado también señala que esto se produce en un momento donde se están realizando cambios en las instituciones cooptadas por estas estructuras criminales y corruptas. “El Lobo” se queda sin la protección que Consuelo Porras le ha dado hasta el momento desde el Ministerio Público y se ha dedicado a meter presos a cobradores y no a los líderes de las pandillas. Ahora que el Ministro está haciendo un buen trabajo, estos grupos criminales se ven desprotegidos”.
Respuesta gubernamental
El ministro de gobernación Villeda reconoció al medio día de este domingo que los reos aún tienen rehenes a guardias del Sistema Penitenciario en el Centro Preventivo de la Zona 18 y en la prisión Fraijanes 2 y que mantenían el diálogo para la liberación de los agentes.
En tanto el Ministerio de Educación anunció que como parte de las medidas de seguridad se suspendían las clases en todo el país, en colegios privados, por cooperativa y municipales.
También anunciaron reforzar el plan Centinela, un plan de seguridad coordinado por Gobernación y el Ejército para combatir el crimen, reforzar la seguridad con presencia militar y la policía. Ante éstos hechos han habido reacciones como las del diputado José Chic que plantea que se declare Estado de Sitio y se investigue los nexos políticos y económicos que tienen las estructuras criminales que están causando esto.
La reacción de opositores al gobierno y cuentas de “netcenter” fue inmediata, con una narrativa de desestabilización y presión hacia el gobierno. El discurso de algunas personas que se amotinaron en presidios era de dar un “golpe de estado”. Por su lado Sandra Torres aprovecha para cuestionar al presidente “sugiriendo” militarizar el país.
El sector privado expresó su postura en comunicados, respaldando las medidas tomadas por el gobierno.
Mientras tanto, el mandatario Bernardo Arévalo señaló pasado el mediodía que el Consejo de Ministros está reunido y tomará decisiones “contundentes para mantener la seguridad de la población”. Sobre el establecimiento de un estado de excepción por los hechos de violencia, el Ejecutivo aún no se había pronunciado al cierre de esta nota.
