Este miércoles se realizará la audiencia en la que se decidirá qué pruebas serán aceptadas para el juicio contra la abogada González, perseguida y procesada por el Ministerio Público (MP), que la acusa del delito de abuso de autoridad sin haber sido funcionaria pública.
Por Alexander Valdéz
Los magistrados de la Sala Primera de Apelaciones aceptaron la queja presentada por Claudia González, contra el juez “B” del Juzgado Décimo Penal, Jimi Bremer, quien ha suspendido las últimas dos audiencias de ofrecimiento de prueba por el proceso de criminalización que inició el Ministerio Público (MP) contra la abogada y exmandataria de la CICIG.
La Sala ordenó a Bremer que realice la audiencia y en una Sala con mayor capacidad, para que las partes del proceso accedan y público que desee observar la diligencia judicial. En la misma se deben discutir los medios de prueba que serán presentados en el juicio.
“Con lugar la queja interpuesta por Claudia González Orellana, en contra del abogado Jimi Rodolfo Bremer Ramírez Juez “B”, del Juzgado Décimo Pluripersonal de Primera Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos Contra el Ambiente de Guatemala, por lo considerado. II. Se ordena al abogado Jimi Rodolfo Bremer Ramírez que realice todos los apercibimientos de ley para que todos los sujetos procesales asistan a la audiencia de ofrecimiento de prueba señalada para el día 5 de junio del presente año. Además, que realice todos los preparativos administrativos como la previsión de una Sala de audiencias apta para garantizar la celebración de dicha audiencia”, resuelve la Sala.
La audiencia está programada para este miércoles 5 de junio. En esa diligencia también se conocerá al tribunal que debe conocer el juicio contra la abogada.
Perseguida por el MP
Claudia González fue detenida el 28 de agosto del 2023. La audiencia de primera declaración concluyó casi un mes después debido a la ausencia del Ministerio Público (MP) y la representación de la magistrada Blanca Stalling, retrasando la fase inicial del proceso penal.
El MP la acusó del delito de abuso de autoridad y el juez Jimi Bremer, sancionado por el Departamento de Estado de Estados Unidos, como actor corrupto y antidemocrático, ordenó juicio por ese mismo delito.
Las abogadas defensoras de González sostienen que ese delito sólo debería atribuirse a funcionarios o empleados públicos, y en el periodo de la investigación, González no ostentaba esa condición, ya que trabajaba para la extinta Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG).
La investigación contra la magistrada Stalling se originó a raíz de la denuncia del exjuez Carlos Ruano, quien la señaló de presionarlo para favorecer al hijo de Stalling en un caso de corrupción. Sin embargo, el caso fue cerrado por el juez Víctor Cruz, quien también es considerado un actor antidemocrático y corrupto por el gobierno de Estados Unidos.
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