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Créditos: Archivo Prensa Comunitaria
Tiempo de lectura: 3 minutos

 

Para los magistrados de la Sala Tercera de Apelaciones, la petición de información realizada por la presidenta del TSE, Blanca Alfaro, constituye una “injerencia en la labor jurisdiccional”, pues consideran que la magistrada no está facultada para pedir datos de procesos penales.

Por Alexander Valdéz

La Sala Tercera de Apelaciones negó una solicitud de información que hizo el Tribunal Supremo Electoral (TSE) relacionada al caso Semilla y dentro del trámite que se sigue por una apelación presentada por esa agrupación contra la cancelación que ordenó el juez séptimo Fredy Orellana.

A criterio de los magistrados de esa Sala, la petición de información realizada por la magistrada constituye una “injerencia en la labor jurisdiccional”. Pues consideran que la magistrada Blanca Alfaro, presidenta del TSE, no está facultada para pedir datos de procesos penales en investigación.

“Constituye una injerencia ilegítima en el ejercicio de la función jurisdiccional ordinaria, en razón de que no se encuentra dentro del campo de las atribuciones de la jurisdicción ordinaria la obligación de cumplir con órdenes que contravienen la función judicial para cuyo desempeño existe una regulación especial, razón por la cual el requerimiento formulado resulta improcedente, y estimando que dicho acto constituye injerencia a la labor jurisdiccional, procedente es, que se certifique lo conducente al Ministerio Público”, señala la resolución.

Desde el 14 de octubre, el presidente de la Sala es Alejandro Prado Estrada, quien fue abogado del diputado Felipe Alejos y que lo libró de una investigación por el caso conocido como Traficantes de Influencias. Esa Sala también está integrada por Ingrid Vanessa García Vásquez (vocal l) y Mario Federico Hernández Romero (vocal ll), este último fue abogado del expresidente Otto Pérez Molina en distintos casos de corrupción.

La acción de los magistrados complementa las intenciones de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI) para evitar que el TSE anule la cancelación del partido de Bernardo Arévalo, ordenada por Fredy Orellana.

La investigación contra el partido oficial está divida en tres fases: la primera, relacionada con supuestas irregularidades en firmas para la creación del partido; segunda, por supuestas irregularidades en los resultados electorales; y la tercera, versa sobre supuesto incumplimiento de reportes financieros al TSE.

Ese caso ha sido cuestionado por la sociedad civil y organismos internacionales, de hecho, a raíz de esa investigación los fiscales tienen sanciones en más de 40 países.

FECI amenaza a magistrados del TSE

El juez Orellana ordenó la cancelación definitiva de la personalidad jurídica del Movimiento Semilla, basado en la sentencia que dictó por la aceptación de cargos contra la exdiputada y aún directora del Instituto de la Víctima, Ligia Hernández.

La abogada fungió como integrante de la Asamblea General del Movimiento Semilla y fue secretaria general del partido, entre enero y diciembre de 2019. La FECI la vinculó al caso porque indicó que hay inconsistencia y falta de transparencia en las cifras de estados financieros, del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019, ya que todas las transacciones financieras del partido oficial no fueron reportadas, según la fiscalía.

A raíz de esa orden, el Registro de Ciudadanos del TSE canceló al partido. Días después ingresó la apelación y es la que está siendo analizada por los magistrados electorales.

Seguido de eso, la fiscal Leonor Eugenia Morales Lazo, envió un oficio al pleno de magistrados, advirtiendo que de no confirmar la cancelación del Movimiento Semilla, que llevó a Bernardo Arévalo a la presidencia, podrían ser sujetos de una investigación penal.

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