Los abogados internacionales, tras el análisis sobre las acciones del MP, recomendaron crear mecanismos de fiscalización y rendición de cuentas del fiscal general, enfocado en evitar que sea la misma institución quien investigue a su propia jefa.
Por Prensa Comunitaria
El Laboratorio de impacto del estado del Derecho (Rule of Law Impact Lab) de la Facultad de Derecho de Stanford y el Centro Cyrus R. Vance para la Justicia Internacional del Colegio de Abogados de Nueva York presentaron un informe sobre los abusos cometidos por el Ministerio Público (MP) bajo el mando de Consuelo Porras.
El informe describe cómo, bajo el liderazgo de Porras, el MP ha sido acusado de manipular el sistema de justicia, bloqueando investigaciones anticorrupción y persiguiendo a aquellos que desafían la corrupción, como jueces, periodistas y defensores de derechos humanos.
Entre los abusos más graves que menciona el informe está la obstrucción de investigaciones anticorrupción, en donde el MP frenó los procesos claves y protegió a funcionarios implicados.
Además, se menciona la criminalización de operadores de justicia, periodistas y defensores de derechos humanos, haciendo énfasis en el uso del sistema penal para perseguir a las voces críticas, como la del fundador de elPeriódico, Jose Rubén Zamora, quien guarda prisión desde hace más de 800 días.
Otro de los aspectos abordados en el informe fue la manipulación del sistema judicial para interferir en los procesos electorales y minar la democracia, como el intento de golpe de Estado que se orquestó desde Gerona con el intento de cancelación del partido Movimiento Semilla en pleno proceso electoral, con la finalidad de evitar que sus candidatos asumieran los cargos para los cuales habían sido electos.
Estas acciones generaron preocupación en los ámbitos nacional e internacional. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Organización de las Naciones Unidas (ONU) han emitido informes en los que advierten sobre patrones de persecución política, uso indebido de la ley para intimidar a jueces y fiscales, y ataques a la libertad de prensa.
Asimismo, denuncian que la instrumentalización del derecho penal ha creado un efecto amedrentador para aquellos que intentan garantizar la justicia en Guatemala.
El informe subraya que, en lugar de cumplir con su mandato de proteger el Estado de derecho, el MP ha adoptado prácticas que amenazan la imparcialidad judicial y el ejercicio libre del periodismo y la defensa de derechos humanos.
El informe también dedica un apartado para señalar que la CIDH, la Organización de los Estados Americanos (OEA) y otros organismos internacionales han advertido sobre la ruptura del orden constitucional en Guatemala, destacando los abusos del MP para deslegitimar los resultados electorales y perseguir opositores.
Además, enfatizaron que el marco legal guatemalteco otorga una inmunidad significativa al fiscal general, dificultando cualquier intento de investigar o sancionar conductas ilegales o antiéticas. Las leyes actuales no permiten procedimientos disciplinarios imparciales, creando un sistema en el que el fiscal general controla cualquier investigación en su contra.
Ante estos puntos, los abogados internacionales recomendaron la creación de mecanismos independientes para exigir cuentas al MP y a su fiscal general, incluyendo la implementación de procedimientos disciplinarios y reformas legales que garanticen la independencia del poder judicial y la imparcialidad en las investigaciones. Esto incluye asegurar que los fiscales actúen con profesionalismo y sin influencias externas, de acuerdo con las normas internacionales.
