José Guillermo Yupe Ramírez intentó dejar sin efecto la condena de 12 años de cárcel y el pago de una multa de Q200 mil por haber sido encontrado culpable de los delitos de asociación ilícita y lavado de dinero en 2019, en el caso conocido como Construcción y Corrupción.
Por Alexander Valdéz
La Corte de Constitucionalidad (CC) rechazó un amparo solicitado por el acusado José Guillermo Yupe Ramírez, quien fue condenado a 12 años de cárcel y al pago de una multa de Q200 mil por la comisión de los delitos de asociación ilícita y lavado de dinero en 2019, en el caso conocido como Construcción y Corrupción.
La investigación del Ministerio Público (MP) estableció que Yupe Ramírez se desempeñaba como contador y fue representante legal de la sociedad Summer Hill Holdings, vinculada al exministro de Comunicaciones, Alejandro Sinibaldi, quien también estuvo vinculado al caso pero logró que la jueza Abelina Cruz decretara el cierre del proceso a su favor.
La entidad es una sociedad guatemalteca en Panamá que forma parte de las implicadas en los Panama Papers, señalada por el Ministerio Público de esconder transacciones ilícitas.
Durante el debate, el Tribunal de Mayor Riesgo “D” emitió la condena a partir de medios de prueba aportados por la FECI, dirigida por Juan Francisco Sandoval, que en la investigación descubrió documentación relacionada con varias operaciones de negocios en Guatemala y en otros países.
Yupe Ramírez estuvo inconforme con la pena, principalmente con el incremento de la multa (no detallada en el fallo de la CC). Por ese motivo intentó anular esa decisión de la Sala con una casación, pero no fue tramitada. Por ello, el expediente llegó a revisión en la CC. “Solicito que se le otorgue amparo y, como consecuencia, se deje en suspenso definitivo el acto reclamado, y se ordene a la autoridad reprochada que continúe con el trámite del recurso de casación”, se lee en la petición.
Sin embargo, la CC determinó que el sentenciado no cumplió con el procedimiento establecido en este tipo de recurso legal, y por esa razón no era viable darle la razón. “Esta Corte aprecia que la autoridad reprochada, al rechazar el recurso de casación que interpuso el postulante, no produjo los efectos agraviantes denunciados en el escrito de amparo, pues actuó en correcto ejercicio de las atribuciones”, concluye.
Exfiscal del caso se pronuncia
Para Sandoval, quien estuvo encargado del expediente y actualmente está en el exilio, la resolución constituye una demostración de la manera de operar del sistema de justicia. “Quedan en firme las condenas contra intermediarios y sujetos utilitarios en la realización de actos criminales de gran corrupción, pero la fiscalía y los tribunales protegen a los principales beneficiarios”, expresó.
El exfiscal dijo que Yupe Ramírez era el contador y representante legal de algunas sociedades utilizadas en la operación de blanqueo de capitales que supuestamente utilizó Sinibaldi.
“Contador y representante legal de algunas de las sociedades utilizadas en la operación de blanqueo de capitales provenientes de corrupción que utilizó Alejandro Sinibaldi, creador de una offshore, receptora de sobornos. En algún tiempo desarrolló funciones en Udevipo, cuando Sinibaldi fungía como ministro”, detalló.
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El caso Construcción y Corrupción
En la pesquisa se identificaron empresas de cartón que, por medio de la simulación de servicios, facturaron sumas millonarias de dinero proveniente de sobornos. La facturación de las empresas se realizó de 2012 a 2014, cuando Sinibaldi fungió como ministro de Comunicaciones.
Según la FECI, el pago a las empresas de cartón funcionaba como una especie de “ventanilla especial” para los constructores, porque una vez depositado el dinero, el engranaje gubernamental operaba a su beneficio, pagándoles deuda que esa cartera tenía con las empresas que ellos representaban.
La investigación abarcó tres grupos empresariales, cuyo factor común es que eran controlados por Sinibaldi a través de empleados del grupo ARCQO, trabajadores del MICIVI, familiares y amigos. Por ejemplo, una persona que desempeñaba sus labores como bodeguero era el dueño de un lujoso apartamento en el edificio Tiffany.
Según el MP, en algunas ocasiones, en las adquisiciones que aparecían abiertamente ligadas al exfuncionario se usaba la modalidad de préstamos bancarios pagados en pocos días.
“Este esquema paralelo era el que movía las decisiones sobre cómo y a quién les pagaba el MICIVI. Las empresas que no entraban en el esquema de pago de sobornos estaban en una real desventaja frente aquellas que habían entregado cantidades millonarias para asegurar los desembolsos del MICIVI”, señalan informes del MP.
Detalles del caso:
