El abogado de derechos humanos Ramón Cadena Rámila se presentó este 10 de noviembre de forma voluntaria al Organismo Judicial, después de dos ocasiones en la que su audiencia de primera declaración había sido aplazada, en el marco del caso Toma USAC: Botín Político. Sin embargo, el juez Víctor Cruz no lo recibió este día por lo que Cadena permanecerá detenido en el Mariscal Zavala hasta el 14 de noviembre, fecha fijada para ser escuchado.
Por Prensa Comunitaria
El abogado de derechos humanos Ramón Cadena Rámila se presentó voluntariamente ante el Organismo Judicial este lunes 10 de noviembre para dilucidar su situación legal. Cadena, que enfrenta un proceso de criminalización en el caso Toma USAC: Botín Político desde noviembre de 2023, buscaba que el juez, Víctor Cruz, lo escuchara en audiencia de primera declaración, un derecho que ha solicitado desde 2024.
El juez Cruz había citado a Cadena el 9 de julio, pero la cita fue suspendida debido a los sismos registrados en Guatemala, y postergada para el 23 de octubre, tres meses después. Sin embargo, esta segunda audiencia también fue suspendida por motivos de agenda del juzgado y reprogramada para el 27 de enero de 2026.
“La decisión de presentarme vino a raíz de la decisión del juez de reprogramar las audiencias”, señaló Cadena, desde Torre de Tribunales.
El abogado advirtió, además, que el juez no quiso recibirlo por lo que quedó detenido. Su audiencia de primera declaración fue reprogramada para este 14 de noviembre, a las 13:00 horas, y mientras tanto permanecerá recluido en el cuartel Mariscal Zavala.
Cadena es señalado por el Ministerio Público de los delitos de sedición, asociación ilícita, daños al patrimonio cultural de forma continuada y usurpación agravada. El caso, conocido como Toma USAC: Botín Político, criminaliza a estudiantes, docentes, trabajadores y defensores de derechos humanos que se movilizaron contra la imposición de Walter Mazariegos como rector de la USAC en 2022, tras un proceso denunciado como fraudulento.
El abogado dijo que su presentación responde al ejercicio de su derecho a ser juzgado por un juez imparcial e independiente, principio contenido en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
El defensor de derechos humanos, Bernardo Caal, que acompaño a Cadena, dijo que el abogado “únicamente se ha dedicado a defender los derechos humanos en Guatemala”. Añadió que la persecución contra Cadena y los estudiantes de la USAC es un mecanismo utilizado por grupos oscuros para mantener el control y el poder. Caal recordó que, en el pasado, se recurría al asesinato para silenciar las voces críticas, y advirtió que “ahora han pasado a otra etapa: la tortura carcelaria”.
Trayectoria y denuncia
Ramón Cadena tiene una larga trayectoria en la defensa de los derechos humanos en Guatemala. Fue director de la Comisión Internacional de Juristas (CIJ) para Centroamérica, y es ampliamente reconocido como una de las voces críticas frente al poder estatal en los últimos años.
Cadena ha denunciado en múltiples ocasiones el colapso estructural de la justicia y la existencia de un poder paralelo que, según él, controla el sistema judicial. También ha afirmado que la persecución política contra distintos sectores sociales en Guatemala constituye un delito de lesa humanidad.
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En junio de 2024, Cadena presentó, junto a dirigentes campesinos, indígenas e intelectuales internacionales una denuncia ante la Corte Penal Internacional (CPI) contra Consuelo Porras, Alejandro Giammattei, Jimmy Morales, Rafael Curruchiche y Cinthia Monterroso por delitos de lesa humanidad.
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Otro proceso paralelo en el caso Toma USAC: Botín político
Este lunes continúa la audiencia de primera declaración de los estudiantes universitarios Christopher Morales y Pedro Ros, también perseguidos en el mismo caso. Ambos habían sido citados en las mismas fechas que Cadena, pero decidieron presentarse voluntariamente el pasado 27 de octubre, buscando que el proceso avance.
Al igual que el abogado, sus audiencias de primera declaración fueron suspendidas en dos ocasiones, el 9 de julio y el 23 de octubre, y reprogramadas para el 27 de enero de 2026.
Estas postergaciones han sido interpretadas por defensores y observadores del proceso como un “retardo malicioso” que priva a los señalados de una pronta audiencia y prolonga injustificadamente su situación de prisión preventiva.
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