Varias entidades de Gobierno se presentaron a la comunidad de Chapín Abajo, en El Estor, Izabal, para dialogar con dirigentes y autoridades ancestrales, que buscan mantener su resistencia contra empresas mineras y de monocultivo. El constante acoso de la empresa NaturaAceites, la instalación de militares y los constantes intentos de desalojos violentos mantienen bajo el miedo a las familias campesinas.
Por Juan Bautista Xol
El pasado 10 de enero, representantes del Ministerio de Gobernación, la Policía Nacional Civil (PNC), la Gobernación departamental, Ministerio Público MP, la Comisión Presidencial de Diálogo CPD y representantes de la microrregión I, II y VIII, del área sur El Estor, Izabal, llegaron a la comunidad de Chapín Abajo, para continuar con el proceso de diálogo, en el que se discute la criminalización de autoridades comunales que defienden el territorio y que han denunciado las actividades extractivas de una empresa minera y otra que se dedica a la siembra de palma de aceite.
La finalidad del encuentro fue para continuar con el diálogo entre autoridades ancestrales de la microrregión y del Gobierno de Alejandro Giammattei, por la criminalización que sufrieron los pobladores de Chapín Abajo, en diciembre de 2022, por oponerse a la presencia de la empresa minera de CGN Pronico y NaturAceites, que permanecen operando con impunidad en El Estor.
El diálogo se enfocó en terminar con la persecución penal en contra de tres personas de la comunidad, quienes actualmente tienen orden de detención por la defensa de su territorio.
Andrés Choc, presidente de la microrregión II, insistió en la realización del diálogo y solicitó a la representación del Gobierno que se retiren las órdenes de persecución, además de frenar los despojos en la comunidad de Chapín Abajo y que cumplan con el acuerdo de no entrar una y otra vez a la localidad de forma violenta.
“Pido que se deje de perseguir a las autoridades de Chapín Abajo y basta de reprimir a la comunidad, acá hay niños y ancianos que sufren por los gases lacrimógenos que vienen a lanzar los antimotines”, dijo.
Las autoridades ancestrales aseguran que el diálogo fue solicitado por los funcionarios de Gobierno y como forma de compromiso de la comunidad, entregaron las armas que mantenían resguardadas después del ingreso violento de las fuerzas de seguridad a la localidad. Estas fueron entregadas bajo un acta legal a las autoridades gubernamentales y la petición, insistieron, es que se deje sin efecto las órdenes de captura emitidas.
Choc también solicitó al gobierno frenar la criminalización, además dijo que están cumpliendo con su parte de los acuerdos y requieren que sea un compromiso igual para evitar que se violenten sus derechos.
Las autoridades comunales Pedro Cuc, Pedro Choc y Mariano Choc enfrentan órdenes de detención. La primera fue por apoyar la resistencia contra el proyecto minero Fénix, en octubre de 2021, en la entrada de El Estor; y la segunda, por respaldar la lucha de la comunidad de Chinebal ante el desalojo que sufrieron por parte de la empresa NaturAceites, el 16 de noviembre de ese mismo año.
El gobernador de Izabal, Byron Solares, dijo que harían un alto a esta persecución.
Contrario a lo dicho por el gobernador, Andrea Solares, de la Comisión Presidencial de Diálogo, señaló que las tres autoridades se tienen que presentar voluntariamente ante un juez para que les dé una medida sustitutiva y sea él quien se encargue de una condena menos grave, dijo la funcionaria.
#ElEstorResiste 🚨 La comunidad de Chapín Abajo se reunió con autoridades estatales esta mañana, para hacer entrega del equipo de la @PNCdeGuatemala que les fue retenido en 2022, luego de una incursión a la comunidad, sin ninguna autorización.
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📷 Prensa Comunitaria pic.twitter.com/h2czkpUbeZ— PrensaComunitaria (@PrensaComunitar) January 10, 2023
Byron Solares agregó que el gobierno no busca tener conflicto con las comunidades, relató que en otras aldeas en El Estor han recibido desayuno y almuerzo de parte del gobierno. “Ya no va a ver más persecución, trabajen y siéntanse libres”, aseguró.
Por su parte, la delegada de la Comisión Presidencial de Diálogo comentó que en ningún momento se han violentado los derechos de la comunidad y negó que haya ingresado un grupo de antimotines de forma violenta. “Estamos aquí por las mujeres ya que ellas solicitaron nuestra presencia, según ellas, están cansadas de intimidación y de ser desalojadas, pero el gobierno no está para criminalizar a las comunidades”, dijo.
Pedro Cuc y Mariano Choc, dos de los comunitarios que tienen órdenes de detención vigente, dijeron que no se sienten libres. Aseguraron que la criminalización es una estrategia que busca el gobierno para mantener el miedo en el lugar y que puedan ingresar las empresas mineras para explotar los recursos naturales.
Durante la visita del personal de gobierno intentaron evitar que se diera cobertura periodística al diálogo, pero la intervención de las autoridades ancestrales permitió dar seguimiento al tema. Andrea Solares de la CPD afirmó que ellos habían trasladado a dos periodistas; uno de Prensa Libre y otro de Nuestro Diario. Se confirmó que quienes llegaron con cámaras iban con chalecos antibala de la PNC, uno de ellos es comunicador social en El Estor.
El 6 de diciembre de 2022, un grupo de policías lanzó gases lacrimógenos a la comunidad de Chapín Abajo. De este hecho resultaron intoxicados varios niños y ancianos, además de personas heridas con armas de fuego.
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