El pleno de magistrados resolvió mantener la suspensión de 20 días sin goce de salario contra el juez Luis Alejandro Paniagua Herrera, al rechazar su amparo provisional y descartar que existieran razones para suspender la sanción impuesta por la Junta de Disciplina Judicial.
Por Alexander Valdéz
La Corte de Constitucionalidad (CC) negó el amparo provisional solicitado por el juez Luis Alejandro Paniagua Herrera y, con ello, mantuvo la sanción de 20 días sin goce de salario impuesta por la Junta de Disciplina Judicial, el pasado 18 de junio. La máxima corte concluyó que no existían circunstancias que justificaran suspender temporalmente la medida disciplinaria.
Paniagua Herrera enfrentó este procedimiento junto a otros tres jueces de Alta Verapaz, quienes fueron señalados de realizar reuniones dentro del tribunal en las que se consumían bebidas alcohólicas y acusados de abuso sexual contra menores de edad y cometer abusos de poder.
En las sanciones disciplinarias, sólo dos de los jueces fueron castigados por el segundo señalamiento, mientras que en el caso de Paniagua únicamente se acreditó la realización de reuniones en horario laboral dentro del tribunal donde se consumía licor y se ordenaba a trabajadores comprarlo.
En su acción de amparo, Paniagua aseguró que la sanción vulneraba su presunción de inocencia y su derecho de defensa, pues, a su criterio, los testigos que declararon en su contra tenían conflicto de interés y sus testimonios se basaban en opiniones más que en hechos. También insistió en que la Junta de Disciplina no precisó qué normas éticas había incumplido y no valoró de forma adecuada la prueba que él presentó.
“No se le dio valor probatorio a ninguno de los medios de convicción que presentó; asimismo, los testigos que declararon en su contra no eran idóneos, no solo porque tienen conflicto de interés porque ya habían sido denunciados por los funcionarios judiciales”, fue parte de lo reclamado por el juzgador.
Sin embargo, los magistrados constitucionales establecieron que estos argumentos no justificaban otorgar protección provisional. “En el presente caso no concurren las circunstancias que ameritan el otorgamiento de la protección interina solicitada, ni se dan los supuestos que contempla el artículo 28 idem, por lo que debe confirmarse el numeral V) del auto apelado, en cuanto deniega la protección interina solicitada”.
De esa cuenta, por ahora no fue aceptado el reclamo del juez sancionado y la sanción administrativa que se le impuso sigue vigente. El fallo fue firmado por Leyla Lemus, Rony López, Dina Ochoa, Roberto Molina Barreto y Nester Vásquez.
Sanciones y destituciones
Los señalamientos que dieron origen al proceso disciplinario surgieron en octubre de 2023, cuando hubo denuncias en Alta Verapaz que alertaron sobre conductas irregulares atribuidas a varios jueces de la zona. Según los relatos, algunos funcionarios judiciales habrían organizado reuniones dentro de los tribunales donde se consumía licor en horario laboral, además de mantener vínculos inadecuados con personas externas al personal judicial.
La investigación también incluyó al juez Walter Fabricio Rosales Hernández, presidente del Tribunal Primero de Sentencia Penal, sobre quien se recopilaron testimonios que lo señalaban de ingresar a una menor de edad a la sede judicial y permitir su presencia reiterada dentro de su despacho en horario de trabajo. Estas declaraciones formaron parte del expediente que llevó a que dos de los jueces fueran destituidos recientemente por cometer la falta gravísima, mientras que a dos se les impuso medidas disciplinarias únicamente por el consumo de alcohol dentro de los tribunales.
La Junta Disciplinaria del Organismo Judicial concluyó que los jueces José Alfredo Quiñónez y Luis Alejandro Paniagua participaron en reuniones dentro del tribunal donde se consumía licor en horario laboral, mientras que el juez William Chen no bebió, pero permitió que su oficina se utilizara para ese propósito.
Con base en esas conclusiones, el órgano disciplinario recomendó la destitución e inhabilitación de Quiñónez, impuso a Paniagua una suspensión de 20 días sin salario y aplicó a Chen una amonestación escrita por considerarlo responsable de una falta leve. En paralelo, determinó que el juez Walter Fabricio Rosales incurrió en una falta grave al permitir la presencia de una menor de edad en su juzgado, por lo que también se pidió su destitución.
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Otras denuncias administrativas
Este caso fue uno de los expedientes disciplinarios más visibles por conductas atribuidas a varios jueces en Alta Verapaz, lo que puso bajo la lupa el comportamiento interno de algunos operadores de justicia en el Organismo Judicial.
A la fecha existen otras denuncias administrativas en curso contra jueces como Fredy Orellana, Víctor Cruz, Mynor Moto y Jimi Bremer, señalados de dictar resoluciones que habrían favorecido a señalados de corrupción y castigado a otros actores que han evidenciado dichas acciones.
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