Pobladores de la comunidad El Ingeniero, en Chiquimula, denunciaron al diputado Esduín Jerson Javier Javier, conocido como “3 Kiebres”, por amenazar y hostigar a las 44 familias que trabajan en el ejido municipal El Brasilar. La comunidad señala que el diputado pretende adueñarse de ese terreno para construir una gasolinera y una carretera, proyectos que están siendo financiados con fondos privados.
Por Jasmín López
Representantes de la comunidad El Ingeniero, en Chiquimula, señalaron que los días 3 y 7 de febrero de este año ingresaron a la aldea El Ingeniero cuatro vehículos con hombres armados, y comenzaron a medir los terrenos de El Brasilar sin autorización de la población, quienes en su mayoría se dedican a la agricultura.
La comunidad ha sufrido este hostigamiento desde hace más de 6 años, por el que responsabilizan al alcalde José René Pinto España, a Juan Carlos Ortiz Chacón y César Antonio Blanco, de la Asociación de Transportistas de Chiquimula (Atruch), y a Esduín Javier, diputado del distrito de Chiquimula del partido Cambio.
Cuando el grupo de hombres armados llegó al ejido los comunitarios trataron de pedir apoyo a la Policía Nacional Civil (PNC), pero los agentes se negaron indicando que no había suficientes unidades disponibles. Dos horas después se presentaron al lugar, cuando los grupos armados aún se encontraban allí.
Los vecinos que observaron el hecho señalaron que los policías ni siquiera se bajaron del vehículo. No se han hecho detenciones, investigaciones, ni han atendido a las solicitudes de protección perimetral de las familias.
Rafael González, representante del Comité de Unidad Campesina (CUC), organización que respalda a las familias del Ingeniero en la lucha por la defensa de estas tierras donde realizan sus actividades de agricultura y de reforestación, dijo que “el diputado Javier ha utilizado su influencia política para respaldar estos intentos de desalojo y ha ejercido presión directa sobre los líderes comunitarios”.
Uno de los líderes afectados es Marco Antonio Vásquez, quien ha denunciado haber recibido llamadas telefónicas del diputado Javier, exigiéndole que no se involucre. El dirigente denunció que el legislador está intentando desarticular la organización comunitaria mediante señalamientos en su contra. “Quiere que la comunidad se pronuncie en contra mía”, manifestó.
La disputa por El Brasilar
De acuerdo a la población, Javier tiene la intención de apropiarse de estos terrenos, que le pertenecen a la municipalidad, para construir una gasolinera y un anillo periférico, que agilice el tráfico vehicular en la carretera que atraviesa la ciudad de Chiquimula.
El legislador ha negado los hechos y ha indicado que el terreno pertenece al señor Juan Figueroa, y que los proyectos se llevarían a cabo con donaciones hechas por empresarios.
El diputado señaló a la comunidad invadir el terreno con la intención de venderlo. Sin embargo, ellos mismos lo desmintieron asegurando que la comunidad lleva más de 70 años trabajando en el Brasilar. Tiempo en el que no han tenido problemas con las autoridades municipales anteriores, incluso, se han realizado proyectos de reforestación con la municipalidad como el proyecto Bosques y Agua para la Concordia.
“Desde el año 1950 las familias han habitado y trabajado esas tierras, impulsando proyectos de reforestación y producción agrícola para su sostenimiento”, informaron.
Los comunitarios han intentado regularizar su situación y que se les otorgue el usufructo de las tierras de El Brasilar. Durante los trámites realizados, la municipalidad de Chiquimula no ha indicado que el terreno sea de propiedad privada, hecho que consta en las escrituras.
Los líderes comunitarios temen por su seguridad y responsabilizan a Pinto España, a Ortiz Chacón y Blanco, y al diputado Javier por cualquier atentado que se realice en contra de ellos y de sus familias.
La comunidad ha presentado denuncias ante el Ministerio Público (MP), la Gobernación Departamental de Chiquimula y la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH), pero no han recibido respuesta.
Una abogada del CUC que asesora a la población informó que ante la falta de acción de las autoridades, de ser necesario, llevarán su caso ante la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH).
